El Gobierno ha destinado ya 60 millones de euros en alojar a inmigrantes ilegales de Canarias y no hay 38 millones para la ELA

La discrepancia política sobre la inmigración ilegal ha puesto de manifiesto la extrema debilidad legislativa de la actual legislatura, como se evidencia en el fracaso parlamentario de la reforma de la Ley de Extranjería. Mientras tanto, cayucos entran en la península a diario y desde el Gobierno central se sigue haciendo un gasto económico inhumano para ofrecerles las mejores condiciones.

En un contexto práctico, la presión migratoria que afecta particularmente a Canarias continúa, con un incremento notable de pateras en sus costas.

Esto va más allá del reparto de menores no acompañados, e incluye la política de traslados de inmigrantes en situación ilegal a la península, donde son alojados en hoteles. Este programa, que ha costado al menos 60 millones de euros en un periodo de nueve meses, se ha consolidado desde su implementación en octubre pasado.

 En el Plan de Atención Humanitaria, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a través de la Secretaría de Estado de Migraciones, declaró el 14 de octubre la emergencia «para incrementar de manera inmediata las capacidades y recursos del programa de atención humanitaria y gestionar así los efectos y consecuencias graves que proceden en este tipo de emergencias».

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Así se detalla en una respuesta parlamentaria del Gobierno al senador Agustín Almodóbar Barceló. No obstante, el Ministerio no ha proporcionado datos específicos sobre el coste por persona y día del programa ni sobre la duración de la estancia de los inmigrantes en los hoteles de la costa peninsular, donde la actividad turística se ve especialmente afectada durante la temporada estival.

El caso de Guardamar, una población alicantina, ha mostrado en las últimas semanas las dificultades de combinar este plan de acogida con la campaña de verano. La detención de un inmigrante magrebí alojado en el hotel Parquemar el pasado viernes 26 de julio por un presunto delito de agresión sexual es el último episodio de una serie de tensiones, incluyendo denuncias por reyertas, peleas y robos.

Estos incidentes han llevado a la ONG encargada de tutelar al grupo de inmigrantes a implementar un ‘toque de queda’ para controlar mejor sus movimientos y así calmar las quejas de residentes y turistas.

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