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Acusaciones de instrumentalización del tribunal con fines políticos, especialmente por parte de la oposición, que denuncia que el Gobierno de Sánchez ha conseguido un órgano constitucional a su medida, hacen legal lo ilegal
Nacional09 de febrero de 2025La actual composición del Tribunal Constitucional, con una mayoría progresista favorable al Gobierno de Pedro Sánchez y controlado por este, ha generado un intenso debate en el ámbito jurídico y político español.
Cada vez son más las voces que advierten de una tendencia del alto tribunal a actuar como una instancia correctora de las decisiones del Tribunal Supremo, lo que plantea dudas sobre la separación de poderes y el equilibrio institucional en España.
Resoluciones Polémicas
En los últimos meses, el Tribunal Constitucional ha emitido varias resoluciones que han revertido o cuestionado fallos del Tribunal Supremo en asuntos de gran calado, como librar de sentencias a los ERE socialistas de Andalucia. Esto ha llevado a que sectores de la judicatura y de la oposición acusen al tribunal de responder a intereses políticos, más que a criterios estrictamente jurídicos.
Entre las decisiones más controvertidas se encuentran la anulación de condenas y resoluciones en causas relacionadas con dirigentes independentistas y miembros del Gobierno. Estos fallos han generado un fuerte malestar en el ámbito judicial, con magistrados del Supremo alertando sobre el riesgo de que el Tribunal Constitucional termine por deslegitimar sus propias funciones.
La Influencia del Gobierno en el Constitucional
Desde la renovación del Tribunal Constitucional, su composición ha quedado inclinada hacia una mayoría progresista alineada con el Ejecutivo.
Esta situación ha provocado acusaciones de instrumentalización del tribunal con fines políticos, especialmente por parte de la oposición, que denuncia que el Gobierno de Sánchez ha conseguido un órgano constitucional a su medida, hacen legal lo ilegal.
El control del Tribunal Constitucional por parte del bloque progresista ha llevado a que sus resoluciones sean vistas, en algunos casos, como una forma de corregir decisiones judiciales que no favorecen al Gobierno. Esto ha llevado a un choque institucional sin precedentes entre el Supremo y el Constitucional, generando incertidumbre en el sistema judicial español.
Reacciones en el Ámbito Judicial y Político
El sector judicial ha mostrado su preocupación por esta dinámica. Algunos magistrados del Supremo han expresado su inquietud ante la posibilidad de que el Tribunal Constitucional se convierta en un órgano de revisión ideológica de sus fallos, lo que socavaría la independencia judicial.
En el plano político, la oposición ha denunciado una deriva peligrosa en el Estado de derecho y ha pedido reformas para garantizar que el Tribunal Constitucional no actúe como un instrumento del Ejecutivo. Mientras tanto, desde el Gobierno y sectores afines se defiende la actuación del tribunal como un contrapeso necesario frente a lo que consideran una judicatura demasiado conservadora.
Conclusión
La actual situación del Tribunal Constitucional y su relación con el Tribunal Supremo plantea serias dudas sobre la separación de poderes en España. La percepción de que el alto tribunal está actuando como una corrección política del Supremo puede erosionar la confianza en el sistema judicial y agravar la polarización institucional.
A medida que se sucedan nuevas resoluciones en casos sensibles, el debate sobre el papel y la independencia del Tribunal Constitucional seguirá estando en el centro de la actualidad política y jurídica del país.
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