
Acusaciones lideradas por el PP piden 30 años de cárcel para Ábalos por la trama mascarillas del 'caso Koldo'
Las acusaciones populares reclaman la declaración, en calidad de testigo, del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez
Un diligencia que se enmarca en la investigación de la utilización por parte de Begoña Gómez de la asesora Cristina Álvarez para recaudar dinero para su Cátedra de Transformación Social Competitiva
Investigacion Judicial12 de diciembre de 2024
Impacto España Noticias
El titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha solicitado identificar a todos los trabajadores y asesores de Moncloa.
Un diligencia que se enmarca en la investigación de la utilización por parte de Begoña Gómez de la asesora Cristina Álvarez para recaudar dinero para su Cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
La esposa de Pedro Sánchez tendrá que acudir a su tercera citación ante Peinado el próximo miércoles 18 de diciembre para declarar sobre los dos últimos delitos que se le imputan, apropiación indebida e intrusismo profesional.
Dichos delitos se unen a los iniciales de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Por su parte, la propia asesora Cristina Álvarez comparecerá como testigo ante Peinado el viernes 20.
En una providencia, el juez acuerda "requerir a Presidencia del Gobierno a fin de que aporte la Relación de Puestos de Trabajo de los distintos trabajadores y asesores que desempeñan sus labores en el Palacio de la Moncloa".
También requiere a la oficina del Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Doctorado, para que en relación a la Catedra de Transformación Social Competitiva y en el plazo de 10 días, remita copia testimoniada de los expedientes que hubiera podido tramitar para cualquier tipo de inscripción registral (de Propiedad Intelectual, programa informático, derechos de autor, marcas, nombres comerciales, diseños industriales, etc.) en relación a la Catedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva.
El magistrado reclama a su vez" a Juan Carlos Doadrio Villarejo, a través de su representación en autos, para que aporte la documentación relativa a la cátedra que se investiga, y que indicó en su declaración que conservaba, para lo que se concede el plazo de cinco días".
Por último, respecto a la petición de declaración de María José Sánchez Rosales de la Gerencia de la Escuela de Gobierno de UCM, Peinado indica que "una vez sean practicadas las declaraciones pendientes se acordará".
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