La voracidad del Gobierno de Pedro Sánchez parece no tener límites, y el año 2025 llegará con un incremento impositivo que gravará aún más los bolsillos de las familias y las cajas de las empresas. En total, casi 18.000 millones de euros en nuevas cargas fiscales y cotizaciones sociales se sumarán al ya desorbitado peso impositivo que soporta la ciudadanía.

Según datos de la OCDE, España cerró 2023 con una presión fiscal del 37,3% del PIB, colocándose entre los países donde más ha aumentado la fiscalidad en los últimos años.

Desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa en 2018, se han implementado o aumentado 93 impuestos. Estas medidas han tenido un impacto acumulado de casi 42.000 millones de euros entre 2019 y 2023, lo que equivale a 2.200 euros por hogar. A esta cifra hay que sumar los 7.000 millones adicionales previstos para 2025, lo que supone una media de 371 euros más por hogar, según cálculos del Instituto Juan de Mariana.

Año nuevo, impuestos nuevos
El 1 de enero de 2025 traerá consigo subidas garantizadas en productos y servicios esenciales. Entre ellas, destaca el aumento del precio del aceite, la basura, los coches eléctricos, la luz y los productos de ahorro.

Además, se creará un nuevo gravamen para los fabricantes de cigarrillos electrónicos, se eliminarán las ayudas fiscales para obras de mejora energética en los hogares y se estudia la posibilidad de aplicar el IVA al alquiler turístico.

El impacto en productos básicos será especialmente notable. El aceite de oliva subirá un 4%, el pan un 7% y el aceite de girasol podría experimentar incrementos similares. En cuanto a la energía, el precio de la luz podría escalar hasta un 21%, mientras que el gas sigue al alza desde octubre debido a la presión de los mercados primarios.

Una agenda que prioriza intereses globalistas
Lejos de redundar en beneficios para los ciudadanos, este aumento de la carga fiscal parece destinado a financiar la implementación de una agenda globalista y sectaria, así como a satisfacer los chantajes de los partidos nacionalistas que sostienen al Ejecutivo.

Las familias y empresas se ven cada vez más ahogadas por unas políticas que no atienden a sus necesidades reales, mientras el Gobierno prioriza proyectos ideológicos y compromisos internacionales que generan más división que prosperidad.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, justifica estas medidas como una forma de garantizar la sostenibilidad económica y responder a las exigencias de la Comisión Europea en materia de control del gasto. Sin embargo, las constantes subidas de impuestos no solo afectan la economía de las familias, sino que también desincentivan la inversión y perjudican la competitividad empresarial.

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¿Hacia dónde vamos?
España se encuentra en un momento crítico. Con una economía lastrada por la inflación y una presión fiscal que no deja de aumentar, la perspectiva para 2025 es sombría. Mientras tanto, el Gobierno continúa buscando nuevas formas de recaudar a costa de los ciudadanos, sin ofrecer soluciones claras a los problemas estructurales que afectan al país.

La pregunta que muchos se hacen es: ¿hasta cuándo podrá el Ejecutivo sostener este modelo impositivo sin provocar un estallido social? Lo cierto es que el panorama para los próximos meses parece cada vez más incierto.

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