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Fernando Grande-Marlaska, está implicado en la noche en que la número dos de Nicolás Maduro aterrizó en el aeropuerto de Barajas-Madrid, pese a que tenía la entrada prohibida en el espacio Schengen. Sin embargo, el ministro se niega a entregar los documentos relacionados con aquella noche.
Estos informes, en poder de su Ministerio, incluyen detalles clave sobre el aterrizaje del avión venezolano, los pasajeros que lo abordaron, así como los movimientos de equipaje y las decisiones tomadas sobre la vicepresidenta de la narcodictadura venezolana.
Este jueves, Marlaska acude al Senado para rendir cuentas dentro de la investigación sobre los contratos vinculados a la intermediación de Koldo García. El objetivo es esclarecer si dichos contratos, firmados durante la crisis sanitaria, están relacionados con actividades corruptas en torno a la llamada Operación Delorme. La comisión también explora posibles vínculos con Víctor de Aldama, empresario actualmente en prisión, y su conexión con la polémica escala de Delcy Rodríguez en Madrid.
En abril pasado, la comisión del Senado solicitó al Ministerio del Interior varios documentos, entre ellos los informes elaborados por la Policía y la Guardia Civil que participaron en el dispositivo de seguridad en Barajas.
Estos documentos debían incluir la identificación de las personas que acompañaban a Delcy Rodríguez y los detalles sobre el manejo de su equipaje. Sin embargo, hasta la fecha, el Ministerio no ha entregado ninguno de los tres informes requeridos, ni ha justificado su negativa a hacerlo.
Llama la atención que mientras los documentos relacionados con la escala de Delcy siguen sin ser proporcionados, el Ministerio sí entregó información sobre los contratos de protección sanitaria adjudicados durante la pandemia. Estos contratos beneficiaron a la empresa de Víctor de Aldama, así como a otras compañías como Innjoo Technology y el Instituto de Ginecología y Medicina de la Reproducción Doctores Ordás y Palomo, por un valor total que supera los seis millones de euros.
A pesar de las constantes solicitudes y la presión política, el Ministerio del Interior ha guardado silencio sobre las circunstancias que rodearon la estancia de la vicepresidenta venezolana en Madrid, avivando las sospechas y el interés público por esclarecer qué ocurrió realmente aquella noche en el aeropuerto.
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