Mientras el agua anegaba barrios enteros, los ríos se desbordaban y varias comunidades lloraban a sus muertos, Pedro Sánchez miraba hacia otro lado.
Con una frialdad que hiela más que la gota fría, el presidente del Gobierno no solo fue incapaz de tomar el mando ante una catástrofe que superaba el ámbito autonómico, sino que además tuvo el descaro de cargar la culpa sobre los hombros de otros. En este caso, sobre Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana.
Pero los hechos son tozudos. La DANA no afectó exclusivamente a la Comunidad Valenciana. Hubo víctimas mortales también en Madrid, Castilla-La Mancha y Murcia. El carácter interterritorial y la gravedad de la emergencia obligaban al Gobierno central a asumir la coordinación nacional, algo que no solo no hizo, sino que evitó deliberadamente.
Y no solo se trató de una reacción tardía: la tragedia se venía gestando desde mucho antes. Las políticas ambientales impulsadas desde el Gobierno, bajo la batuta del Ministerio para la Transición Ecológica, contribuyeron directamente a agravar los efectos de la DANA.
La controvertida “ley de la huerta”, junto con la destrucción de presas y la falta de construcción de nuevas infraestructuras hidráulicas en la Comunidad Valenciana, convirtieron zonas vulnerables en trampas mortales. Las presas salvan vidas. Pero el ecologismo de salón ha impuesto una visión dogmática que, en nombre de lo "verde", condena a muchos al desastre.
¿Y dónde estaban los altos cargos del Gobierno encargados de gestionar estas emergencias? De viaje. Teresa Ribera, vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, estaba en Bruselas, más preocupada por asegurarse un puesto como vicepresidenta europea que por atender la devastación que ocurría en su propio país. La indiferencia no fue solo simbólica: fue real, palpable y letal.
Para colmo, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ya había anunciado con antelación que a las seis de la tarde disminuiría la intensidad de las lluvias. Esa previsión no fue aprovechada por el Gobierno para coordinar evacuaciones, asegurar infraestructuras o al menos preparar un dispositivo de respuesta contundente. Si sabían que lo peor pasaría, ¿por qué no actuaron con previsión? Porque, simplemente, no estaban.
Y como guinda al desprecio institucional, el propio presidente del Gobierno llegó a decir —con total falta de empatía— que "si Valencia necesitaba más recursos, que los pidiera". ¿De verdad eso es lo que se espera de un jefe de Estado ante una emergencia nacional?
Que las comunidades afectadas mendiguen ayuda mientras él reparte culpas? Esa actitud no es solo indolente: es indigna. Es la prueba de que para Sánchez, la gobernabilidad está supeditada al cálculo político y la propaganda.
Pero lo más grave no es solo el abandono en esta ocasión: es que no es la primera vez. Pedro Sánchez ha convertido la desidia ante las tragedias en una costumbre. Ya ocurrió con el terremoto de Lorca, donde las ayudas tardaron años en llegar.
Lo vimos con el volcán de La Palma: promesas grandilocuentes, focos, abrazos... y después, olvido. Y ahora vuelve a repetirse con la DANA. Abandonó a los murcianos, a los palmeros, a los lorquinos… y hoy vuelve a dejar solos a los valencianos, a los manchegos, a todos los que sufrieron una emergencia nacional sin Estado.
La Ley del Sistema Nacional de Protección Civil establece claramente que cuando una emergencia afecta a más de una comunidad autónoma, el Gobierno de España debe asumir el liderazgo. Pedro Sánchez no solo no lideró: desapareció.
Se escudó en competencias autonómicas para eludir una responsabilidad que era ineludible. Mientras Protección Civil, bomberos y ciudadanos se dejaban la piel, el Gobierno respondía con silencio y tuits. En lugar de helicópteros, propaganda. En lugar de acción, cálculo político.
Además, se ha señalado que Pedro Sánchez, en plena pandemia, decidió cerrar Madrid sin consultar a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y tomó el control directo de la situación, saltándose las competencias autonómicas.
En contraste, durante la crisis de la DANA, Sánchez se escudó en las competencias autonómicas, evitando asumir una responsabilidad directa por la gestión y reconstrucción de las áreas afectadas. Esto ha generado aún más descontento, al percibirse como una doble moral en la actuación del Gobierno
Lo que ocurrió no fue solo una crisis meteorológica. Fue una crisis provocada por la suma de negligencia, sectarismo ideológico y ambición personal. España no necesita más “relatos”, necesita responsabilidad. Y la de Pedro Sánchez, en esta tragedia, es tan evidente como imperdonable.
Mazón no estuvo a la altura en un momento en que se requería liderazgo y responsabilidad. Su falta de previsión y de reacción ante los hechos demuestra una grave incompetencia.
Además, hay que señalar con firmeza que colocar a políticos en puestos técnicos, sin la preparación adecuada, tiene consecuencias graves. Este tipo de decisiones acaba derivando en desgracias como esta, que se cobran vidas. La política no puede seguir jugando con la seguridad de las personas.
El presidente Pedro Sánchez prometió en 2024 y principios de 2025 un paquete de ayudas millonarias para los afectados por la DANA en Valencia, incluyendo hasta 16.600 millones de euros. Sin embargo, varios meses después de la catástrofe, solo se ha abonado una pequeña parte de esas ayudas, alrededor del 7,88% de las solicitudes, lo que ha generado críticas por la lentitud en su ejecución.
A pesar de las promesas y el compromiso del gobierno, los pagos han sido muy retrasados, y algunos políticos, como el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, han criticado la falta de transparencia y el incumplimiento de los plazos. Además, el Gobierno aún no ha solicitado oficialmente el Fondo de Solidaridad de la UE, lo que ha alimentado aún más la controversia.
Para empeorar la situación, se ha revelado que el PSOE pagó para criticar a Mazón en redes sociales, algo que muchos consideran imperdonable, especialmente siendo el partido que ostenta el poder y debería estar centrado en atender las necesidades de los afectados, Sanchez utiliza a los fallecidos para recuperar el gobierno en Valencia.
Por otro lado, varias de las asociaciones creadas para gestionar las ayudas y la reconstrucción tras la DANA están dirigidas por políticos de Compromís, lo que ha generado controversia sobre la posible politización de las ayudas.
Estas asociaciones han protagonizado manifestaciones contra el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, pero no han dirigido ninguna protesta hacia Pedro Sánchez, lo que ha llevado a muchos a cuestionar si realmente están buscando soluciones para los afectados o si su enfoque está más centrado en intereses partidistas, protegiendo al Gobierno central en lugar de exigir responsabilidades.
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