Hurtado indicó en un auto el pasado martes que es una «evidencia» que García Ortiz «ha hecho desaparecer pruebas que podrían encontrarse en sus terminales móviles»
Corrupción27 de febrero de 2025
Impacto España Noticias
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha indicado al Tribunal Supremo (TS) que desde que se produjo la presunta filtración contra Alberto González Amador, el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha recibido dos teléfonos móviles, uno de los cuales reseteó una semana después de que el Alto Tribunal le encausara, sin que haya devuelto ningún terminal.
Un oficio de la Benemérita ha respondido al encargo efectuado por el instructor del caso, el magistrado Ángel Hurtado, para averiguar cuántos terminales ha recibido el fiscal general desde que sucedieron los hechos por los que se le investiga, cuántos ha devuelto, si alguno ha sido formateado y por quién.
Hurtado indicó en un auto el pasado martes que es una «evidencia» que García Ortiz «ha hecho desaparecer pruebas que podrían encontrarse en sus terminales móviles». El magistrado señaló que «carece de relevancia penal que un investigado llegue a hacer desaparecer pruebas que le puedan incriminar; pero que, así sea, tampoco se debe ignorar que no tenga incidencia en el desarrollo de una instrucción penal».
Además, el juez del Alto Tribunal ha rechazado este miércoles los recursos presentados por el máximo representante del Ministerio Público y de la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, acercándolos definitivamente al banquillo por un presunto delito de revelación de secretos.
El magistrado considera que existen «elementos indiciarios suficientes» para atribuirles la filtración a un medio de comunicación de datos personales reservados de González Amador.
La investigación se centra en la filtración a la Cadena SER, ocurrida el 13 de marzo de 2024 a las 23:51 horas, de información contenida en un correo electrónico del 2 de febrero que recogía «datos personales tan íntimos y privados».
El juez Hurtado desestima el argumento de la defensa que apuntaba a que dicho correo fue remitido a una cuenta genérica de la Fiscalía de Delitos Económicos, considerando que lo determinante son los indicios que apuntan directamente a los investigados.
«No es asumible la hipótesis de acudir a la mera posibilidad abstracta de que un indeterminado número de personas pudieran ser autores de la ilícita filtración que se investiga, cuando lo actuado permite concretar la implicación en ella de los investigados», señala taxativamente el auto, rechazando lo que considera un intento de «desviar el foco de atención».
Respecto a la fiscal provincial de Madrid, el magistrado destaca «la relevante participación que tuvo para hacer llegar, en la noche del día 13, el correo litigioso» hasta García Ortiz.
Además, menciona un mensaje de WhatsApp enviado a las 00:25 horas del día 14 en el que Rodríguez Fernández respondía al fiscal general haciendo referencia a «un poquito de cianuro» que quedó con ganas de incorporar a la nota informativa difundida posteriormente.
En cuanto a García Ortiz, el juez subraya «los indicios que apuntan al interés que mostró por hacerse con el correo de 2 de febrero de 2024» y que, «cinco minutos después, inmediatamente de ‘cerrar el círculo’, aparezca filtrado su contenido en un medio de comunicación».
Esta secuencia temporal es considerada por el instructor como un indicio relevante que apunta a que el fiscal general «pudo ser, al nivel indiciario propio del momento en que se encuentra la causa, quien lo filtrase».
La resolución también rechaza los reproches formulados por los recurrentes sobre lo que consideraban una inadecuada valoración de testimonios prestados en la causa, tanto por fiscales y periodistas como por el director de gabinete de la presidenta madrileña.
El juez establece una clara diferenciación entre lo que denomina una «filtración subrepticia» del correo del 2 de febrero y la «divulgación autorizada» del contenido de otro correo del 12 de marzo.
«Una cosa era la divulgación consentida del correo de 12 de marzo de 2024, que no supone quiebra alguna sobre la confidencialidad, y otra completamente distinta la filtración del contenido de los datos personales de un ciudadano, que no lo autoriza», argumenta Hurtado.
El auto incide en que «el hecho nuclear de este delito consiste en revelar un secreto o información confidencial» y que «las negociaciones habidas entre Fiscal y abogado defensor es material sensible y, en atención a su contenido, ha de pasar por criterios de confidencialidad, que, si se quiebran, pueden entrañar una importante merma para el derecho de defensa».
En este sentido, recuerda que existe «una variada normativa que impone, expresamente, un deber de reserva y confidencialidad al Ministerio Fiscal, y que, presumiblemente, no ha sido observada por los recurrentes, en la medida que, indiciariamente, han podido filtrar el correo de 2 de febrero de 2024».
Por otra parte, el magistrado rechaza las alegaciones sobre la existencia de un juicio paralelo contra los investigados, explicando que todas sus decisiones se han adoptado con base en el material incorporado a las actuaciones.
¿Conoces algún hecho irregular que quieres que investigue y cuente Impacto España Noticias? Escribe a [email protected]
Comparte en Redes Sociales
Apoya el periodismo independiente y crítico
Evite la censura de Internet suscribiéndose directamente a nuestro canal de Telegram, Newsletter
Haz tu Donación
Síguenos en Telegram: https://t.me/impactoespananoticias
Whassapt Impacto España: https://chat.whatsapp.com/DkvQU3OzEzz1Ih524CPUd7
Twitter: https://twitter.com/impactoSumustv
Instagram: https://www.instagram.com/impactoespana?r=nametag
YOUTUBE:https://youtube.com/@impactoespananoticias
Odysee: https://odysee.com/@impactoespa%C3%B1anoticias:a
WhatsApp: 635967726
La información se desprende de documentación administrativa correspondiente a diversos ejercicios presupuestarios, que incluye decenas de mandamientos de pago por servicios de comunicación, publicidad institucional, patrocinios y trabajos editoriales
La Fiscalía de la Audiencia Nacional puede recurrir aunque su opinión no es vinculante. Por lo tanto, si el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional no lo impide, Txeroki podrá disfrutar de la libertad entre semana desde este lunes
El ‘caso mascarillas’ investiga presuntas irregularidades en contratos de suministro sanitario adjudicados durante los peores meses de la crisis del COVID-19. La investigación trata de determinar si existieron sobreprecios, intermediaciones opacas o posibles delitos de malversación y corrupción
Ha dicho que "no puedo saber" si las saunas del suegro de Pedro Sánchez financiaron las primarias porque, "nunca hablé de financiación". Sánchez, sin embargo, explica en su libro que cuando la gestora del PSOE pidió explicaciones por esa financiación, les remitió a Santos Cerdán y Salazar
De acuerdo con su versión, Félix Bolaños habría promovido un ofrecimiento económico “muy importante” con una condición clara: que Víctor de Aldama dejara de hablar
Los pagos se habrían producido en el marco de una relación mercantil entre la empresa Análisis Relevante y Whatefav, la agencia creativa vinculada profesionalmente a las hijas del exmandatario socialista
Se dice que se ha presentado la querella sin poderes bastantes de los diez querellantes, la mitad de ellos ni siquiera tenían poderes especiales para interponer la querella. La querella la firman tres conocidos abogados del PSOE
En las elecciones municipales de 2019, Santaolalla ocupó el puesto 22 en la candidatura del PSOE al Ayuntamiento de Salamanca. En 2023, volvió a figurar en las listas socialistas, esta vez en la posición 12 de la lista encabezada por José Luis Mateos
“La soledad afectiva es un veneno lento: priva a la vida de su sentido y convierte los años en un insomnio prolongado” Erik H. Erikson, 1982, p. 210.
En su querella sostienen que existen indicios de que el desprendimiento no fue un episodio inevitable «de causa meteorológica extrema». Todo lo contrario. Consideran que fue un riesgo previsible que podría haberse evitado con un mantenimiento adecuado
Además de este requisito, y el de acreditar la residencia legal y efectiva en España en el último año, también se deben cumplir otros como la necesidad de demostrar de encontrarse en una situación de vulnerabilidad económica, presentando el patrimonio neto, los activos no societarios
