La plataforma Transforma TSC, cuya marca registró Begoña Gómez a su nombre, pero que ha estado financiada por la Universidad Complutense y por compañías privadas, ha eliminado distintos apartados recientemente.
En los últimos días, el portal de internet ha borrado los enlaces que tenía para la ayuda en la captación de fondos públicos, a través de licitaciones de contratos y subvenciones.
La mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como adelantó este medio, logró la autorización de la Oficina de Patentes para operar con Transforma TSC en abril de 2023, medio año antes de que constituyera una compañía con la misma denominación para asesorar en sostenibilidad y economía de impacto social a las empresas.
Desde que su figura está en entredicho por sus actividades y relaciones profesionales, la plataforma ha sufrido innumerables cambios. Se han materializado 15 modificaciones. La más reciente tiene que ver con los vínculos a recursos estatales, regionales o locales.
Un movimiento que, de acuerdo con los expertos consultados por este periódico, podría suponer un borrado de pruebas. Hay que tener en cuenta que Begoña Gómez está bajo el foco judicial, después de que un magistrado del Juzgado 41 de Madrid decidiera abrir una investigación y finalmente fuera imputada. Una parte de la causa, la relativa a fondos comunitarios, ha sido entregada por el juez a la Fiscalía Europea.
Transforma TSC lanzó en un primer momento un sistema para que las pymes pudiera medir su impacto de manera gratuita y, con ello, poder poner en marcha proyectos con los que mejorar en estas métricas y avanzar hacia una economía más justa y más verde. Hace escasas semanas, el portal de internet empezó a promocionar los servicios para grandes compañías.
Una vez hecho el registro y la medición de los parámetros, la plataforma de Begoña Gómez permite a las empresas presentar un proyecto de mejora y valorar los retornos que se podían cosechar con una serie de actuaciones. Y hasta hace unas jornadas les ayudaba a solicitar ayudas o subvenciones.
Hasta la eliminación de esta información y su rastro, el software de la esposa de Sánchez enlazaba a las convocatorias ligadas a la transformación social ligadas a la red de entidades locales para la Agenda 2030 de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y a la página de la Contratación Pública Responsable.
Además, las empresas tenían desde Transforma TSC la posibilidad de encontrar financiación privada de distintas portales de captación de fondos privados.
Para el desarrollo de este software, Begoña Gómez se sirvió de la tecnología que cedieron Telefónica, Indra y Google. Las dos primeras se gastaron unos 150.000 euros. Esta aportación, que fue sin contraprestación gracias a la presión ejercida por la mujer del presidente del Gobierno, ha sido lo que ha llevado a la asociación Apedanica a presentar una denuncia ante la CNMC por posibles delitos contra la competencia.
Esta institución, por el momento, ha determinado que no existen indicios de irregularidades, por lo que no ha admitido a trámite tal demanda.
Telefónica, Indra y Google dieron por rota la colaboración y Begoña Gómez acudió a la Universidad Complutense, en la que codirige una Cátedra en transformación social competitiva, para que adjudicara la gestión de la plataforma.
El centro educativo público otorgó por 60.000 euros a Deloitte el contrato. Hay que destacar, que la marca del proyecto formativo que fue ideado por su socio y gurú, Juan Carlos Barrabés, está registrada a su nombre. Este experto fue recomendado por la esposa de Sánchez para lograr dos adjudicaciones públicas de Red.es, organismo que por entonces estaba adscrito al Ministerio de Economía.
La Complutense ha reclamado a la Oficina de Patentes, dependiente de Industria, que le entregue la documentación relativa a las marcas abiertas a favor de Begoña Gómez o de Transforma TSC con el fin de defender los intereses de la institución.
Esta plataforma, como la licencia para la Cátedra, están inscritas desde una de las viviendas de que la mujer de Sánchez comparte con el presidente del Ejecutivo. El viernes de la semana pasada, el rector Joaquín Goyache, tras una tensa reunión del Consejo Social de la Universidad, defendió que el curso «se ajusta plenamente a la legalidad» al crearse a través de un convenio que se firmó en 2020 con dos empresas encargadas de su financiación:
Reale Seguros y La Caixa. A la cátedra está asociado un máster, cuya próxima edición ha sido cancelada tras las sucesivas polémicas.
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