Se ha convertido en la ley de la manipulación histórica Subvenciona, entre otras, a la Fundación Pedro Zerolo, con 155.000 euros, una entidad lgtbi del destacado homosexual que no tiene nada que ver con la memoria histórica
Noticias07 de diciembre de 2024
Impacto España Noticias
El Gobierno de Pedro Sanchez continúa avanzando en su estrategia de control de la narrativa histórica con la nefasta Ley de Memoria Democrática.
Si en una primera fase el objetivo fue silenciar a aquellas instituciones, universidades, historiadores, etc. que discrepaban de la «verdad oficial», ahora se trata de promover a las instituciones cómplices de su versión sesgada de los hechos para la transmisión de dicha «verdad oficial».
En este contexto, el Consejo de Ministros ha aprobado subvenciones por valor de 970.000 euros para financiar a asociaciones y fundaciones que difundan su visión única de la Guerra Civil y el franquismo, excluyendo cualquier perspectiva crítica o plural.
Esta nueva etapa consolida un proceso que, lejos de buscar la verdad o la pluralidad, tiene como finalidad imponer una narrativa única. Como ocurre en toda dictadura, se establece una dualidad asfixiante: o te adhieres al relato oficial, o eres cancelado y reprimido.
Subvenciones millonarias al servicio del adoctrinamiento
Entre las entidades beneficiarias destaca el Ateneo de Madrid, de clara tradición masónica, que recibirá 300.000 euros para promover su programa ‘El Ateneo en la Memoria’. Este espacio se dedicará a la promoción y difusión de la llamada “memoria democrática”.
Además, la Diputación de Cuenca recibirá 100.000 euros para desarrollar un centro de interpretación de la ‘Guerrilla Antifranquista’. Similar cuantía será entregada al Cabildo Insular de Fuerteventura, destinado a la musealización de la Colonia Penitenciaria de Tefía.
Llama especialmente la atención la concesión de 155.000 euros a la Fundación Pedro Zerolo, una entidad del destacado homosexual cuyo vínculo con la memoria histórica parece cuanto menos cuestionable, pero que se alinea políticamente con el discurso gubernamental. También se otorgan 100.000 euros a la Amical de Mauthausen, 80.000 euros a la Fundación Gregorio Peces-Barba y 30.000 euros al Ayuntamiento de Guernica-Luno.
El Gobierno, al igual que las dictaduras, promueve “su verdad única y oficial”
Es evidente que estas subvenciones no buscan rescatar la historia, sino cimentar un relato ideológico. la del Frente Popular, la del socialismo-comunismo que trajo ciento de miles de víctimas en la Guerra Civil y con verdaderos genocidios como el de Paracuellos.
La memoria histórica, en este marco, se convierte en una herramienta de adoctrinamiento y manipulación. No hay lugar para el debate académico ni para las investigaciones independientes; solo se apoya a quienes difundan la narrativa oficial y única así como a aquellos cómplices que la transiten y difunden,
Un modelo de censura institucionalizada
Esta política de subvenciones no es un hecho aislado, sino la continuación de un plan sistemático. En una primera fase, el objetivo fue cancelar y censurar a aquellas universidades, historiadores e instituciones que ofrecían una visión crítica o plural. Ahora, la estrategia ha evolucionado hacia la promoción de aquellas entidades cómplices que sirven como altavoz del adoctrinamiento gubernamental.
Este enfoque recuerda a las dictaduras comunistas, donde las instituciones culturales son cooptadas para consolidar una única versión de la historia. Al igual que entonces, las subvenciones públicas se utilizan no para fomentar la verdad, sino para consolidar el control ideológico, manipulador y adoctrinante.
La amenaza a la pluralidad y la verdad histórica
El caso de la Fundación Pedro Zerolo es especialmente revelador. ¿Qué papel desempeña esta fundación del activista homosexual en la recuperación de la memoria histórica? La respuesta parece evidente: su inclusión en el listado de beneficiarios responde más a su alineación ideológica que a cualquier contribución real al debate histórico.
Del mismo modo, el masónico Ateneo de Madrid, con su programa centrado en la “memoria democrática”, se presenta como un instrumento para reforzar la narrativa gubernamental, relegando al ostracismo cualquier visión que no encaje con la agenda oficial.
La ley memoria histórica – o democrática- es una herramienta política al servicio del adoctrinamiento y la manipulación. El Gobierno ha pasado de silenciar y censurar la verdad a subvencionar generosamente a aquellos que se pliegan a su discurso sectario.
Mientras las subvenciones sigan premiando la obediencia ideológica, el debate académico quedará relegado, y las generaciones futuras serán educadas no en la verdad, sino en un relato sesgado que refuerza la agenda del poder socialista-comunista.
Sánchez ha convertido esta ley en la ley de la manipulación histórica
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