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Este miércoles, el juez Juan Carlos Peinado ha convocado a las partes implicadas —defensas, acusaciones y Fiscalía— a las 12.00 horas para comunicarles su intención de conducir el proceso hacia un juicio con jurado popular, en caso de que avance la causa contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Peinado investiga a Gómez por supuestos delitos que incluyen tráfico de influencias, corrupción empresarial, uso indebido de marca, intrusismo profesional y malversación. En un auto emitido el 20 de marzo, el magistrado afirmó que "se ha podido comprobar hasta el presente momento de la investigación la concurrencia de indicios de los elementos de los delitos que son competencia del tribunal del jurado".
Es relevante señalar que, en febrero, la Audiencia Provincial de Madrid suspendió la medida de Peinado de llevar la investigación a juicio con jurado popular, después de aceptar un recurso de la defensa de Gómez. Los jueces de la Audiencia consideraron que no existían "indicios racionales de criminalidad" que justificaran esa decisión del magistrado instructor.
Apoyo y proyección profesional vinculada a su condición
En su reciente auto, el juez Peinado argumenta que Gómez habría utilizado su cercanía con el presidente Sánchez para favorecer su desarrollo profesional en la Universidad Complutense de Madrid. Señala, además, que consiguió una relación directa con cargos universitarios, empresas patrocinadoras y entidades del sector tecnológico.
Para el magistrado, el hecho de ser pareja del presidente implica una influencia significativa en la conducta de otros ciudadanos, dado el "poder que su esposo tiene para determinar la toma de decisiones".
Peinado subraya que Gómez solicitaba y obtenía respaldo financiero, institucional y empresarial para la creación y expansión de una cátedra universitaria que, según su investigación, habría gestionado de forma indebida.
El auto explica que se creó una cátedra extraordinaria específicamente para que Gómez la dirigiese. Bajo este contexto, contrató a Cristina Álvarez, amiga y también investigada, quien no solo desempeñaba funciones de carácter protocolario e institucional sino que colaboraba en actividades privadas.
El juez añade que Álvarez era vista por terceros más como integrante del equipo de trabajo de la cátedra y de un proyecto tecnológico vinculado al software, que como simple asistente protocolaria.
Además, Peinado apunta que Gómez, aprovechando su condición de esposa de Sánchez, pudo enviar cartas en las que sugería directa o indirectamente la adjudicación de contratos públicos, presuntamente en beneficio del empresario Juan Carlos Barrabés, otro de los investigados en el caso.
Por su parte, Begoña Gómez ha recurrido el auto de Peinado, alegando que el documento se basa solamente en "meras conjeturas". Según la defensa, los argumentos expuestos por el juez son "falaces" o carecen de la fuerza necesaria para sustentar su decisión.
La representación legal sostiene que "la única conclusión que puede extraerse del auto es que se está investigando a mi representada por ser cónyuge del presidente del Gobierno". Asimismo, critica la "redacción confusa" del magistrado.
En opinión de la defensa, la falta de una motivación adecuada impide evaluar si Peinado ha considerado que, debido a la gran repercusión mediática y la opinión pública abierta sin reservas, someter el caso a un jurado popular podría vulnerar el derecho a un juez imparcial tras un "juicio paralelo" alimentado por la "acción persistente" de los medios y los "foros políticos".
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