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Hazte Oír apunta a Sofía Puente por la ley de nietos. La asociación que preside Ignacio Arsuaga ha presentado una querella contra la hermana del ministro Óscar Puente por un presunto delito de prevaricación cuando ocupaba el cargo de directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública.
Los querellantes sostienen que la dirigente socialista, que ocupa ahora otro alto cargo en el Ministerio de Justicia que lidera Félix Bolaños, aplicó y alteró la Ley de Memoria Democrática mediante una instrucción administrativa que amplió el derecho a adquirir la nacionalidad a descendientes de españoles nacidos fuera del país, cuando inicialmente estaba destinado a quienes sufrieron exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación sexual. En su opinión, se han realizado «nacionalidades masivas en fraude de ley».
La querella contra Sofía Puente, relata que durante la tramitación parlamentaria se rechazaron múltiples enmiendas que intentaron extender el derecho a obtener la nacionalidad a todos los emigrantes, con independencia de la causa de su salida del territorio nacional. El documento original solo comprendía otorgar la nacionalidad a los descendientes de aquellos que habían tenido que abandonar España por «razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación sexual».
El Gobierno introdujo modificaciones a través una instrucción para matizar las condiciones para obtener la nacionalidad. El texto, firmado por Sofía Puente, amplió el espectro. «Se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955», reza la enmienda. Eso supone que, desde enero de 1956 a la entrada en vigor de la Constitución se debe «acreditar la condición de exiliado».
Hazte Oír, que ejerce la acusación popular en casos que cercan al Gobierno, sostiene que la ley exige probar la causa de la pérdida o renuncia de nacionalidad, mientras que la instrucción exime de esa acreditación y la sustituye por la mera salida del territorio nacional en unas fechas determinadas. En su opinión, la modificación de Sofía Puente amplió el derecho a los emigrantes económicos a pesar de que se habían rechazado todas las enmiendas en su recorrido parlamentario de forma exprés.
«La instrucción no interpreta la ley; la reescribe. Y la reescribe mediante un artificio gramatical que es, por sí mismo, expresión cualificada de la conciencia con que se actúa: para sostener la lectura alternativa de la instrucción necesita romper la sintaxis del precepto, separar lo que el legislador unió y unir lo que el legislador separó. Esa opción, requerida para llegar al resultado pretendido, acredita el carácter deliberado del apartamiento de la ley», insiste la querella.
La asociación destaca que la instrucción que firmó Sofía Puente ha permitido «nacionalidades masivas en fraude de ley» mediante los Registros Civiles Consulares de la red diplomática española, que han tramitado y resuelto favorablemente centenares de miles de expedientes de adquisición de nacionalidad española de descendientes de emigrantes que, «en ningún caso», han acreditado de forma personalizada haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación sexual.
«La querellada era plenamente consciente de que el Parlamento acababa de rechazar, que era exactamente lo que ella estableció pocos días después por la sola virtud de su firma», insiste Hazte Oír. La asociación recuerda en su escrito, de 34 páginas, que según datos del Ministerio de Justicia se han aprobado más de 545.000 expedientes, muchos de ellos en base a la instrucción de Sofía Puente.
Una de las objeciones que pone Hazte Oír es que Sofía Puente «amplió ilegalmente» los requisitos para conseguir la nacionalidad española de los descendientes el 25 de octubre de 2022, solo cinco días después de que la ley se publicara en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Los letrados de la asociación consideran «materialmente imposible que en cinco días» se elaborase, deliberase, informase, redactase, supervisara y aprobara un texto de 18 páginas con sus directrices interpretativas y sus modelos formularios.
Hazte Oír defiende que la instrucción que firmó Sofía Puente se elaboró antes de que se publicase la ley, lo que acreditaría «la decisión de ampliar ilegalmente su contenido» y que se trataría de una «operación planificada» por el Gobierno.
La asociación presentó la querella a última hora de este martes en los juzgados de la madrileña Plaza de Castilla al entender que la querellada, pese a ser fiscal, no goza de aforamiento porque los hechos denunciados se produjeron en el desempeño de su cargo político. En noviembre de 2023 ascendió a secretaria general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia.
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