Impacto España Noticias
Una agenda impuesta, no elegida
Mientras los agricultores españoles se arruinan bajo el peso de regulaciones inasumibles, la coalición PP-PSOE sigue adelante con la implantación de la agenda globalista del Pacto Verde, sin atender el clamor de quienes trabajan la tierra ni del tejido industrial. La imposición no se detiene: Bruselas aprieta, España obedece.
La responsable de esta deriva, la socialista Teresa Ribera, la que dicen que es la principal peón de Soros en España, e incluso jefe en la sombra de Sánchez- en su papel de vicepresidenta de la Comisión Europea para una Transición Limpia, ha vuelto a reafirmar su compromiso ideológico con el Pacto Verde, calificándolo como una herramienta “positiva para la economía” y asegurando que ha sido “un motor de modernización”.
Costes desorbitados para el campo y la industria
La realidad sobre el terreno es bien distinta. Lejos de impulsar el crecimiento, esta agenda globalista ideológica y burocrática ha sumido al sector primario en una asfixia normativa y económica que ya deja miles de explotaciones cerradas, agricultores arruinados y empresas industriales atrapadas en un pantano de exigencias.
La socialista Teresa Ribera ha reconocido que la carga regulatoria se ha disparado: “a veces podemos entrar en reglamentos muy pormenorizados que pueden suponer demasiadas obligaciones de información para las empresas”.
La misma comisaria ha admitido que estas políticas han incrementado los costes administrativos hasta representar el 1,3% del PIB comunitario, lo que equivale a 150.000 millones de euros. Una cifra que debería encender todas las alarmas.
Sobrerregulación suicida frente a una competencia global
El eurodiputado español Martín Frías del Grupo Patriotas por Europa lo ha dejado claro: la Unión Europea está legislando contra su propia competitividad. “Esta sobrecarga regulatoria permite a la competencia reducir la productividad y aumentar los costes para las empresas”, ha señalado. Y ha añadido un dato demoledor:
“En los últimos cinco años, mientras Estados Unidos promulgó 3.500 leyes y 2.000 resoluciones, la Unión Europea aprobó 13.000 normas”.
No se trata de proteger el medio ambiente. Se trata de una imposición ideológica globalista que convierte al agricultor en sospechoso y al empresario en delincuente. Cada norma es una traba, cada regulación es una barrera para producir.
¿Por qué no parar si ya se reconoce el fracaso?
Desde la Eurocámara, se ha cuestionado a Ribera por su incoherencia tras la aprobación de la propuesta Stop the Clock, que busca suspender temporalmente nuevas regulaciones derivadas del Pacto Verde. La pregunta es tan obvia como contundente:
“¿Qué ha cambiado para que ahora sea urgente paralizar unas legislaciones que ustedes aprobaron? ¿Y si no es bueno para ahora, por qué no derogarlo?”.
Pero no hubo respuesta clara. Solo evasivas. Solo más doctrina verde. En lugar de rectificar, Teresa Ribera se refugia en conceptos como la “taxonomía verde”, una herramienta que clasifica las actividades económicas según su impacto ambiental, sin importar si son sostenibles desde el punto de vista económico o social.
PP y PSOE, al servicio de Bruselas y no del campo
Lo más grave es que esta agenda no es exclusiva del PSOE. Ha sido respaldada y promovida también por el Partido Popular y por los liberales europeos.
En otras palabras: PP y PSOE han unido fuerzas en la ejecución de un plan globalista que estrangula al campo español y a nuestra industria, en lugar de defender nuestros intereses nacionales.
Mientras tanto, las protestas agrícolas se multiplican por toda Europa. Pero la casta política, parapetada en Bruselas y en los despachos ministeriales, sigue mirando hacia otro lado, obsesionada con cumplir directrices ajenas antes que con proteger al productor nacional.
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