La Asociación de Abogados del Estado por el Estado de Derecho, una nueva agrupación nacida como reacción crítica frente al uso partidista que el Gobierno de Pedro Sánchez está haciendo de la institución, han tomado una decisión firme.

En un acuerdo al que ha tenido acceso IEN, esta asociación ha solicitado al actual fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que contrate a un letrado particular para que lo represente, en lugar de utilizar a los servicios jurídicos del Estado para defenderse en la causa del Tribunal Supremo.

Los miembros de esta asociación profesional exponen de manera clara que los servicios jurídicos del Estado no deberían encargarse de la defensa de García Ortiz en esta causa. Argumentan que las funciones del fiscal general del Estado no abarcan actividades como la emisión de notas de prensa relacionadas con el objeto de la investigación, lo que, según ellos, constituye una actuación de carácter personal, y no institucional.

 
 
 
 Acuerdo firmado por la Asociación de Abogados del Estado por el Estado de Derecho.

Los abogados firmantes destacan que, según el artículo 82.1 del Real Decreto 1057/2024, que regula el funcionamiento de la Abogacía General del Estado, así como la Ley 52/1997 de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, la intervención de la Abogacía del Estado en la defensa de sus miembros solo procede cuando los procedimientos judiciales se refieren a actos u omisiones directamente relacionados con el ejercicio de sus funciones.

En este caso, los hechos que están siendo investigados no se refieren a un acto cometido en el marco de sus funciones oficiales, sino a una conducta personal que, según los abogados del Estado consultados, debe ser defendida por un letrado privado.

Además, explican que el artículo 124 de la Constitución Española, que regula las competencias del Ministerio Fiscal, no incluye la responsabilidad de emitir notas de prensa sobre asuntos en curso de investigación, un detalle que, según la asociación, refuerza aún más su posición.

El hecho de que García Ortiz haya hecho esta comunicación pública no solo no es, en su opinión, parte de sus funciones como fiscal general, sino que lo ha hecho a título personal, lo que justifica que su defensa «sea asumida por un abogado de libre designación».

Por tanto, los abogados del Estado se alinean con la idea de que el fiscal general debería asumir los costes de su propia defensa, dado que los hechos que se le imputan son, según su criterio, completamente ajenos a las funciones propias de su cargo. 

Si el proceso contra García Ortiz sigue adelante, los querellantes podrían reclamar una indemnización económica, lo que implicaría una responsabilidad civil subsidiaria por parte de la Fiscalía General del Estado y, en última instancia, del Estado como administración pública.

Esta responsabilidad civil podría suponer un importante perjuicio económico para el erario, algo que estos abogados consideran inaceptable, dado que, en su opinión, la emisión de notas de prensa no forma parte de las funciones que corresponden al fiscal general.

 Por otro lado, también ha llamado la atención un aspecto particularmente extraño en el caso de Álvaro García Ortiz: el abogado del Estado que actualmente defiende al fiscal general en la causa que instruye el Tribunal Supremo ni siquiera se atreve a firmar los escritos presentados en su nombre.

En lugar de firmar los documentos, estos aparecen con la rúbrica genérica de «el abogado del Estado». Este hecho ha sido calificado como inusual e incluso paradójico, lo que refleja la complejidad y la controversia que este caso ha generado.

 Escrito firmado por el abogado del Estado que representa a Álvaro García Ortiz.
Esta asociación ha firmado el citado acuerdo porque su objetivo es devolver la imagen de la que gozaba la institución y, sobre todo, «explicar a la opinión pública que hay muchos abogados del Estado que no están de acuerdo con el uso que se está haciendo desde el Ejecutivo de la Abogacía del Estado».

Lucharán contra el corporativismo y criticarán la postura que, en los últimos años, está adoptando la Abogacía del Estado. Y lo hacen porque creen que «la asociación mayoritaria, la Asociación Profesional de Abogados del Estado (APAE), no van a plantar cara, porque perderían los convenios firmados que suponen un plus económico».

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La presidenta de esta asociación sindical, Lucía Pedreño, ha manifestado a TO que «no tienen que plantar cara al Ejecutivo porque no entra dentro de sus fines asociativos». En un escrito, que difundió ante varios abogados del Estado, aseguraba: «La Asociación de Abogados del Estado ha dicho lo que tenía que decir ante quien tenía que decirlo, pero no lo publicamos porque nos debemos a los principios de neutralidad política, legalidad y lealtad».

Sin embargo, abogados del Estado en ejercicio –y en excedencia– se pusieron en contacto con este periódico para corroborar el uso partidista que se está haciendo de la institución mientras los representantes sindicales «miran hacia otro lado». Tanto es así «que, a veces, ni se atreven a firmar los escritos de defensa de las personas a las que se les encomienda defender».  

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