La justificación de que una empresa de asesoría de la mujer de Koldo García, Patricia Úriz, no es una sociedad instrumental, más que salvar de una acusación al ex asesor de Ábalos, amenaza con abrir otra nueva vía de investigación y convertirse en otro problema nuevo.

Según adelantó el diario ABC este lunes, la defensa de Koldo García, investigado por la Audiencia Nacional por su papel en la compra de mascarillas durante la pandemia, presentó un justificante de estar contratado desde noviembre de 2023 por Erikapat, una empresa de asesoría de su mujer que trabaja con la constructora AZVI por 6.000 euros al mes y una prima de éxito del 0,75%. La citada constructora obtuvo seis contratos por 193 millones de euros, algunos de ellos en UTE y otros en solitario.

 La defensa de Koldo García pretende demostrar que la mercantil Erikapat Consultoría Internacional SL no es una sociedad instrumental -empresa sin contenido ni actividad- usada para presuntamente lavar dinero de las supuestas comisiones obtenidas por la intermediación en la compra de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (MITMA) donde García y Úriz trabajaron mientras el titular del ministerio era José Luis Ábalos.

El escrito se presentó para pedir que el juez desbloqueé las cuentas y que García cobre su sueldo.

Según la petición del abogado se le adeudan las nóminas de febrero y marzo -unos 3.000 euros- por el bloqueo judicial de las cuentas de esta empresa. Erikapat, dada de alta por Patricia Úriz en marzo de 2022, presentó pérdidas en ese mismo año 2022 ante el Registro Mercantil por 16.518 euros y ventas de 0 euros, lo que hace sospechar al instructor que la sociedad no tiene movimientos habituales de negocio. Las cuentas de 2023 todavía no constan como presentadas en el Registro Mercantil.

 El problema es que el cliente de Erikapat, no se sabe si el único o uno de ellos, es la empresa AZVI, una importante constructora con sede en Madrid especializada en trabajos ferroviarios y obra pública en general. De hecho, según la Plataforma de Contratos del Estado, AZVI presenta 114 contratos licitados desde que esta Plataforma vuelca sus datos.

La cuestión es que ahora AZVI se ve en el centro de una polémica que ellos no han provocado. La constructora obtuvo media docena de contratos por 193.367.610 euros, que ahora van a ser mirados con lupa por la Unidad Central Orgánica (UCO) de la Guardia Civil que investiga toda la trama Koldo. Es cierto que la mitad de esos contratos, lo de mayor montante económico se licitaron en UTE (Unión Temporal de Empresas) por la importancia de los mismos.

El primero de ellos fue adjudicado el 28 de febrero de 2019, siete meses después de la llegada de Ábalos al ministerio, por 107.539.100 euros en concepto de «obras de ejecución de los proyectos constructivos en el entorno de la estación de Madrid Chamartín: remodelación de vías y andenes, reforma del vestíbulo de cercanías bajo vías de la cabecera norte», en UTE con Vías y Construcciones, adjudicado por ADIF, órgano dependiente del MITMA.

Otro de los contratos en UTE fue junto a la empresa Probisavías y Obras SLU, adjudicado el 19 de julio de 2019 por 7.930.649,82 euros para la «ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación de las carreteras del sector J-03. Provincia de Jaén», licitado por la Dirección General de Carreteras.

 El último contrato en UTE durante la etapa de Koldo García como asesor llegó el 29 de noviembre de 2021 por 39.247.623,48 euros, también adjudicado por ADIF a la UTE AZVI-Contratas y Ventas para la «ejecución de las obras del proyecto de construcción para la implantación del ancho estándar en el corredor mediterráneo. Tramo: Castellbisbal-Murcia. Subtramo: Castellón – Vinaroz. Vía y Electrificación», licitado por ADIF.

 
 Otro de los contratos.
A los otros tres contratos AZVI llegó en solitario. El primero de ellos el 4 de septiembre de 2019 para la «ejecución de las obras del proyecto constructivo de paso inferior peatonal y de vehículos en el p.k. 515/693 de la línea Madrid-Sevilla, término municipal de Lora del Río (Sevilla)» por un importe de 1.547.222,51 euros.

El segundo fue uno licitado por la Dirección General de Carreteras para obra en la «variante de Alcorisa. N-211, de Guadalajara a Alcañiz y Lleida. PP.KK. 208+400 a 214+500. Provincia de Teruel» por 32.131.642,86 euros. El último de los contratos en solitario de la «era Koldo» de AZVI, fue adjudicado el 29 de enero de 2021 por 5.171.374,40 euros.

Revitalizando una vejez estructuralmente despreciada

Algunos de estos contratos fueron financiados con fondos europeos. Los investigadores de la Guardia Civil destacan en sus informes que Patricia Úriz no posee formación académica clásica en asesoría empresarial.

PATRICIA ÚRIZ TAMBIÉN INVESTIGADA
Patricia Úriz, esposa de Koldo García, consta como investigada en el Caso Koldo. Está acusada de blanqueo de capitales. Úriz estuvo contratada en la secretaría del Ministerio de Transportes durante el mandato de Ábalos y luego trabajó unos meses en una empresa de edificaciones. En marzo de 2022 dio de alta su empresa Erikapat y, poco después, empezó a trabajar en la empresa Áridos Anfersa, también investigada por la UCO por haber sido proveedora del MITMA.

 
La Guardia Civil trata de demostrar en la llamada Operación Delorme la influencia de Koldo García, una vez que había salido del ministerio, de hecho el ex asesor de Ábalos fue cesado con la salida del ministro en julio de 2021, pero continuaba relacionándose con altos cargos del MITMA, como el subsecretario de Transportes y Movilidad, el ya cesado e investigado Jesús Manuel Gómez o Ángel Contreras, que cuando se reunía con Koldo García en la marisquería La Chalana todavía era director general de Conservación y Mantenimiento en ADIF y luego presidente del mismo organismo, hasta que el pasado viernes resultó cesado por el actual ministro Óscar Puente.

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