Sus vulneraciones de la ley le han obligado a pagar diferentes multas a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), así como a hacer frente a recargos por ingresar el importe de estas sanciones con retraso
Nacional18 de diciembre de 2024
Impacto España Noticias
Suele ser normal que al inicio de los nuevos ciclos se levanten las alfombras y allí se encuentren asuntos peliagudos.
Uno de los primeros que ha hallado el equipo de José Pablo López tras su toma de posesión en Radiotelevisión Española tiene que ver con el denominado Proyecto HAZ, financiado con fondos NextGen, y el cual no se ha ejecutado de la forma prevista.
Este plan estaba dotado con 76,9 millones de euros y debía desarrollarse entre 2023 y 2025. Contemplaba una serie de actividades académicas en el Instituto RTVE -su centro de formación- que debían formar en competencia digitales a 40.800 alumnos.
Eso implicaba la puesta a punto de una infraestructura y la realización de unos trámites burocráticos que no se han hecho como es debido. Tal es así que la corporación ha tenido que devolver 29,4 millones de euros por haber sido incapaz de cumplir con los objetivos. Así se lo comunicó el pasado noviembre al Ministerio de Cultura, según han explicado fuentes de la corporación.
Pero eso no acaba ahí, dado que la radio-televisión pública ha tenido que afrontar un pago extraordinario de 1,3 millones de euros en concepto de costes financieros relacionados con esa partida. Es decir, ese dinero saldrá de sus arcas para asumir los gastos de un proyecto que no ha desplegado.
El convenio para la recepción de estos fondos se rubricó con José Manuel Pérez Tornero en la presidencia de la corporación y Miquel Iceta como titular del departamento de Cultura.
La idea era la de dividir este plan en distintos 'micro-proyectos' -adjudicados a través de diferentes contratos- que sirvieran para desplegar las citadas actividades de formación. El problema es que RTVE se vio desbordada a la hora de desplegar este plan, lo que retrasó o directamente imposibilitó su puesta en marcha.
Uno de los factores que dificultó su éxito fue el que obligaba a la corporación a aportar el 50% de los recursos humanos que se utilizaran durante el despliegue de este programa.
Al final, se vio incapaz, lo que llevó a su expresidenta interina, Elena Sánchez, a pedir al Gobierno que modificara el Real Decreto (RD 219/22) que regulaba HAZ para poder aspirar a alcanzar los objetivos.
Un proyecto fallido
Cabe precisar que los casi 77 millones de este plan se debían destinarse a la creación de una plataforma de enseñanza a distancia; a la contratación de profesores y especialistas; y a la producción de contenidos audiovisuales formativos. Entre las principales adjudicatarias de los servicios externalizados se encuentra la empresa Mediapro.
Una vez devueltos los 30 millones de euros y pagado el 'castigo' de 1,3 millones por la mala gestión de estos fondos europeos, realizada por sus predecesores, el equipo de José Pablo López deberá analizar el nivel de cumplimiento de los objetivos previstos en las partes de HAZ que sí se han puesto en marcha, exponen fuentes internas.
Sea como sea, no es la única irregularidad de este tipo que se ha producido en la corporación durante los últimos años. Sus vulneraciones de la ley le han obligado a pagar diferentes multas a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), así como a hacer frente a recargos por ingresar el importe de estas sanciones con retraso.
También excedió el presupuesto del contrato de su agencia de viajes -adelantado en exclusiva por este periódico hace varios meses- y se enfrentó a una fuerte polémica por los gastos excesivos de sus antiguos directivos en determinados conceptos, desde en viajes hasta en comidas. Esto último generó una fuerte polémica en su Consejo de Administración.
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