La comisión de investigación de la Asamblea de Madrid sobre el Caso Begoña Gómez tuvo  una intervención muy esclarecedora por parte de María Elvira Gutiérrez-Vierna. 

La interventora de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) declaró después de que lo hiciese su jefe, el rector Joaquín Goyache, pero su intervención estuvo marcada por algo que dijo al comienzo de su exposición: los contratos firmados por Begoña Gómez son administrativamente nulos puesto que «la potestad para firmar contrato son exclusivas del rector, que lo hace por delegación».

 Begoña Gómez firmó tres contratos como directora de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC), uno con Making Science Group por 24.200 euros, otro con Deloitte por 18.148,79 euros y un tercero con la misma empresa por 60.500 euros. La interventora de la UCM emitió un informe sobre ellos advirtiendo de su nulidad administrativa.

 La interventora explicó que la nulidad de los contratos se basa, y así lo hizo saber en su informe para la UCM, en que hay una «omisión de fiscalización previa» y que «carecen de expediente administrativo».

En el primer caso, esto significa que al ser contratos menores, de menos de 15.000 euros, no deben pasar un filtro previo de autorización por parte de la UCM pero sí es necesario un informe explicando la ausencia de esa fiscalización, explicó Gutiérrez-Vierna.

La funcionaria argumentó también que se pagaron esos contratos cuando llegaron las facturas provenientes de la cátedra en base al artículo 42 de la Ley de Contratos «que dice que esos contratos deben entrar en liquidación». La responsable de esos pagos fue, por delegación del rector, «la vicerrectora de Economía».

 
Gutiérrez también explicó que no sospechó porque «las directora firma que las prestaciones se han recibido y la UCM no puede perjudicar a un proveedor» y «se presupone la buena de las dos partes», de quien prestó el servicio y de quien firmó haberlo recibido.

Esos contratos se hicieron para desarrollar un software de su cátedra, pero eso en contradicción con las declaraciones del rector Goyache y de la propia Universidad que aseguran que el software no existe. En este punto la interventora explicó que «no puedo hacer reparos por sospechas» y añadió que «los servicios no eran extraños, eran los propios de esta cátedra».

Durante su comparecencia en la Asamblea de Madrid, Gutiérrez también explicó a petición de los diputados la técnica de fraccionamiento de pagos para formalizar contratos sin pasar por el trámite de fiscalización, algo que habrían hecho en esta cátedra. Y la sentencia llegó al final de su comparecencia cuando fue preguntada por su experiencia como interventora: «Nunca he visto en mi carrera una contratación similar».

 El juzgado de Instrucción 41 de Madrid que instruye la causa contra Gómez por apropiación indebida del famoso software recibió el pasado 1 de julio un informe sobre estos gastos por parte de la cátedra de TSC, dirigida por la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El informe que tuvo como objeto la «posible apropiación indebida de propiedad de la Universidad Complutense de Madrid (software-Plataforma electrónica)». Ese documento recogía los gastos en tres partidas de 24.200€, 18.148,79€ y 60.500€.

En total 98.848,79€, cuya responsabilidad se ve incapaz de acotar el Letrado de la UCM por «la falta de cooperación de determinados participantes en relación a los hechos y afectados por la cuestión». Entre ellos, la propia Begoña Gómez, que el 12 de junio respondió a la UCM que estaba recabando información que a día de hoy no ha proporcionado todavía. Tampoco pudo hacerlo en la comisión de la Asamblea de Madrid pues se acogió a su derecho a no declarar.

LOS GASTOS DE LA CÁTEDRA DE BEGOÑA GÓMEZ
Los gastos fiscalizados de la cátedra de TSC llegaron a casi cien mil euros, que fueron encontrados por la UCM con facturas durante su auditoría interna. En primer lugar, la factura de la empresa Making Science Group S.A., por «la prestación del servicio de desarrollo e implementación de la Plataforma Transforma TSC para la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva, por importe de 24.200€, IVA incluido».

 El segundo gasto fue un «contrato menor cuyo objeto fue el «Servicio de Consultoría y Asistencia para la Escuela de Gobierno-Cátedra de Transformación Social Competitiva». Expediente 2023/001869. Importe de adjudicación: 18.148,79€, IVA incluido».

Y el tercero, el más caro, fue el «procedimiento abierto simplificado cuyo objeto fue la «asistencia y asesoría técnica y tecnológica para la creación de una plataforma de gestión y medición de impacto en la Pequeña y Mediana empresa. Expediente 2023/004508. Importe de adjudicación:60.500 euros, IVA incluido».

La UCM intenta adivinar todavía si ese software está en algún lugar e incluso los responsables universitarios acudieron al registro de la propiedad intelectual para saber si el software estaba a nombre de Begoña Gómez o de Transforma TSC, pero no pudo obtener resultados en el caso de Gómez «al no disponer del DNI de la persona a que se refería la consulta» y en el caso de la sociedad fue negativo.

 El 7 de junio de 2024 la UCM solicitó «a la oficina Española de Patentes y Marcas, dependiente del Ministerio de Industria, con el fin de conocer si alguna marca, modalidad de patente y/o modelo de utilidad figuraba inscrito a nombre de María Begoña Gómez Fernández o de la Sociedad Transforma TSC».

CATÁSTROFE «DANA»

La sorpresa fue que la solicitud «arrojó la existencia de dos marcas a favor de María Begoña Gómez Fernández», la primera es TSC-Transformación Social Competitiva, desde el 2 de noviembre de 2020 y la segunda es TSC-Transforma Plataforma de Medición de Impacto Social y Medioambiental, inscrita el 24 de abril de 2023.

 En el informe que la UCM envió al juez se recoge que la primera sociedad «por cuanto su denominación, persona que la constituye y objeto, pudiera dar lugar a, como mínimo, confusión con el contenido y promotores del Convenio para la creación de la Cátedra Extraordinaria para la Transformación Social Competitiva firmado entre la Universidad Complutense de Madrid y otras personas jurídicas».

Así las cosas, se pidió a la propia Escuela de Gobierno de la UCM todos los detalles sobre el contrato menor y el procedimiento ya citado y a la sociedad Deloitte Consulting para conocer los detalles del contrato adjudicado y firmado el 14 de noviembre de 2023

El 11 de junio la UCM respondió que no poseía documentación alguna relativa al resultado de los trabajos de la cátedra en ningún formato, «debiendo estar custodiados por la Dirección de la propia Cátedra».

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