Cabe destacar que, precisamente, las actas de las mesas electorales son las que no se abren en las JEPs, incumpliendo la ley, facilitando el fraude electoral informático denunciado en 2023 y en 2024
Opinion 28 de febrero de 2025 Javier Marzal
En 2023, La Asociación Plataforma Elecciones Transparentes (APET), reunió a otras 10 organizaciones del sector social para vigilar y denunciar los dos procesos electorales de ese año.
Tuvo mucha repercusión en medios alternativos el informe pericial de una de estas asociaciones, realizado por su Presidente Gabriel Araújo que recogía las pruebas aportadas por la movilización realizada por este grupo de asociaciones.
Este Informe se incorporó a una serie de denuncias ante la Junta Electoral Central (JEC), sobre las numerosas irregularidades investigadas por Javier Marzal que también fue el redactor de las mismas.
En la segunda denuncia presentada el 20 de julio de 2023, se dijo que: “La segunda irregularidad consiste en que no se hagan públicas todas las actas de las mesas electorales, impidiendo que cualquier ciudadano compruebe la coincidencia de los datos de las actas con los resultados oficiales”.
Al día siguiente se denuncia que: “La entrada de los resultados es manual en lugar de ser automatizada mediante la digitalización (escaneo) de las actas electorales, con la intención de que se produzcan fallos humanos o manipulaciones intencionadas”.
La Junta Electoral Central reaccionó mediante su acuerdo 544 del 23 de julio de 2023, que tiene como asunto: “recordatorio a las Juntas Electorales de la forma de proceder para la realización del escrutinio general con motivo de las elecciones generales de 23 de julio de 2023”. Se incluía jurisprudencia judicial sobre el incumplimiento de la ley y se decía:
“Este recordatorio es particularmente oportuno tras a experiencia de las pasadas elecciones locales y autonómicas”, acreditando, una vez más, la omisión de los deberes de la Administración Electoral de garantizar los procesos electorales.
Como resultado una minoría de magistrados de las JEPs cumplieron la legalidad en las elecciones generales de 2023.
El 17 de mayo de 2024, APET y Javier Marzal denunciaron en la Fiscalía General del Estado a los funcionarios del Ministerio del Interior que habían preparado los fraudes electorales de 2023.
El 29 de mayo de 2024, APET y Javier Marzal solicitaron a la JEC que, ante la proximidad de las Elecciones Europeas iniciaran un procedimiento sancionador contra los 150 magistrados de las Audiencias Provinciales y los 100 profesores universitarios que conformaron las 50 Juntas electorales Provinciales, por no realizar los escrutinios generales conforme a la legalidad, omitiendo su deber de garantizar los procesos electorales y sus resultados, pero cobrando generosamente por ese trabajo.
El 30 de mayo de 2024, dos expertas extranjeras de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) mantuvieron una entrevista con APET, a la que Javier Marzal no pudo asistir aunque preparó junto con el Presidente de APET la misma.
Las expertas se escandalizaron y reconocieron que no sabían nada de las irregularidades electorales mencionadas. El 14 de junio de 2024, se remitieron las denuncias antes la JEC a las dos expertas de la OSCE, pidiendo que modificaran su informe sobre las elecciones de 2023.
El 1 de junio de 2024, Javier Marzal remitió estas denuncias a la Comisión Europea, a 40 eurodiputados, a la patronal europea Business Europe y a 35 oficinas de las patronales empresariales europeas.
Dos días después, Javier Marzal remitió un mensaje al Consejo General del Poder Judicial, a los Tribunales Superiores de Justicia y a la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas – CRUE, pidiendo que se iniciara un expediente sancionador contra los 250 miembros de las JEPs referidos.
En el Acuerdo 4 del 30 de enero de 2025 de la JEC que tiene por Objeto: “sobre el procedimiento de acceso público a los datos relativos al escrutinio realizado por las mesas electorales”, se dice: “recientemente las juntas electorales han comenzado a recibir, de personas o entidades, solicitudes de acceso documental al acta de sesión de las mesas electorales […] invocando los derechos que se reconocen por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Estas peticiones se han ido resolviendo de forma muy diversa, y han puesto de manifiesto un doble orden de problemas”.
Se añade: “Ante esta situación, la Junta Electoral Central, el 17 de octubre de 2024, se dirigió al Ministerio del Interior planteándole la posibilidad de adoptar las medidas necesarias en orden a que los ciudadanos que lo deseen puedan tener acceso de forma sencilla y efectiva a las actas de las mesas electorales de cada proceso electoral, procediendo a su digitalización o adoptando cualquier otra medida que considerase oportuna.
Mediante escrito de 22 de noviembre, la Dirección General de Política Interior dio respuesta al referido escrito, poniendo de relieve las dificultades que una posible digitalización como la sugerida podía tener, no solo por el volumen de la documentación, que debería ser objeto de tratamiento en cada proceso electoral (en torno a 120.000 documentos en el caso de las elecciones generales) sino también por los problemas estructurales y logísticos que puede plantear su realización y administración por órganos temporales sin medios propios, como son las juntas electorales provinciales y de zona”.
Tras una serie de aspectos legales, en el último párrafo se concluye: “en su reunión del día de la fecha, ha acordado reiterar al Ministerio del Interior la conveniencia de proceder a la digitalización de las actas de sesión de las mesas electorales y su posterior acceso público por cualquier persona interesada”.
Precisamente, CARMEN LÓPEZ GARCÍA, Directora General de Política Interior, es la que fue denunciada ante la Fiscalía General del Estado y la Unión Europea por preparar un sistema informático para los fraudes electorales en 2023.
Cabe destacar que, precisamente, las actas de las mesas electorales son las que no se abren en las JEPs, incumpliendo la ley, facilitando el fraude electoral informático denunciado en 2023 y en 2024.
Españoles por el futuro está preparando nuevas acciones ante la negativa del Ministerio del Interior.
El trabajo de Españoles por el futuro va a impedir que se siga viviendo cada día peor, mientras los políticos viven cada día mejor y al margen de la ley, como todas las mafias. Acabarán en prisión decenas de políticos, lanzando un poderoso mensaje al mundo entero.
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