Teresa Ribera, atrapada en el fango de las riadas de Valencia: negligencia, opacidad y huida hacia adelante

La catástrofe provocada por las riadas del 29 de octubre de 2024 ha desbordado mucho más que cauces fluviales: ha dejado en evidencia un sistema de gestión ineficaz, una cadena de decisiones negligentes y, en el centro del huracán, a la actual vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera. Lo que empezó como un episodio de lluvias torrenciales ha acabado por convertirse en un escándalo político y judicial de primer nivel.

La Confederación Hidrográfica del Júcar, un organismo sin rumbo
La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), bajo la tutela directa del Ministerio para la Transición Ecológica que dirigía Ribera, ha sido señalada por una larga lista de fallos, omisiones y decisiones inexplicables:

Retrasos inadmisibles: La CHJ tuvo conocimiento del desbordamiento del barranco del Poyo a las 18:00, pero no avisó a Emergencias hasta 43 minutos después. Una eternidad cuando el agua ya arrasaba Paiporta.
Un apagón informativo intolerable: Entre las 16:13 y las 18:43, en pleno auge de la riada, la CHJ no compartió información relevante con los servicios de emergencia. Mientras tanto, sus propios técnicos sí estaban recibiendo alertas internas. El caos se gestionó en silencio.

Un único sensor en todo el barranco del Poyo: A pesar de ser uno de los puntos más sensibles del sistema hidráulico de la comarca, el barranco del Poyo contaba únicamente con un sensor operativo. Un solo ojo para vigilar a un monstruo que ya había mostrado sus colmillos en 2007.

Fuga de agua desde el embalse de Forata: La liberación de 7.000 millones de litros de agua, aunque necesaria para evitar una rotura mayor, se hizo sin notificar correctamente a los municipios que terminaron bajo el agua. Resultado: muertos, daños y una descoordinación criminal.

Cauces abandonados por la burocracia verde: La obsesión del ministerio de Ribera por la protección medioambiental impidió el desbroce del barranco del Poyo. Municipios multados por limpiar sus cauces terminaron inundados. La naturaleza protegida se convirtió en una trampa mortal.

La Ley de la Huerta, una trampa legal firmada por PSOE y Compromís: Esta norma, vendida como una medida ecológica y patrimonial, impuso limitaciones severas a la limpieza y mantenimiento de barrancos y ríos en la zona periurbana de Valencia. En la práctica, impidió actuaciones preventivas fundamentales. Lo que se protegió en papel, se perdió en barro.

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Sistema de monitoreo débil y desfasado: La propia CHJ reconoció ante la juez que su infraestructura de datos era "muy vulnerable". ¿Cómo es posible que en plena era digital se dependa de correos electrónicos y no de alertas en tiempo real?

Ribera: ausente, reactiva y con el foco en Bruselas
Teresa Ribera no solo fue la máxima responsable política del desastre, sino que además optó por desaparecer durante los momentos más críticos. No dio la cara en público hasta diez días después. Solo cuando la presión política se volvió insoportable, compareció en el Congreso.

Mientras Valencia sufría, Ribera preparaba su ascenso a Bruselas. Su actitud fue la de quien prefiere mirar hacia otro lado y soltar responsabilidades en lugar de asumirlas. Culpó a la Generalitat Valenciana, alegando que la protección civil era competencia autonómica, como si eso la eximiera de liderar una respuesta eficaz.

Pedro Sánchez y el cálculo político de la omisión
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también tiene su parte de responsabilidad. Era su competencia activar el Plan Nacional de Protección Civil, especialmente cuando la magnitud de las lluvias y los daños superaban claramente el ámbito autonómico.

No solo la Comunidad Valenciana se vio afectada: hubo víctimas mortales en otras regiones y miles de familias desplazadas. Aun así, Sánchez optó por no declarar la emergencia nacional. Fue, claramente, un cálculo político de un presidente sin escrúpulos, que prefirió evitar el desgaste mediático y presupuestario antes que asumir el mando ante una crisis humanitaria. Dejó que las autonomías se enfrentaran solas a una catástrofe que pedía coordinación y liderazgo estatal.

Decisiones pasadas que anticipaban el desastre
En 2021, Ribera y Ximo Puig paralizaron las obras de encauzamiento del barranco del Poyo por "falta de presupuesto". Esa obra pudo haber salvado vidas. Pero no solo eso: la vigilancia del barranco fue adjudicada a una empresa con una oferta sospechosamente baja, y un mes antes de las riadas, se contrató un seguro de responsabilidad civil para los directivos de la CHJ. ¿Prevención o premonición de problemas legales?

¿Una comisaria europea bajo sospecha?
La tormenta no ha parado en España. El escándalo ha cruzado fronteras. En el Parlamento Europeo, Ribera fue interpelada por eurodiputados del Partido Popular Europeo y cuestionada por su idoneidad para ocupar un puesto clave en la Comisión.

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¿Puede una comisaria europea que no supo gestionar una crisis nacional dirigir la transición verde del continente? El apoyo de Ursula von der Leyen a su nombramiento ha quedado tocado. Forzar su dimisión sería políticamente arriesgado, pero el coste de mantenerla también crece con cada revelación judicial.

Una confianza pública arrasada
Más allá de las responsabilidades individuales, las riadas han arrastrado con ellas la poca confianza que quedaba en las instituciones. Las declaraciones de expertos y responsables municipales son unánimes: no hubo coordinación, no hubo previsión y no hubo liderazgo.

España, cada vez más vulnerable a fenómenos climáticos extremos, necesita una gestión moderna, ágil y transparente. Lo ocurrido en Valencia no es solo una tragedia; es un aviso. Y si no hay consecuencias, lo será también de una impunidad inaceptable.

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