Impacto España Noticias
La legalidad pisoteada con permiso de la Generalidad
Una vez más, la realidad desmiente el relato. El 80% de los ayuntamientos catalanes no exhibe la bandera de España, vulnerando abiertamente la legislación vigente y desafiando la neutralidad institucional que deben respetar las administraciones públicas. Lo hacen, además, con la permisividad de la Generalitat de Cataluña y la pasividad absoluta del Gobierno de Pedro Sánchez, que ni actúa ni permite que la Fiscalía lo haga.
Separatismo institucionalizado: cifras que indignan
Entre octubre de 2023 y mediados de 2024, y basado en un estudio de campo realizado, solo 160 de los 947 municipios catalanes —un escueto 17%— cumple plenamente la ley. Esto implica que exhiben en sus edificios las banderas de España y de Cataluña de forma legal y sin símbolos partidistas o independentistas en sus fachadas.
Por el contrario, 763 ayuntamientos no ondean la bandera nacional; 381 tampoco colocan la catalana; 97 lucen la estelada separatista, bandera ilegal; y 62 presentan otros símbolos separatistas. Es decir, el separatismo se ha adueñado de las instituciones, que deberían representar a todos los ciudadanos.
Los culpables con nombre y apellidos
El informe subraya que, en gobiernos compartidos por Junts o ERC, el incumplimiento de la ley es la norma. El PSC, pese a ser el partido con más municipios que sí cumplen la normativa, no se libra: 48 de sus 114 ayuntamientos gobernados en solitario vulneran la legalidad.
Esto demuestra que el problema no es únicamente ideológico, sino estructural: hay un desprecio absoluto por la bandera nacional, y ninguna consecuencia legal por ello. Una actitud que refleja cómo el separatismo ha logrado normalizar la ilegalidad como herramienta política, mientras el Estado observa impasible.
El Gobierno de Sánchez: cómplice por omisión
Ni la Delegación del Gobierno ni la propia Generalidad ejercen sus funciones de control. Desde 2020, han tenido que ser asociaciones cívicas las que interpongan más de 200 requerimientos y 17 recursos contencioso-administrativos, con sentencias favorables en casos como Cardedeu, Sant Pol de Mar, La Garriga, Ripoll o Sant Sadurní d’Anoia.
¿Dónde está la justicia?
La pregunta es evidente: ¿por qué no se sanciona a los responsables? ¿Por qué se permite que cargos públicos incumplan la ley sin consecuencias? La impunidad se ha instalado en Cataluña gracias a la complicidad institucional del Gobierno de Sánchez y la claudicación de la Fiscalía, que ni actúa ni investiga.
Es hora de cambiar eso. La ley debe cumplirse en toda España. Y quien se niegue a hacerlo, debe responder ante los tribunales. No puede haber municipios donde ondee la estelada y no la bandera de España. No puede haber alcaldes que pisen la ley y se vayan de rositas.
Permitir la desobediencia institucional es abrir la puerta a la ruptura de la unidad nacional. Y esa es una línea roja que no debe traspasarse.
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