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En los últimos cinco años, las fuerzas policiales de Inglaterra y Gales han emitido simples advertencias a 45 musulmanes adultos por violación y a 1.585 personas por agresión sexual, según un informe publicado por The Mirror.
Estas cifras han generado indignación pública y numerosos cuestionamientos sobre cómo se manejan los casos de delitos sexuales en el país.
Las advertencias también se extendieron a delitos como exposición indecente, con 745 adultos y 185 menores amonestados por este motivo.
Las advertencias son sanciones utilizadas por las fuerzas del orden en casos en los que los infractores admiten su culpabilidad. Una vez aceptada la advertencia, los culpables deben registrarse en el Registro de Delincuentes Sexuales.
Un portavoz de la policía de Thames Valley, responsable de emitir advertencias a nueve hombres por violación, explicó que estas medidas se adoptan en casos específicos. Entre las circunstancias contempladas se encuentran delitos históricos, situaciones en las que tanto la víctima como el agresor son menores, o casos en los que llevar el asunto a juicio podría no ser lo mejor para la víctima.
«En estos escenarios, las decisiones suelen tomarse en consulta con la víctima y con la autorización del Servicio de Fiscalía de la Corona», indicó el portavoz.
La policía enfatizó que estas decisiones están sujetas a un proceso de validación interna y deben cumplir las directrices del Ministerio de Justicia.
Según Thames Valley, «la gravedad del delito no es el único factor considerado», ya que también se analizan las circunstancias específicas y el interés público. La fuerza policial afirmó que su compromiso es actuar con firmeza frente a delincuentes peligrosos y buscar la acusación formal cuando sea apropiado.
Sin embargo, este uso de advertencias por delitos sexuales graves ha generado controversia, ya que muchos consideran que puede enviar un mensaje de indulgencia hacia los agresores.
El debate se intensifica cuando se observa el número significativo de menores implicados, tanto de víctimas como de infractores, y la percepción de que estas medidas pueden ser insuficientes para abordar el problema de fondo.
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