En un hecho sin precedentes en los últimos 45 años, el Congreso de los Diputados ha vetado las enmiendas introducidas por el Senado en la ley de desperdicio alimentario. Esta decisión ha generado una fuerte reacción política y ha abierto un debate sobre la relación entre ambas cámaras y el equilibrio de poderes en el proceso legislativo español.

Origen del Conflicto
El Senado, donde el Partido Popular (PP) cuenta con mayoría absoluta, introdujo modificaciones en la ley de desperdicio alimentario. Entre las enmiendas destacadas se encontraban la aplicación de tipos reducidos de IVA a ciertos alimentos y la exclusión del lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.

Sin embargo, la Mesa del Congreso, controlada por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y sus aliados, decidió vetar estas modificaciones argumentando que habían sido previamente rechazadas y que su inclusión afectaría los Presupuestos Generales del Estado.

Reacciones Políticas
El PP ha calificado la decisión del Congreso como un "atropello parlamentario" y ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de querer anular la función revisora del Senado. Como respuesta a esta medida, el PP y Junts per Catalunya cambiaron su voto a última hora y rechazaron la ley para la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, a pesar de haberla apoyado en un principio.

Por su parte, el Gobierno y sus aliados han defendido la decisión del Congreso, argumentando que el Senado no puede utilizar su mayoría para modificar leyes de forma contraria a los acuerdos previamente establecidos en la Cámara Baja. Además, sostienen que algunas de las enmiendas afectaban cuestiones presupuestarias, lo que justificaba su veto.

Por primera vez en Democracia, el Congreso de los Diputados ha sorteado unas enmiendas procedentes del Senado, impidiendo su debate y posterior votación. "Una decisión en contra de la doctrina del Tribunal Constitucional y del criterio del secretario general de la Cámara y que nunca se había producido en casi 50 años", resume el Partido Popular. 

El embrollo se empezó a fraguar el martes, cuando la Mesa presidida por Francina Armengol -a petición del Gobierno- suprimió algunas de las modificaciones que PP, ERC y Junts habían introducido en la Cámara Alta al Proyecto de Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, que este jueves concluyó el trámite parlamentario para su publicación en el BOE.  

Implicaciones y Consecuencias
Este enfrentamiento institucional evidencia la creciente polarización política en España y plantea interrogantes sobre el papel del Senado en el sistema legislativo. La controversia ha reabierto el debate sobre si la Cámara Alta debería ser reformada para evitar bloqueos o conflictos de este tipo en el futuro.

Nada más arrancar el Pleno, el portavoz Miguel Tellado lo intentó una vez más y, con el Reglamento en la mano, pidió la palabra. A regañadientes, el número dos del Congreso, se la concedió.

"En base a una cuestión de orden, en base al artículo 72.2 y en base al artículo 68.1, usted sabe que desde el grupo parlamentario popular hemos presentado un escrito en la tarde de ayer y hemos elevado una solicitud de alternación del orden del día...", pero no pudo completar su exposición porque Gómez de Celis le cortó el micrófono. "Muy bien, señoría, le he entendido". 

Acto seguido, se desató una tremenda bronca en la bancada popular, con todos los diputados dando golpes en sus escaños y coreando a puro grito: "¡Reglamento! ¡Reglamento! ¡Reglamento!". El vicepresidente respondió con amenazas y llamó al orden hasta en dos ocasiones a Tellado. La tercera, implicaba la expulsión. En el Hemiciclo se llegó a escuchar: "¡Dictadura!". 

Además, la tensión entre el Congreso y el Senado podría afectar la tramitación de futuras leyes y dificultar la gobernabilidad, especialmente en un contexto donde las mayorías parlamentarias son frágiles y dependen de acuerdos entre múltiples fuerzas políticas.

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De ahí el empeño que el Gobierno ha puesto en frenar su aprobación con una maniobra que, a ojos del mismo secretario general del Congreso, Fernando Galindo -en su día promocionado por Armengol-, es inconstitucional. De hecho, las críticas al golpe de mano de Armengol también provienen de filas socialistas. En conversación con un senador destacado del PSOE reconoce que se trata de una cacicada: "Lo que se ha hecho es ilegal". 

Conclusión
El veto de enmiendas del Senado por parte del Congreso ha marcado un hito en la historia parlamentaria española y ha puesto en el centro del debate el equilibrio de poderes entre ambas cámaras. A medida que se desarrollen los acontecimientos, será clave observar cómo esta disputa influye en la dinámica política y en la futura aprobación de leyes en el país.

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