José Luis Ábalos está dispuesto a dar batalla contra Óscar Puente, quien ha tratado de involucrarle en el "caso Koldo" con la publicación de un informe que un perito ha puesto en duda por los «sesgos evidentes» que contiene.

En este sentido, Ábalos ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional que instruye el "caso Koldo", Ismael Moreno, que acepte su personación como perjudicado dado que, a pesar de no estar afectado por la investigación, "siguen apareciendo informaciones y noticias que le afectan de forma personal y directa" y dado que ha trascendido que el juzgado ha solicitado un informe del Ministerio que dirige Puente relativo a la contratación y distribución de mascarillas durante la crisis sanitaria de la pandemia de 2020.

En el escrito, el exministro pone el foco en que ese informe era interno y "de forma deliberada por parte del Ministerio se ha procedido a su difusión pública". Entiende que esta acción, su publicación en la web del Ministerio, es "improcedente" y anuncia que ya ha solicitado otro informe pericial contradictorio que "viene a desvirtuar todas y cada una de las afirmaciones que el citado informe proyecta y focaliza en su persona".

Para Ábalos, la orden de realizar esa auditoría interna en el Ministerio, de febrero de 2024, "se produce de forma instrumental buscando exclusivamente la fijación estanca de responsabilidades" sobre su persona. Por ello, a su juicio, dado que el magistrado instructor Ismael Moreno quiere incorporar el informe a la causa, y ante "la falta de legalidad y legitimidad" del documento, se ubica ahora "como afectado en el proceso" porque el documento se focaliza "de forma directa en su actuación" y con el solo ánimo de perjudicarle.

De hecho, el informe pericial aportado por la representación de Ábalos sostiene que "el informe de auditoría no cumple con los principios fundamentales de auditoría debido a la presencia de sesgos evidentes". "Las argumentaciones presentadas no están debidamente justificadas y el contenido del informe contiene subjetividades, lo que compromete su objetividad y fiabilidad", señala.

 El documento afirma que en la auditoría "no se han aplicado los principios" típicos de las mismas, "tales como la independencia, objetividad y evidencia suficiente". Se destaca, además, que no se ha incluido "la documentación necesaria para respaldar los hallazgos y conclusiones" a los que llega.

El informe acusa a Transportes de "deficiencias" al no haber "documentado los protocolos específicos utilizados para llevar a cabo la investigación". Incide, además, en la "ausencia de justificación de las personas interrogadas", ya que la auditoría "no incluye las razones por las cuales fueron éstas y no otras".

En este contexto, asegura que en la auditoría no consta "si se comunicó a las personas interrogadas que se estaba llevando a cabo una inspección de control interno". Tampoco, añade, "que se haya informado a las personas interrogadas sobre sus derechos ni sobre las posibles consecuencias de sus declaraciones".

 Pero es que, insiste, tampoco se han "llevado a cabo interrogatorios de personas relevantes que ocupaban cargos de la más alta responsabilidad dentro del Ministerio en el momento de las contrataciones de las mascarillas".

Por último, el informe aportado por Ábalos destaca que "no se contrastan ni acreditan las manifestaciones vertidas en la auditoría".

Fiscalía
Este movimiento de Ábalos se ha producido en un momento en que la Fiscalía Anticorrupción está a la espera de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para decidir si propone elevar al Tribunal Supremo (TS) una exposición razonada para que sopese imputar al exministro en el marco del «caso Koldo», según las fuentes fiscales consultadas.

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Las mismas explican que el Ministerio Público aguarda un informe detallado con el análisis de todo el material incautado en las detenciones y entradas y registros practicados.

Fuentes cercanas a la investigación apuntan que el dossier viene cargado de información referida a Ábalos y a Koldo García, el que fuera su asesor en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Ha sido esta misma semana cuando una acusación popular, la ejercida por Iustitia Europa, ha pedido a la Audiencia Nacional (AN) que cite como investigado a Ábalos, una vez terminada e incorporada a la causa la auditoría interna que el ahora titular del Ministerio de Transportes, Óscar Puente, encargó sobre la presunta corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia.

Sin embargo, las fuentes señalan que la posibilidad de solicitar la imputación del ex ministro socialista se baraja desde hace tiempo en el Ministerio Público y ha ido cobrando fuerza.

De ser así, la Fiscalía debería interesar la imputación de Ábalos al juez instructor, Ismael Moreno, quien a su vez --si lo considerara oportuno-- tendría que elevar una exposición razonada al Supremo para que sea el alto tribunal el que decida si hay indicios suficientes para investigar al ex ministro, dada su condición de aforado por ser diputado.

 En cambio, de acuerdo con las citadas fuentes, en Anticorrupción consideran innecesario citar a Puente como testigo, petición que ha formulado la acusación popular de Liberum y a la que se ha sumado Vox.

La semana pasada, el juez Moreno solicitó a la Fiscalía que informase sobre si procede llamar como testigo a Puente, al que la acusación popular reclama tras la imputación de varios ex altos cargos de su departamento.

Liberum, en su escrito, recordaba que Puente indicó que el cese del subsecretario de Estado de Transportes, Jesús Manuel Gómez, se produjo "como consecuencia de la pérdida de confianza hacia éste por motivo de su situación procesal como investigado en las presentes diligencias de investigación".

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