La APIF denuncia que se trata de un hecho «singular» e «insólito» ya que «es inconcebible que la fiscal encargada de un asunto se reúna con un investigado y examinen juntos, sin estar presente el abogado de este último, una prueba crucial del delito
Investigacion Judicial14/11/2024
Impacto España Noticias
La Asociación Profesional e Independiente de la Fiscales (APIF) ha solicitado al instructor del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, que cite a declarar como testigo a un fiscal del Alto Tribunal que vio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, con su número dos, la teniente fiscal Ángeles Sánchez Conde, «revisando» un móvil durante la entrada y registro practicada por la Guardia Civil en la sede de la Fiscalía General el pasado 30 de octubre. Así consta en un escrito presentado ante el Supremo.
«Esta parte tiene constancia de que el día en que se practicó la entrada y registro en el despacho del citado investigado, 30-X-2024, la teniente fiscal del Tribunal Supremo y Álvaro García Ortiz, mientras la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil llevaba a cabo sus pesquisas, fueron vistos alrededor de las 19:00 horas en el salón noble de la Fiscalía General del Estado -concretamente, en el espacio situado junto una obra del navegante Juan de la Cosa- revisando un móvil aparentemente perteneciente al meritado investigado», recoge el escrito de solicitud de diligencias.
El pasado día 30, el magistrado Hurtado ordenó a la UCO registrar el despacho de García Ortiz con el objetivo de incautarse de los dispositivos electrónicos del fiscal general, imputado por la presunta filtración de datos reservados del novio de Isabel Díaz Ayuso, el empresario Alberto González Amador.
La APIF denuncia que se trata de un hecho «singular» e «insólito» ya que «es inconcebible que la fiscal encargada de un asunto se reúna con un investigado y examinen juntos, sin estar presente el abogado de este último, una prueba crucial del delito, máxime cuando todavía no se ha alzado completamente el secreto de sumario».
Asimismo, esta acusación recuerda que Sánchez Conde ejerce la «acusación pública» en el procedimiento abierto al fiscal general del Estado por un delito de revelación de secretos.
En aras de acreditar la veracidad de dicho encuentro, la APIF insta al juez Hurtado a acordar dos diligencias. Por un lado, que cite a declarar como testigo a quien los «observó en dicha tesitura», es decir, al fiscal del Tribunal Supremo Salvador Viada, miembro también del Consejo Fiscal.
En segundo lugar, esta acusación pide que se libre oficio a la empresa responsable del servicio de seguridad integral de la Fiscalía General del Estado, para que aporte las «grabaciones de las cámaras que enfocan al salón noble, ubicado en el patio central del edificio, del día 30-X-2024, entre las 18:00 y las 19:45 horas; debiendo, no obstante, ser conservadas las grabaciones de todo el día por si resultasen necesarias».
En el escrito remitido a la Sala Segunda, los abogados de la APIF, Juan Antonio Frago y Verónica Suárez, subrayan la «evidente parcialidad de la teniente fiscal del Tribunal Supremo», en referencia a Sánchez Conde, cuyo papel ha sido cuestionado también por la defensa del novio de Ayuso.
Fuentes de la investigación consultadas destacan la inusual actitud que tuvo la teniente fiscal del Alto Tribunal durante la entrada y registro del despacho de su jefe.
Si bien García Ortiz se mostró en una actitud colaboradora con los agentes de la UCO que le clonaron sus dispositivos electrónicos -móviles, tablet y ordenadores-, Sánchez Conde evidenció abiertamente su contrariedad por la diligencia acordada por el Supremo al entender que era desproporcionada.
No en vano la teniente fiscal ha recurrido directamente en apelación ante la Sala Segunda el registro realizado a García Ortiz por ser una «desmesurada injerencia».
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