Impacto España Noticias quizás sea de los pocos medios a nivel nacional que denuncia el rapto por parte de las instituciones publicas de los niños a sus padres, esto nos ha costado represalias graves y denuncias, solo por destapar la realidad de un problema tremendamente grave.

En Sevilla varios padres denunciaron en 2019 que los servicios sociales habían retirado a sus hijos sin una base legal clara. Uno de los casos más graves fue el de una madre que perdió la custodia de su bebé recién nacido mientras se encontraba hospitalizada.

A pesar de que no había pruebas de abuso o maltrato, la retirada se justificó bajo el argumento de que la madre carecía de recursos económicos suficientes. Este caso llevó a la madre a presentar denuncias en los tribunales y generó una ola de críticas sobre cómo las ONGs y las fundaciones que gestionan centros de menores reciben subvenciones por cada niño que ingresan en sus instalaciones, lo que podría estar motivando estas decisiones

En 2020, el caso de una madre asturiana llamada Mari Luz atrajo la atención de los medios cuando los servicios sociales retiraron la tutela de sus dos hijos. Según denunció Mari Luz, las autoridades justificaron la medida alegando que no estaba capacitada para cuidarlos adecuadamente, a pesar de que no existían pruebas claras de maltrato o negligencia.

La madre denunció que las decisiones de los Servicios Sociales estaban impulsadas por criterios económicos y que la familia se encontraba en una situación vulnerable, lo que facilitó que las instituciones justificaran la retirada de la custodia.

Tras varios meses de lucha judicial, Mari Luz consiguió recuperar a sus hijos, pero su caso puso de manifiesto las deficiencias del sistema. En la mayoría de las ocasiones no hay tanta suerte y los servicios sociales quitan los hijos a los padres y los pasan a los centros de menores tutelados gestionados por ONGs, donde en muchos casos terminan prostituidos o drogadictos.

Estos dos casos son solo un botón de muestra. Es la punta del iceberg de un sistema que atenta contra los padres y va contra el niño con la excusa de su protección. Cada año, miles de niños en España son retirados de sus familias bajo el pretexto de proteger sus derechos y garantizar su bienestar. Una medida, que en principio debería ser un último recurso en casos extremos de vulnerabilidad, se ha convertido en un proceso cada vez más habitual y a su vez, cada vez más cuestionado por la manera en que se implementa.

En el centro de esta controversia está el sistema de tutela de menores, que implica la intervención de los servicios sociales y, en muchos casos, la gestión de niños por parte de organizaciones no gubernamentales (ONGs) y fundaciones. Muchas de estas ONGs han transformado la protección infantil en un lucrativo negocio, donde el bienestar de los niños queda relegado en favor de intereses económicos. ¿Estamos ante un sistema corrupto que más que proteger, explota a los menores?

La mercantilización del sistema de protección infantil: ¿Cuántos menores tutelados hay en la actualidad en España?

Para entender el alcance de este problema, es importante revisar las cifras. Según datos de 2023 proporcionados por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, en España hay aproximadamente 50.000 menores bajo tutela del Estado. Estas cifras han ido en aumento en los últimos años, con un crecimiento vertiginoso del número de menores retirados de sus familias por supuestas situaciones de riesgo.

Estos menores son, en su mayoría, acogidos por el sistema de protección infantil después de que las administraciones autonómicas determinen que existen situaciones de riesgo o desamparo en sus hogares. La gran mayoría de estos niños han sido separados de sus familias esgrimiendo motivos relacionados con la negligencia, el maltrato, la pobreza o la incapacidad de los padres para cuidar adecuadamente de ellos, aunque en la mayoría de los casos las razones alegadas han sido sin consistencia ni fundamento.

Además, en muchos casos, la decisión se basa en valoraciones subjetivas de trabajadores sociales que, sin la intervención directa de un juez, pueden separar a los niños de sus familias. Esto ha generado controversias sobre el alcance del poder de los servicios sociales y el papel del Estado en la vida privada de las familias.

El proceso de tutela sin intervención judicial
En España, la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor (Ley 1/1996) es el marco legal principal que regula la protección de los menores. No obstante, en cuanto a la retirada de menores del hogar familiar, cada comunidad autónoma tiene competencias en materia de menores y aplica su propio reglamento.

Uno de los aspectos más preocupantes del sistema es la facilidad con la que los servicios sociales pueden retirar la custodia de los padres de un menor sin necesidad de pasar por un juez, lo que  deja una gran discrecionalidad en manos de los servicios sociales. En muchos casos, los servicios sociales tienen la capacidad de tomar decisiones provisionales que pueden durar años, mientras las familias esperan la resolución de un proceso judicial que a menudo se alarga indefinidamente.

La falta de control judicial directo en las fases iniciales de estos casos ha sido objeto de fuertes críticas, ya que abre la puerta a abusos, negligencias y errores por parte de los trabajadores sociales. De hecho, muchos padres han denunciado la retirada de la tutela de sus hijos sin pruebas suficientes, alegando que la pobreza o las diferencias de estilo de vida no deberían justificar estas medidas extremas.

El procedimiento administrativo
La retirada de la custodia de un menor está basada en varias normativas nacionales y autonómicas, que otorgan a los servicios sociales un amplio margen de acción para intervenir en situaciones de riesgo.

En efecto, uno de los aspectos más controvertidos es que, en muchas ocasiones, la retirada de la custodia de los hijos por parte de los servicios sociales se realiza mediante un proceso administrativo sin pasar por un juez.

Los técnicos de los servicios sociales de cada comunidad autónoma pueden declarar que un menor está en situación de riesgo o desamparo, basándose en informes que evalúan factores como las condiciones de vida, la salud mental o emocional de los padres, o la capacidad económica para cuidar adecuadamente al menor. Informes que, incluso, encargan a personal que no pertenece a la administración.

En estos casos, el procedimiento sigue varios pasos clave:

Declaración de desamparo: Cuando se detecta una situación de riesgo, los servicios sociales pueden declarar que el menor está en situación de desamparo. Este procedimiento no requiere la intervención inmediata de un juez, y la custodia del menor puede pasar automáticamente a la administración autonómica.

Tutela automática: Una vez que se declara el desamparo, el menor pasa a ser tutelado por el Estado, que lo asigna a centros de acogida o a familias de acogida. En algunos casos, se permite a los padres presentar alegaciones, pero estas son revisadas dentro del mismo proceso administrativo, sin la participación directa de un órgano judicial.

Intervención judicial tardía: Aunque eventualmente los padres pueden recurrir a los tribunales para impugnar la retirada de la custodia, el proceso judicial suele ser largo y complejo, lo que implica que los menores pueden pasar años bajo tutela estatal antes de que un juez evalúe completamente el caso.

El papel de las ONGs y fundaciones: ¿Protectoras o mercenarias?
A medida que aumenta el número de menores tutelados, también ha crecido la participación de ONGs y fundaciones en la gestión de estos niños, muchas de las cuales reciben fondos públicos por cada menor bajo su tutela, lo que ha dado lugar a un lucrativo negocio de la protección infantil. Un verdadero entramado económico detrás de estas organizaciones que ha suscitado serias dudas sobre la motivación real que subyace en su labor.

Diversas investigaciones han demostrado que ciertas ONGs operan bajo un sistema que premia económicamente la gestión de menores tutelados.

Cada niño que entra en el sistema de tutela supone un aumento de ingresos para estas organizaciones, lo que genera incentivos perversos que podrían estar contribuyendo a la sobredimensión del sistema de tutela. En algunos casos, se ha descubierto que los contratos firmados entre ONGs y administraciones públicas incluyen tarifas fijas por menor, lo que ha derivado en una auténtica industria de la tutela infantil.

Además, muchas de estas organizaciones carecen de una supervisión adecuada y operan con una falta de transparencia alarmante. Los mecanismos de control sobre las actividades de estas ONGs son limitados, lo que permite que operen con amplios márgenes de discrecionalidad y, en algunos casos, se aprovechen del sistema para enriquecerse.

El negocio de los menores: Beneficios económicos ocultos
El verdadero núcleo de este escándalo radica en los beneficios económicos que obtienen estas ONGs y fundaciones. Por cada menor que gestionan, muchas de estas organizaciones reciben cantidades que oscilan entre 3.000 y 6.000 euros mensuales (las ONGs pueden recibir entre 100 y 200 euros al día por cada menor tutelado), según las tarifas acordadas con las administraciones públicas.

Con una cantidad tan significativa por cada niño, el sistema de tutela de menores se ha convertido en una fuente de ingresos millonaria para algunas ONGs, que más que proteger, parecen explotar a estos menores como “activos” rentables.

En total, el gasto público en protección de menores en España supera los 800 millones de euros anuales, con una gran parte de estos fondos destinados a ONGs que gestionan centros de acogida y servicios de apoyo para menores en situación de desamparo.

Además, existen denuncias de prácticas irregulares en las que las ONGs y fundaciones alargan deliberadamente los procesos de tutela para seguir beneficiándose económicamente. Aunque la ley establece que la tutela debe ser una medida temporal, en muchos casos se extiende por años, privando a los niños del derecho a estar con sus familias y generando ingresos continuos para las organizaciones involucradas.

Muchas familias denuncian que, una vez que los menores son retirados, los procesos de reunificación se dilatan de manera innecesaria. En algunos casos, se alega que los centros de menores no facilitan la reintegración de los niños con sus familias biológicas, a pesar de que las condiciones para su retorno han mejorado.

Un caso especialmente grave fue el de la Fundación O’Belén, que recibió múltiples denuncias por maltrato a menores y negligencia en sus centros de acogida, pero continuó recibiendo fondos públicos por su gestión. A pesar de las denuncias, las administraciones locales siguieron confiando en esta fundación para la tutela de menores, lo que pone de relieve el poder y la influencia de estas ONGs en el sistema.

La mafia de los chiringuitos: un entramado corrupto

En España, existe un gran número de ONGs y entidades privadas – se estima que hay más de 200 ONGs implicadas en la gestión de menores tutelados en todo el territorio español, aunque este número varía dependiendo de la región-, que gestionan centros de menores tutelados o que ofrecen servicios de acogida familiar. Un verdadero ejército de ONGs que viven de este sistema.

Es tal la cantidad de ONGs existentes y lo que cobran mensualmente  que ya han comenzado a referirse a este sistema como una auténtica “mafia de chiringuitos”, un término que refleja la red de intereses económicos y políticos que sostienen este negocio de la tutela de menores.

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En muchos casos, las ONGs y fundaciones que participan en este sistema están estrechamente vinculadas con partidos políticos y administraciones locales, lo que genera un conflicto de intereses evidente. Estas organizaciones, bajo la apariencia de caridad y protección de menores, operan como auténticas empresas con fines lucrativos, aprovechándose de los fondos públicos destinados a la protección infantil.

Además, existen acusaciones de corrupción dentro de las administraciones públicas encargadas de gestionar estos fondos, con denuncias de que ciertos responsables políticos han otorgado contratos a ONGs afines a cambio de favores o incluso sobornos. Esta relación simbiótica entre las ONGs y el poder político ha permitido que el sistema continúe operando con total impunidad, a pesar de las múltiples denuncias de irregularidades.

Acusaciones de irregularidades y abuso del sistema
A lo largo de los años, se han registrado múltiples denuncias y escándalos relacionados con el tratamiento de los menores en los centros gestionados por ONGs. Entre las acusaciones más comunes se encuentran:

Malos tratos a menores: Algunas entidades han sido denunciadas por el trato abusivo hacia los menores, lo que incluye violencia física y psicológica.

Falta de supervisión: Se ha criticado que muchas ONGs operan con poca supervisión por parte de las autoridades públicas, lo que genera un clima de impunidad.

Motivaciones económicas: Algunos críticos afirman que la retirada de menores de sus familias responde más a intereses económicos que al verdadero bienestar del niño. Este tipo de denuncias se han repetido especialmente en comunidades con un alto índice de tutela de menores.

Las víctimas del sistema: familias rotas y niños desprotegidos
Mientras que algunas ONGs y administraciones se benefician económicamente, las verdaderas víctimas de este sistema son las familias y los niños. Las familias afectadas denuncian la falta de apoyo real por parte de los servicios sociales, que en lugar de ofrecer ayudas para mejorar su situación, optan por retirar la custodia de manera casi automática.

En muchos casos, los niños son colocados en centros de acogida o familias de acogida donde sufren graves consecuencias psicológicas debido a la separación de sus padres.

Los niños tutelados, que deberían ser protegidos por el sistema, a menudo terminan en peores condiciones que aquellas en las que vivían con sus familias. La falta de seguimiento y control en los centros de acogida, la mala gestión por parte de algunas ONGs, y el enfoque económico de muchas de estas instituciones hace que el sistema de tutela falle en su objetivo principal: proteger a los menores vulnerables.

Urge una reforma del sistema de tutela de menores

El sistema de tutela de menores en España, diseñado originalmente para proteger a los niños en situaciones de vulnerabilidad, se ha convertido en una maquinaria que beneficia a ONGs y fundaciones a costa del bienestar de los menores. La falta de transparencia, el control inadecuado y el enriquecimiento económico de ciertas organizaciones han transformado la tutela en un lucrativo negocio, donde los menores son utilizados como instrumentos para generar ingresos.

Es urgente una reforma profunda de este sistema, que incluya una mayor supervisión judicial en los casos de retirada de custodia, una auditoría exhaustiva de las ONGs que gestionan menores tutelados y una revisión de los contratos económicos entre las administraciones y estas organizaciones.

Solo así se podrá garantizar que los menores realmente sean protegidos y que el sistema de tutela cumpla con su propósito original: velar por el interés superior de los niños.

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