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Polémica por la Adjudicación Directa de un Contrato de 1,7 Millones de Euros para la Expo de Osaka
El Gobierno de España se encuentra en el centro de la controversia tras la adjudicación directa de un contrato valorado en 1.753.059 euros a la empresa GL Events Japan KK and Profil.
Este contrato, destinado a los servicios operativos del pabellón de España en la Exposición Universal de Osaka 2025, ha generado críticas debido a la falta de un proceso de licitación competitivo.
Adjudicación antes del Plazo de Ofertas
Acción Cultural Española (AC/E), la entidad pública responsable de gestionar la participación de España en la Expo, aprobó la adjudicación el 26 de noviembre de 2024, casi dos meses antes de la fecha límite de presentación de ofertas, prevista para el 21 de enero de 2025.
Esta decisión ha levantado sospechas sobre la transparencia y equidad del proceso, suscitando inquietudes en el sector empresarial y político.
Una Entidad en el Punto de Mira
AC/E, presidida por el socialista José Andrés Torres Mora, exjefe de gabinete del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, ya había sido objeto de escrutinio por su gestión financiera. En 2023, registró un déficit de diez millones de euros, a pesar de lo cual distribuyó 120.000 euros en dietas entre los miembros de su Consejo de Administración.
El socialista José Andrés Torres Moracon, con un sueldo de 132.200 euros anuales, su gestión está en el punto de mira por el déficit que esta entidad tiene año tras año. Como ya ha publicado este periódico, en 2023 perdió diez millones de euros y, aun así, repartió 120.000 euros entre los miembros de su Consejo de Administración.
Un Presupuesto Millonario
El presupuesto total destinado por el Gobierno para la participación de España en la Expo de Osaka asciende a 50.650.600 euros. Esta cifra incluye la construcción del pabellón, el desarrollo de contenidos, el funcionamiento y la programación, además del IVA correspondiente.
Falta de Respuesta Oficial
Hasta el momento, AC/E no ha emitido un comunicado oficial sobre las críticas relacionadas con esta adjudicación, lo que ha intensificado la controversia y aumentado las exigencias de explicaciones por parte de distintos sectores políticos y económicos.
Esta situación plantea serias dudas sobre las prácticas de contratación en proyectos de gran envergadura y la necesidad de garantizar la transparencia en el uso de fondos públicos.
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