Interior controlará la designación de los policías judiciales que investigan causas de corrupción

Sánchez y el control total: el último golpe a la independencia policial
Pedro Sánchez acaba de aprobar un decreto que otorga al Ministerio del Interior el control directo sobre la designación de los policías judiciales encargados de investigar casos de corrupción, lo que ha desatado una fuerte polémica ya que es una artimaña para controlar investigaciones de corrupción.

Tras la intervención en RTVE, que consolidó el control gubernamental sobre el ente público sin necesidad de consensuar con la oposición, ahora Sánchez ha dado un paso más en su camino hacia el estado totalitario. Esta vez, su mirada se dirige a los cuerpos de seguridad que tienen en sus manos las investigaciones más delicadas: aquellas que pueden afectar a la propia administración y, por ende, al gobierno.

Un decreto para controlar las investigaciones anticorrupción
El nuevo decreto impulsado por Fernando Grande-Marlaska, según recoge ‘El Debate’, elimina el concurso de méritos en las unidades policiales más sensibles, sustituyéndolo por un sistema de designación libre que permite la selección «a dedo» de los agentes de la Policía Judicial.

Este cambio afecta especialmente a las unidades que investigan casos de corrupción económica y fiscal, como la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), la Unidad Central de Inteligencia Criminal (UCIC) y la Unidad de Delincuencia Económica y Violenta (UDEV).

La medida ha encendido todas las alarmas ya que con ello Sánchez intenta utilizar esta reforma para controlar y limitar la independencia de aquellos agentes que podrían investigar casos de corrupción que afecten directamente a su gobierno.

Si antes las designaciones se basaban en criterios objetivos de mérito, antigüedad y experiencia en áreas de investigación específicas, el nuevo sistema abre la puerta a una selección arbitraria. En otras palabras, el gobierno ahora tiene la capacidad de seleccionar a los agentes según su lealtad, en lugar de su capacidad.

El fin de la independencia de la Policía Judicial
Esta reforma supone un ataque directo a la independencia de la justicia. La Policía Judicial, dependiente del poder judicial y con la misión de investigar delitos de especial relevancia, ha sido hasta ahora una herramienta autónoma en manos de jueces y fiscales. Este principio es esencial en cualquier sociedad que aspire a garantizar un control del poder y a proteger los derechos de los ciudadanos.

Con el nuevo decreto, el Ministro del Interior obtiene un poder sin precedentes para elegir a los responsables de estas unidades, lo que supone, en la práctica, que el Gobierno controla a quienes deben investigar potenciales irregularidades en la administración pública. El riesgo de conflicto de intereses y manipulación política se convierte así en una amenaza real, comprometiendo la capacidad de la Policía Judicial para actuar de forma imparcial.

Un golpe a la lucha contra la corrupción
Este giro político representa un golpe a la transparencia y a la lucha contra la corrupción. La libre designación de agentes de la Policía Judicial implica que aquellos policías que investiguen casos de corrupción dentro de la propia administración podrían depender directamente de quienes podrían resultar investigados.

Este sistema refuerza la impunidad y debilita el control judicial, colocando a la policía judicial en una posición en la que podría evitar indagar en asuntos que afecten a los círculos cercanos al gobierno.

Es un “golpe encubierto” a la transparencia institucional. La falta de concurso de méritos permite un «blindaje» de la cúpula política, evitando investigaciones incómodas y seleccionando a los investigadores en función de su afinidad con el Ejecutivo. Bajo la apariencia de una “actualización normativa”, Sánchez y su equipo han logrado estructurar un sistema que daña los cimientos de la independencia judicial, protegiendo al poder político de las miradas incómodas que podrían exponer irregularidades.

Una erosión sistemática de los contrapesos del poder
Este decreto no es un hecho aislado. Forma parte de una serie de acciones recientes de Sánchez para hacerse con el control de los resortes del poder en España, desde la televisión pública hasta las instituciones judiciales. Al colocar a RTVE bajo el control directo del gobierno, limitando la presencia de la oposición en su consejo, Sánchez ya había mostrado su interés por controlar la narrativa mediática en el país.

Ahora, con este nuevo decreto sobre la Policía Judicial, parece decidido a eliminar cualquier obstáculo que pueda comprometer a su administración en el ámbito de la justicia.

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Un golpe al corazón de la justicia en España
En definitiva, el decreto de Grande-Marlaska, aprobado bajo el gobierno de Sánchez, representa un ataque a la independencia de las instituciones y plantea una grave amenaza a la transparencia y el equilibrio de poderes en el país. Al hacerse con el control de las designaciones en las unidades de Policía Judicial, el Gobierno se asegura de tener un control directo sobre quienes deben investigar posibles casos de corrupción en la administración.

Este control sobre la Policía Judicial no solo mina la credibilidad de las instituciones, sino que pone en riesgo el propio sistema de justicia en España, dando al gobierno la posibilidad de interferir en investigaciones que deberían ser imparciales e independientes. En definitiva, Sánchez sigue dando pasos hacia una dictadura. Ya le queda poco…

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