La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha admitido que no informó al Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana sobre su capacidad limitada para monitorizar el 50% de los caudales en el barranco del Poyo.

Esta omisión ha generado preocupación tras las inundaciones del 29 de octubre de 2024, que dejaron un saldo de 227 víctimas mortales.

Así, lo han manifestado fuentes de la propia Generalitat, que han agregado que la citada Confederación, «siendo conocedora de estos problemas, aún así decidió por la mañana avisar de la subida súbita de caudales y por la tarde no avisar hasta que circulaban 1.700 m3/s».

Según las mismas fuentes, «lo peor» es que «reconociendo que sólo se contabilizan la mitad de caudales, dato que conocemos ahora y que en ningún momento se transmitió a emergencias, quiere decir que en vez de 1.700 m3/s es posible que circulara el doble: 3.400 m3/s».

La jueza Nuria Ruiz Tobarra, encargada de investigar los hechos, ha resaltado la "palmaria ausencia" de alertas a la población, sugiriendo que una mejor comunicación podría haber evitado muchas de las muertes. La falta de información y la obsolescencia del sistema de monitoreo han sido puntos clave en la investigación judicial en curso.

Otro dato relevante citado por las fuentes es que recuerdan que el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) es un sistema de observación que data de hace 36 años. En concreto, de 1989. Y que los trabajos para su implantación comenzaron en 1985. Es decir, tres años después de otra tragedia, la de la rotura de la presa de Tous.

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El Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la CHJ, encargado de supervisar los caudales, fue instalado en abril de 1989 tras la catástrofe de Tous. A pesar de ser pionero en su momento, expertos señalan que no se encuentra adaptado a las necesidades actuales de vigilancia y prevención.

La falta de comunicación efectiva y la dependencia de un sistema de monitoreo anticuado han sido factores determinantes en la crisis. Las autoridades continúan investigando responsabilidades y posibles mejoras en los protocolos de emergencia para evitar tragedias similares en el futuro.

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