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Renfe, una de las empresas públicas más estratégicas del país, vuelve a estar en el ojo del huracán. El nombramiento de Ismael Bosch como consejero de Renfe Viajeros, oficializado el pasado 12 de agosto en el Registro Mercantil, ha provocado un aluvión de críticas por el evidente trasfondo político de la operación. El nuevo consejero no es un experto en transporte ferroviario, ni un gestor de reconocida trayectoria empresarial, sino un viejo conocido del ministro Óscar Puente, con quien comparte una larga relación política y personal.
De community manager a consejero de Renfe
Bosch, politólogo vallisoletano y militante histórico del PSOE de Castilla y León, fue durante años responsable de redes sociales del Ayuntamiento de Valladolid bajo el mandato de Puente como alcalde. Más tarde, dio el salto a un puesto de mayor relevancia al convertirse en jefe de gabinete de Puente, cargo que desempeñó hasta 2019. Desde entonces, ha seguido orbitando en torno a la política socialista, con un perfil más orgánico que técnico.
Su designación como consejero de Renfe Viajeros supone un salto sin precedentes en su carrera: de manejar cuentas en redes sociales y coordinar gabinetes políticos, pasa a ocupar un asiento en el órgano de dirección de la empresa pública ferroviaria que mueve a millones de pasajeros al año y gestiona miles de millones de euros.
El PSOE, dueño y señor de Renfe
El caso de Bosch no es aislado, sino un eslabón más en una cadena de nombramientos de íntimos colaboradores del PSOE en las grandes empresas públicas. Con Renfe bajo la órbita directa del Ministerio de Transportes, Puente ha optado por premiar la lealtad política por encima de la experiencia técnica o la meritocracia.
La llegada de Bosch refuerza la idea de que Renfe se ha convertido en un cortijo al servicio del Gobierno, donde el criterio profesional se ve relegado por la conveniencia partidista. El consejo de Renfe Viajeros debería estar formado por especialistas en transporte, ingeniería, movilidad sostenible o gestión empresarial. En su lugar, se abre hueco a un perfil cuya trayectoria está ligada casi en exclusiva a la militancia socialista y al aparato político del partido en Castilla y León.
Una empresa en crisis, sin soluciones reales
El momento no puede ser más inoportuno. Renfe se enfrenta a una crisis de credibilidad marcada por retrasos, averías y una creciente presión competitiva tras la liberalización del sector ferroviario en España. Compañías como Iryo y Ouigo han entrado en el mercado con propuestas más ágiles y económicas, obligando a Renfe a reaccionar para no perder cuota de mercado.
En este contexto, el fichaje de un exresponsable de redes sociales se percibe como un despropósito mayúsculo. Mientras los usuarios exigen puntualidad, modernización e inversiones en mantenimiento, el Gobierno responde colocando a un aliado político en la cúpula.
Puente, más preocupado por la propaganda que por la gestión
El nombramiento de Bosch revela la obsesión de Óscar Puente por rodearse de un círculo de confianza que prioriza la comunicación política y el control del relato frente a la gestión real de los problemas. Bosch, experto en propaganda digital y estrategia partidista, representa exactamente eso: el predominio de la imagen sobre la sustancia.
No es casual que su trayectoria esté marcada por el manejo de redes sociales y la disciplina orgánica dentro del PSOE. La apuesta de Puente es clara: convertir a Renfe no en una empresa pública eficiente, sino en una herramienta más de propaganda gubernamental.
Un patrón de enchufismo
La incorporación de Bosch al consejo de Renfe Viajeros es un ejemplo de manual de enchufismo político, práctica que se ha convertido en una constante en el mandato de Puente. La fórmula es siempre la misma: antiguos colaboradores, asesores, jefes de gabinete o militantes destacados del partido encuentran acomodo en organismos y empresas públicas, blindando así una red de poder al servicio del ministro.
Para la oposición y para buena parte de la opinión pública, se trata de una colonización política de las instituciones, en la que la cercanía personal y partidista pesa más que los méritos profesionales.
El precio lo pagan los ciudadanos
Al final, las consecuencias de estos movimientos recaen sobre los usuarios y contribuyentes. Mientras Renfe sufre averías, retrasos y una competencia cada vez más feroz, su consejo se llena de cargos políticos reciclados que difícilmente aportarán soluciones técnicas.
Cada asiento en el consejo de administración es una oportunidad para incorporar perfiles que sumen en experiencia, conocimiento y gestión. Sin embargo, con nombramientos como el de Bosch, Renfe sigue alejándose de ese objetivo y profundizando en la desconfianza ciudadana hacia las empresas públicas.
Renfe, rehén del PSOE
El nombramiento de Ismael Bosch no es un hecho aislado ni anecdótico: es la constatación de una manera de gobernar. Bajo el mando de Óscar Puente, Renfe corre el riesgo de convertirse en un feudo partidista, donde la lealtad política vale más que la competencia profesional.
España necesita una Renfe fuerte, moderna y eficiente para competir en el mercado europeo del transporte ferroviario. Lo que ha conseguido Puente, en cambio, es alimentar la sospecha de que las empresas públicas no están al servicio de los ciudadanos, sino del partido en el poder.
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