Españoles por el futuro ha remitido una carta al Presidente del Tribunal Supremo con el siguiente contenido íntegro:

Durante el mes pasado hemos remitido varias denuncias a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que acreditan que estamos en una situación de emergencia y que tanto el Gobierno como el Congreso de los Diputados están fuera de la ley y sus actividades deben ser detenidas.

Las denuncias en cuestión son las siguientes:

15.1.2025, denuncia contra el Fiscal General del Estado y otros por encubrir varias denuncias sistémicas:
Contra los cinco presidentes del Gobierno del PPSOE (PP+PSOE), varios ministros, gobernadores del Banco de España, secretarios generales de los dos sindicatos de clase, CEOE y otros, por sustituir la economía de mercado por la ECONOMÍA DE LA CORRUPCIÓN, acreditado en el documento Growing Like Spain del Banco de España, que es la causa de la decadencia española acreditada con documentación oficial en www.decadencia.es, liderando la mayoría de las peores estadísticas europeas.

Además de eliminar la economía de mercado, el PPSOE ha robado más de 10 billones de euros, tomando como referencia el citado documento del Banco de España, según el cual robaron una media de un 13,72% del PIB entre 1995 y 2007, creciendo este megarobo un 0,8% anual.

Fraude en las Elecciones Generales de 2023, preparado por la funcionaria CARMEN LÓPEZ GARCÍA, Directora General de Política Interior.

Fraude en las Elecciones Europeas de 2024, realizado por la funcionaria MIREYA CORREDOR LANAS, Subdirectora General de Política Interior y Procesos Electorales.

Genocidios de 2020, medidas contra la pandemia y terapias génicas (vacunas COVID-19), acreditados por el informe del Congreso estadounidense del 3.12.2024. Las timovacunas han causado millones de efectos adversos graves en Estados Unidos, incluyendo decenas de miles de asesinados.

En España se oculta todo, pero la madre de Marzal fue una de las asesinadas porque éste no pudo evitar las dos primeras inyecciones de su madre
23.1.2025, denuncia contra los 350 Diputados por la tramitación de la Ley de Amnistía y de la Ley de protección contra el acoso judicial, Ley de Impunidad o Ley Begoña.

Denuncias por tener dos cargos incompatibles: miembro del Gobierno y Diputado, violando la Constitución y la Ley del gobierno:

27.1.2025, denuncia contra el Presidente Sánchez, varios de sus ministros y la eurodiputada Irene Montero.
30.1.2025, denuncia contra 4 miembros de Podemos, en los Juzgados de Instrucción de Madrid.
3.2.2025, denuncia contra Rajoy y varios de sus ministros en los Juzgados de Instrucción de Madrid.

Denuncias ante la Junta Electoral Central por los fraudes electorales de 2023, basadas en mis escritos que fueron firmados por hasta 10 asociaciones. Entregadas en 2024 a las dos técnicas de la OSCE.
Borradores de próximas denuncias:

Gobiernos de Felipe González (sin finalizar).
Gobiernos de Aznar.
Gobiernos de Rodríguez Zapatero.

A la vista de las denuncias anteriores, todas acreditadas con documentación oficial que solo requiere su comprobación, y la situación de acelerada decadencia, agravada por la destrucción institucional y social a la que nos lleva el Gobierno actual, con la absoluta complicidad del Congreso de los Diputados, el Tribunal Supremo debe acordar un estado de excepción judicial con la suspensión de toda actividad parlamentaria y del Gobierno de España, así como la declaración de ilegalidad y consecuente disolución de las referidas bandas criminales que tienen como prioridad el saqueo de España:

PSOE, PP, Podemos y Sumar. Además, deben revisarse las denuncias contra Vox, asumiendo que probablemente sea otra banda criminal, al objeto de ilegalizarla.

Sánchez excluye a Cataluña del reparto de 4.500 menas por toda España

Entendemos que debe ser la Sala especial del Tribunal Supremo establecida en el artículo 61 de la LOPJ.

Los delitos denunciados son flagrantes y la deriva totalitaria del poder legislativo y del poder ejecutivo desde 2020 es absoluta. A mayor abundamiento, se aportan mis denuncias remitidas simultáneamente a la Comisión Europea y al Tribunal Supremo sobre los primeros años de Gobierno del Presidente Sánchez, entendiendo que el Ministerio de Justicia impidió que llegaran las mismas a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

Hemos remitido estas denuncias a las asociaciones judiciales y policiales, así como a la Presidenta del CGPJ.

El poder judicial debe cumplir la ley y asumir su función social de control de la METAMAFIA POLÍTICA, aprovechando que estas denuncias acreditan la situación y piden estas acciones extremas para impedir el triunfo de la corrupción sistémica y que los españoles vivamos cada día peor

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