Se prevé que la nueva tasa de basuras que cobrarán todos los ayuntamientos por ley desde 2025 supere los ingresos municipales por la plusvalía

A partir de 2025, los ayuntamientos de toda España comenzarán a cobrar un nuevo impuesto municipal de residuos, conocido popularmente como el “basurazo”. Esta tasa de basura, que se estima alcanzará los 3.800 millones de euros, se convertirá en la segunda fuente de ingresos más importante para los consistorios, sólo superada por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).

Este “basurazo” implicará un aumento significativo en la presión fiscal sobre los ciudadanos, que deberán asumir la totalidad de los costes de la recogida y tratamiento de residuos municipales, lo que incrementará la recaudación municipal en un 150% según las últimas estimaciones.

El objetivo de este impuesto es que el coste de la gestión de residuos sea asumido en su totalidad por los contribuyentes, cumpliendo así con lo estipulado en la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados, una normativa que, según el Gobierno, fue aprobada para dar respuesta a las directivas de la Unión Europea de 2018. Esta nueva tasa supone un efecto acumulativo de impuestos y tasas aplicados en los últimos años por el ejecutivo de Pedro Sánchez.

“Basurazo”: Un impuesto que los ciudadanos no podrán eludir
De acuerdo con los datos presentados por los inspectores de la Hacienda Pública Local en su “libro blanco”, se prevé que el “basurazo” supere incluso la recaudación de la plusvalía municipal, convirtiéndose en la segunda mayor fuente de ingresos para los municipios tras el IBI, que actualmente genera 13.500 millones de euros anuales.

Este cambio tiene un impacto directo en los bolsillos de los ciudadanos, quienes afrontarán un aumento en el coste de la gestión de residuos a partir del próximo año.

Según la directriz impuesta, la tasa de basura debe cubrir el gasto de recogida y tratamiento de residuos, pero no puede generar un déficit ni exceder el coste efectivo de los servicios, o sea, los ayuntamientos deciden la gestión – buena o mala- y los ciudadanos la pagan en su totalidad.  Es obvio que nueva tasa no hace sino agravar la carga fiscal que deben asumir las familias y pequeñas empresas.

Además, los municipios de toda España ya han comenzado a tramitar las ordenanzas necesarias para implementar la nueva tasa, que entrará en vigor en enero de 2025. Este proceso incluye calcular y diseñar las tarifas que cada contribuyente deberá pagar, en función de factores como el tamaño de la propiedad y su ubicación.

Sin embargo, el aumento generalizado del coste, que algunos expertos estiman entre un 100% y un 150%, ha provocado que varios grupos locales y asociaciones de contribuyentes tachen esta medida de “injusta” y de “nuevo golpe fiscal” para los ciudadanos.

140 euros del basurazo en Madrid
El caso de Madrid es ilustrativo del fuerte impacto que esta nueva tasa de basura tendrá en las finanzas de los ciudadanos. Según las estimaciones preliminares, cada inmueble en la capital pagará de media unos 140 euros anuales en concepto de tasa de residuos a partir de 2025, un pago que deberá abonarse de una sola vez cada año.

En la administración de Ana Botella, el Ayuntamiento decidió eliminar esta tasa para los inmuebles residenciales, dejándola únicamente para los locales comerciales. No obstante, la actual administración, encabezada por José Luis Martínez-Almeida del PP, ha optado por reinstaurarla debido a la imposición de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados.

Esta situación ha generado malestar entre los vecinos de la capital, que ven cómo deben asumir un nuevo coste en un momento de alta inflación y presión fiscal generalizada y que el alcalde no hace nada.

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Una política fiscal cuestionada y en constante expansión
La introducción del “basurazo” se enmarca en una política fiscal opresora del gobierno de Sánchez, que ha introducido diversas tasas e impuestos en sectores estratégicos, como la electricidad, las transacciones financieras y el impuesto a los plásticos de un solo uso.

Este contexto ha generado un clima de preocupación entre los ciudadanos, que observan cómo aumentan los costes de vida debido al incremento de los impuestos en áreas esenciales.

Para muchos, el “basurazo” representa un “robo” adicional, y temen que sea solo una de muchas medidas de recaudación que el Gobierno tiene planeadas a corto plazo. En palabras de un portavoz de una asociación de contribuyentes, “Los ciudadanos ya están soportando una carga fiscal asfixiante; este impuesto de residuos será otro golpe al bolsillo, otro obstáculo para la recuperación económica de las familias”.

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