Las declaraciones del ex vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Juan Carlos Doadrío, testigo en la causa que instruye el juez del Caso Begoña Gómez son esclarecedoras en determinar el funcionamiento de la UCM respecto a la cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC).

Durante su testifical del pasado mes de agosto y a preguntas de la letrada Marta Castro, de la acusación popular de VOX, explicó que Begoña Gómez, investigada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios de naturaleza privada, nunca informó «ni en la comisión de seguimiento ni directamente a mi» de la creación de una empresa con el mismo nombre de la cátedra.

 Doadrío se refería a la empresa Transforma TSC SL, inscrita en el registro mercantil de Madrid el 21 de noviembre de 2023, aunque Begoña Gómez se inscribió como administradora única el 1 de diciembre del mismo año.

El objeto social de la empresa, que no tiene ingresos algunos ni movimientos declarados desde su creación es «impulsar y promover la estrategia de transformación social competitiva integrando los objetivos de desarrollo sostenible (en adelante ODS) en las organizaciones para promover una sociedad más justa y un planeta sostenible».

LA PATENTE ES DE LA UNIVERSIDAD
Doadrío en su declaración también aseguró que advirtió a Begoña Gómez de que todo el software «tenía que estar patentado por la Complutense porque era propiedad intelectual de la universidad» y de hecho, recordó en su declaración que «en 2021 cuando empezó a hablar de una plataforma para Pymes le dije que tenía que patentarlo por la OTRI-UCM».

La OTRI es la Oficina de Transferencia para Resultados de Investigación, es decir, un gestor de patentes de la Complutense. Sin embargo, Begoña Gómez intentó registrar en octubre de 2022 en la Oficina Española de Patentes y Marcas el registro de «Plataforma de medición de Impacto Social y Medioambiental www.TransformaTSC,org», muy similar al nombre de la herramienta que desarrollaron para la UCM entre otros Indra y Google, y que finalmente se bautizó como «Plataforma de medición para Pequeñas y Medianas Empresas gratuita».

Tras la primera declaración de Doadrío llegó la del todavía rector de la UCM, Joaquín Goyache Goñi, que pasó de que pasó de testigo a imputado tras confirmar una reunión en La Moncloa con Begoña Gómez, tal y como publicó este medio, al contrario que Doadrío, que dijo al juez que nunca estuvo en el complejo de La Moncloa y que sus reuniones con Begoña Gómez se limitaron a las anuales y obligatorias de la comisión de seguimiento de la cátedra y a «dos veces que entró en el despacho a verme junto con su ayudante Cristina Álvarez, siempre iban juntas», explicó el ex vicerrector.

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El testigo también aseguró al juez Peinado que fue el actual rector de la Universidad Complutense de Madrid quien le dio la orden de crear la cátedra extraordinaria a la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

«Tengo que hacer una cátedra para la mujer del presidente», dijo que el rector le había comunicado por teléfono. También aseguró que en una de estas visitas Begoña Gómez se interesó por si iba a cobrar o no como directora de la cátedra, pero ahí Doadrío fue tajante al asegurar que «preguntaron si ellas (Begoña y Cristina Álvarez) podían cobrar 15.000 euros como había hecho siendo profesora del máster, pero por la cátedra no podía cobrar.

Estaba prohibido, nadie podía cobrar, sólo por dar las clases de máster sí se cobra, nadie de fuera de la universidad puede cobrar más de 15 mil euros y los de dentro hasta 30 mil euros».

 De hecho, en su portal de Transparencia, la Complutense deja claro que Begoña Gómez no tenía derecho de cobro por dirigir dicha cátedra extraordinaria. «En lo que se refiere a la posible remuneración, la UCM informa que no remunerará a la directora de la Cátedra por el ejercicio de esa responsabilidad, tal y como ocurre con todas las demás cátedras extraordinarias», apuntó la UCM.

 El rector Joaquín Goyache Goñi afirmó ante el juez Peinado que fue la mujer del jefe del Ejecutivo quien le llamó, a través de una secretaria, para concertar una reunión en La Moncloa y exponerle el proyecto de la cátedra extraordinaria. Fue en julio de 2020 y en septiembre de ese mismo año Goyache Goñi anunció la creación de esos estudios en el marco del I Congreso sobre Transformación Social Corporativa (TSC).

«Me llama el rector por teléfono. Lleva como unos días diciéndome que tiene que hablar conmigo, que quería verme», afirmó Doadrio ante el juez Peinado. Aquella llamada fue clara: «Tengo que crear una cátedra para Begoña Gómez, la mujer del presidente. ¿Tienes algún inconveniente?», afirmó el ex vicerrector en sede judicial y obligado a decir la verdad. «Le contesté que si tiene la documentación bien, no tengo inconveniente», respondió.

Tras la llamada, la creación de la cátedra extraordinaria ya estaba cocinándose. Doadrio llegó a asegurar que todo fue «muy rápido», «como si ya estuviera preparado».

En este sentido, destacó las palabras del rector de la Complutense a la hora de poner en marcha el proyecto. En primer lugar, el rector Goyache Goñi le indicó que «se pondría en contacto conmigo Begoña Gómez». Poco antes del inicio de la cátedra, con apenas 15 días de antelación y dos semanas después del anuncio del rector, la mujer del presidente del presidente le mando un correo personal «pidiendo el documento del convenio, el documento de la memoria económica…». Era el 5 de octubre de 2020.

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Una de las ultimas consultas de Begoña Gómez a Doadrío fue sobre la licitación del contrato de 60.500 euros a Deloitte para que terminase la famosa Plataforma iniciada por Indra y Google. El ex vicerrector explicó que «le dijimos que ese importe había que llevarlo a concurso público y le dimos el contacto de alguien de la Escuela de Gobierno de la UCM que podía explicarle mejor cómo se hacían esos trámites, creo que hablaron con una funcionaria».

«Me dice que sabría lo de la cátedra extraordinaria y que necesitaba los papeles, el convenio, la memoria económica, la documentación que había que mandar para crear la cátedra extraordinaria», apuntó Doadrio, muy seguro en sus respuestas.

El juez Peinado también preguntó por las condiciones laborales y los requisitos para dirigir una cátedra extraordinaria al entonces vicerrector de la Complutense. En este sentido, Doadrío apuntó que ninguna de las 54 cátedras extraordinarias estuvo dirigida por una persona sin título académico superior. Tan solo se corroboró que ejercía como directora de un máster y bien valorada. «No hubo examen de idoneidad», explicó.

 Las colaboraciones con empresas fueron muchas con empresas de todo tipo. De ahí la persistencia de Vox en conocer si fueron llamadas una a una desde La Moncloa y si visitaron la residencia presidencial por requerimiento de la mujer del presidente del Gobierno.

Fueron tantas las empresas que acudieron a la cátedra extraordinaria que «la jefa de Sección ya no las quería mandar; al final las tenía que mandar yo», destacó Doadrío ante el juez sobre las propuestas y solicitudes a las empresas.

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