La Ley General Tributaria permite hacer dotaciones extraordinarias con fondos de contingencia sin necesidad de PGE
El Gobierno abandona a los enfermos de ELA
Cinco meses después de la entrada en vigor de la Ley ELA, el Gobierno de Pedro Sánchez sigue negando la financiación necesaria para que la norma sea efectiva. Sin dinero la ley es papel mojado. Mientras tanto, el número de fallecidos por esta terrible enfermedad sigue creciendo, superando ya las 450 personas desde la aprobación de la ley.
Todo ello bajo el pretexto burdo y falaz de que sin Presupuestos Generales del Estado (PGE) no pueden destinar ni un euro a esta causa. Sin embargo, la realidad demuestra que voluntad política no hay, y las prioridades del Ejecutivo socialcomunista están claras: millones para la agenda internacional y migajas -cuando las hay- para los enfermos españoles.
Excusas burdas
La justificación oficial esgrimida por el Gobierno llegó en respuesta escrita a una pregunta parlamentaria. En ella, el Ejecutivo asegura que la financiación de la Ley ELA está condicionada a la aprobación de los PGE:
«Para poder implementar todas las líneas de trabajo que van encaminadas a reforzar e impulsar el Sistema Nacional de Salud (SNS), se está en proceso de elaboración de la futura Ley de presupuestos generales del Estado».
El descaro del Ejecutivo resulta insultante si tenemos en cuenta que el pasado 22 de enero, la ministra de Sanidad, Mónica García, anunció un «apoyo financiero sin precedentes» a la Organización Mundial de la Salud (OMS) con una transferencia de 60 millones de euros.
La pregunta es inmediata: ¿cómo es posible que no haya dinero para salvar vidas en España, pero sí para financiar organismos internacionales? La respuesta es clara: no es cuestión de dinero, es cuestión de voluntad política.
La Ley General Tributaria permite realizar dotaciones extraordinarias con fondos de contingencia o créditos extraordinarios sin necesidad de aprobar los PGE.
Es decir, el Gobierno puede financiar la Ley ELA si realmente quisiera hacerlo. Pero prefiere mirar hacia otro lado mientras las familias de los enfermos se arruinan asumiendo unos costes imposibles que superan los 114.000 euros anuales por paciente en fase avanzada, según la Fundación Luzón.
En este contexto, Fernando Martín, presidente de ConELA, fue rotundo: «Queremos que la ley se cumpla. Es una exigencia, no una petición, porque la ley ya está en el BOE y se tiene que cumplir». Y añadió, en sintonía con el Partido Popular, que «aunque no haya nuevos Presupuestos para 2025, la ley se debe financiar económicamente, ya que hay otros mecanismos para ello, como planes estratégicos, de choque o los fondos Next Generation».
La cifra que demandan las asociaciones de afectados oscila entre 184 y 230 millones de euros para cubrir los costes directos que las familias asumen cada año. Mientras tanto, el Gobierno sigue lanzando balones fuera, permitiendo que cada semana mueran enfermos de ELA abandonados a su suerte.
¿Estamos ante un caso de homicidio voluntario por omisión?
La pregunta es pertinente cuando el Estado tiene la capacidad de actuar y salvar vidas, pero decide no hacerlo. La realidad es que cuando un Gobierno tiene el dinero y los mecanismos legales para ayudar y, sin embargo, se niega, está tomando una decisión consciente y deliberada de dejar morir a sus ciudadanos más vulnerables.
La Ley ELA, aprobada tras dos años y medio de bloqueo en el Congreso, entró en vigor el 1 de noviembre de 2024.
Desde entonces, todo sigue igual. Solo promesas vacías mientras las familias desesperan y los enfermos mueren. La ELA afecta a unas 4.000 personas en España, con 900 nuevos casos cada año. Una enfermedad cruel que consume a sus víctimas en tres o cuatro años. ¿Cuántos más tendrán que morir antes de que este Gobierno actúe?
La conclusión es contundente: dinero hay, voluntad política no. Si el Ejecutivo de Pedro Sánchez decide seguir financiando a la OMS, a la agenda globalista y a sus chiringuitos ideológicos mientras da la espalda a los enfermos de ELA, los españoles debemos llamar a las cosas por su nombre: esto no es una negligencia, es un homicidio por omisión.
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