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La ponencia del Tribunal Constitucional controlado por Sanchez, sugiere reducir la condena al exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía, Antonio Fernández, por su implicación en el caso de los ERE.
La malversación se relaciona con el desvío de fondos destinados a ayudas sociolaborales y a empresas en crisis. Según la propuesta, se anularía parte de la malversación, limitándola a los años 2000 y 2001, así como a ciertas disposiciones de fondos.
La sentencia final podría experimentar una rebaja considerable. Además, la exconsejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, también podría ser exonerada completamente del delito de malversación por el que fue condenada a seis años de cárcel.
El Tribunal Constitucional está revisando la pieza política de los ERE, que involucra la creación y mantenimiento de un sistema ilegal de subvenciones que se prolongó durante más de una década (2000-2011) y permitió el reparto arbitrario de hasta 680 millones de euros.
Es importante destacar que la elaboración de anteproyectos de ley y su aprobación como proyectos de ley no se considera constitutiva de delito en este contexto.
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