Durante la pandemia de COVID-19, el mundo fue testigo de decisiones sin precedentes en los sistemas de salud. Una de las más controvertidas fue la implementación de protocolos de triaje por parte del gobierno de Sanchez, una práctica utilizada en situaciones de emergencia para asignar recursos médicos de manera eficiente.

Sin embargo, en muchos casos, estos protocolos generaron dilemas éticos, políticos y sociales que aún resuenan en la actualidad.

Ha sido la única enfermedad por la que el gobierno pagaba a los hospitales por los enfermos covid, muchos morían por otras causas, sin embargo, daban muertes por covid para cobrar.

​Durante la pandemia de COVID-19, se implementaron medidas para financiar la atención sanitaria, incluyendo pagos específicos a hospitales por la atención de pacientes con COVID-19. Por ejemplo, en Cataluña, el Decreto-ley 12/2020, de 10 de abril, estableció compensaciones económicas para hospitales por la atención a pacientes con COVID-19, con importes que variaban según la gravedad y el tipo de atención requerida. ​

EL VIDEO DE LA MUERTE 

En resumen, aunque se establecieron compensaciones económicas para la atención de pacientes con COVID-19, no hay pruebas oficiales de que se hayan manipulado las causas de muerte para obtener beneficios económicos.

La Justificación Médica del Triaje

El triaje es un procedimiento utilizado en medicina de emergencia para clasificar a los pacientes según la gravedad de su condición y la probabilidad de supervivencia con tratamiento.

En un contexto de colapso hospitalario, el gobierno justifico su aplicación alegando que los recursos debían destinarse a quienes tenían mayores probabilidades de recuperación. Así, los pacientes con mejor pronóstico recibían prioridad en el acceso a camas de UCI y respiradores.

Sin embargo, esta lógica, aunque médica en apariencia, expuso profundas desigualdades en el acceso a la salud. Personas mayores, pacientes con enfermedades preexistentes o con discapacidades se vieron desproporcionadamente afectados, muchas veces privados de atención hospitalaria bajo el argumento de que su recuperación era menos probable.

Discriminación Sanitaria y Eugenesia Encubierta
Si bien los gobiernos defendieron estos protocolos como una medida pragmática, sus efectos en la población plantearon serias preocupaciones éticas. En países como Italia y España, se reportaron casos de personas mayores a las que se les negó el acceso a respiradores simplemente por su edad.

En Estados Unidos y algunos países de América Latina, comunidades marginadas fueron desproporcionadamente afectadas por decisiones de triaje que priorizaron a quienes tenían acceso más rápido a los hospitales.

Esto llevó a muchos críticos a cuestionar si, en la práctica, estas políticas se convirtieron en una forma encubierta de eutanasia, donde ciertos grupos fueron descartados en favor de otros. ¿Hasta qué punto las decisiones médicas se vieron influenciadas por criterios sociales, económicos y políticos? ¿No es acaso peligroso normalizar la idea de que algunas vidas valen más que otras en tiempos de crisis?

El Rol del Estado y la Falta de Transparencia
Uno de los problemas más graves durante la pandemia fue la falta de transparencia en la toma de decisiones. En muchos países, los criterios de triaje se implementaron sin consulta pública ni supervisión independiente. Esto abrió la puerta a abusos y decisiones arbitrarias que, en algunos casos, fueron impugnadas en tribunales de justicia.

Además, la falta de inversión en sistemas de salud dejó a muchos países sin capacidad para responder adecuadamente a la crisis. En lugar de asumir la responsabilidad de fortalecer el sistema sanitario, algunos gobiernos se escudaron en la narrativa de la "inevitabilidad" del triaje, evitando así su responsabilidad en la negligencia estructural que llevó a los hospitales al colapso.

Lecciones para el Futuro
La pandemia dejó lecciones dolorosas que no pueden ser ignoradas. Si bien es cierto que en situaciones de crisis se deben tomar decisiones difíciles, también es fundamental que estas se realicen bajo principios de equidad, transparencia y respeto por la dignidad humana.

No se puede permitir que, en futuras emergencias, la respuesta sanitaria sea decidir quién merece vivir y quién no con base en criterios arbitrarios o discriminatorios.

El debate sobre la gestión de la pandemia no debe cerrarse. Es necesario que la sociedad exija rendición de cuentas a los gobiernos y que se promuevan políticas públicas que garanticen el acceso equitativo a la salud en cualquier circunstancia. La vida de cada individuo debe ser valorada por igual, sin importar su edad, condición médica o estatus social.

En última instancia, la verdadera medida de una sociedad no es cómo trata a sus ciudadanos en tiempos de normalidad, sino cómo responde en tiempos de crisis. Y en este aspecto, muchos gobiernos fallaron rotundamente.

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