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Ahora tendrá que ser el juez Pedraz el que decida si acepta la personación del PP en la causa, que permanece secreta, y si acepta investigar al PSOE por un delito de financiación ilegal
Noticias17 de octubre de 2024La Fiscalía Anticorrupción considera que la querella que interpuso el PP contra el PSOE por haber recibido en su sede de Ferraz (Madrid) dinero en una bolsa de plástico no aporta indicios suficientes para abrir una causa contra los socialistas por financiación ilegal, según explican a esta redacción fuentes del Ministerio Público.
Por eso se opone a la admisión de la querella, y así se lo ha comunicado al magistrado Santiago Pedraz, que instruye en su juzgado una causa sobre un presunto fraude de 182 millones de euros en el que también estaría implicado el comisionista del caso Koldo, Víctor de Aldama, que permanece en prisión de forma preventiva.
Dos empresarios
La formación liderada por Alberto Núñez Feijóo denunció el pasado lunes en el Juzgado Central de Instrucción número 5 la presunta financiación irregular del PSOE en virtud de una confesión de dos empresarios a un medio de comunicación digital, que no reveló la identidad de los informantes.
La querella del PP da plena credibilidad a la publicación del digital y aseguraba: "Como relata el denunciante anónimo en su testimonio, el pago de 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE se habría realizado en dos entregas, en octubre de 2020.
Un dinero que 'fue transportado en una bolsa de plástico', resultando llamativo que, en su visita a la sede del citado partido político, no se le pidiera documentación alguna y se le preguntara expresamente si venía de parte de Aldama, de lo que se desprende que trabajadores del PSOE conocían a este último, y que esperaban la visita de otras personas en su representación".
Ahora tendrá que ser el juez Pedraz el que decida si acepta la personación del PP en la causa, que permanece secreta, y si acepta investigar al PSOE por un delito de financiación ilegal.
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Una afirmación que, en otro contexto, podría parecer inocua, pero que adquiere un tono especialmente incómodo en un país donde el propio Gobierno que él preside ha limitado a los ciudadanos el uso de dinero en metálico a un máximo de 1.000 euros por operación
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