El instructor del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo pone el foco en la expresidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, por la "caprichosa" contratación de Jéssica Rodríguez y deja la decisión en manos de la Audiencia Nacional
Investigacion Judicial23 de abril de 2025
Impacto España Noticias
El instructor del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo (TS), Leopoldo Puente, ha apreciado indicios de delito en la actuación de la expresidenta de ADIF Isabel Pardo de Vera por la "caprichosa" contratación de Jéssica Rodríguez, la ex pareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos, en dos empresas públicas (Ineco y Tragsatec), por lo que ha deducido testimonio a la Audiencia Nacional (AN) para que sea el juez que investiga allí este caso el que decida si procede imputarla.
En un auto, Puente envía al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la AN, Ismael Moreno, todo lo investigado hasta ahora en relación con la contratación de Rodríguez en dichas empresas para que valore si, como entiende él, hay indicios de delito en la actuación de Pardo de Vera, y, en su caso, la tome declaración como investigada.
Cabe recordar que en su día el Supremo asumió el 'caso Koldo' solo en lo relativo a Ábalos, por su condición de aforado como diputado, y a lo estrictamente relacionado con el que fuera secretario de Organización del PSOE, dejando en la Audiencia Nacional --donde comenzaron las pesquisas-- el resto del caso. Por este motivo, Puente ha derivado a Moreno el bloque referido a la contratación de Rodríguez en Ineco y Tragsatec.
Para Puente, existen indicios bastantes para considerar que Pardo de Vera "habría podido tener una relevante participación en la que se presenta como posiblemente irregular y caprichosa contratación por sendas empresas públicas de una persona escogida libérrimamente por el señor Ábalos, quien habría contado para ello con la relevante participación del también investigado en esta causa (Koldo) García, sin que, además, aquella, durante el período en el que estuvo contratada, desplegara actividad laboral alguna".
El magistrado del Supremo también ordena a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigue la adjudicación de las obras públicas que aparecen destacadas en fluorescente en los documentos aportadas por De Aldama. En concreto, pide a la UCO que identifique a la empresa que finalmente resultara adjudicataria de cada una de ellas y que fiscalice todo el procedimiento de adjudicación.
Puente da este paso después de que la pericial caligráfica encargada por el propio instructor concluyera que las anotaciones manuscritas en dos documentos referidos a la supuesta preadjudicación de obras públicas a empresas vinculadas a la trama eran del ex asesor de Ábalos en Transportes, Koldo García.
No detecta irregularidades en la compra de mascarillas
Además, ha citado como testigos para el 6 de mayo a otra ex pareja de Ábalos que fue contratada en otra empresa pública (Logirail), Claudia Montes; y a César Moreno, uno de los socios del presunto conseguidor de la trama, el empresario Víctor de Aldama. No obstante, rechaza llamar a testificar al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, al que había reclamado la defensa de Ábalos.
Respecto a Montes, dice que, a la vista del informe de la UCO, "podría haber sido contratada irregularmente en la empresa pública Logirail, vinculada al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana" por la "influencia" de Ábalos y "con la relevante colaboración" de Koldo, "formando aquella parte del 'círculo personal' del primeramente citado".
En cuanto a Moreno, Puente explica que le cita en la medida en que puede aportar conocimiento sobre "las pretendidas entregas periódicas de 10.000 euros mensuales" por parte de De Aldama, o personas que actuaban por su encargo, a Koldo.
Sobre Grande-Marlaska, indica que no resultan "pertinentes, útiles ni necesarias a los fines de la investigación" todas las diligencias solicitadas por la defensa de Ábalos, incluida la declaración testifical del ministro de Interior y la también solicitada y rechazada del secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez.
El exministro de Transportes había pedido estos interrogatorios porque el informe de la UCO reseñaba que el Ministerio de Interior también adquirió durante la pandemia de coronavirus una importante cantidad de mascarillas a la empresa de De Aldama, Soluciones de Gestión. Sin embargo, Puente responde que no se ha detectado "irregularidad alguna determinante de la incoación de diligencias de investigación orientadas a esclarecer sus circunstancias".
¿Conoces algún hecho irregular que quieres que investigue y cuente Impacto España Noticias? Escribe a [email protected]
Comparte en Redes Sociales
Apoya el periodismo independiente y crítico
Evite la censura de Internet suscribiéndose directamente a nuestro canal de Telegram, Newsletter
Haz tu Donación
Síguenos en Telegram: https://t.me/impactoespananoticias
Whassapt Impacto España: https://chat.whatsapp.com/DkvQU3OzEzz1Ih524CPUd7
Twitter: https://twitter.com/impactoSumustv
Instagram: https://www.instagram.com/impactoespana?r=nametag
YOUTUBE:https://youtube.com/@impactoespananoticias
Odysee: https://odysee.com/@impactoespa%C3%B1anoticias:a
WhatsApp: 635967726
Hurtado señala que la comisión rogatoria reclamando esos datos clave para conocer el intercambio de mensajes de García Ortiz entre el 8 y el 14 de marzo del pasado año parece haber sido "exitosa"
«No he participado en la elaboración del informe. Yo me ratifico en lo que le digo a mi jefe, no me ratifico en lo que mi jefe haya puesto ahí. Yo le doy una información a mi jefe y mi jefe es el que escribe»
Moncloa trasladó al juez que Álvarez "desempeña tareas de colaboración inmediata, de carácter logístico y organizativo en el marco de la atención a la esposa del presidente del Gobierno, en las que predominan las notas de afinidad inherentes a la confianza"
Vidal-Quadras ha sostenido que figura como uno de los principales objetivos del régimen de Irán
Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, ha reconocido por primera vez ante la jueza que no tuvo constancia del desbordamiento del barranco del Poyo —el epicentro de la tragedia— hasta las 19:05 horas
Sobre las filtraciones a la prensa indica que "resulta ya melancólico exigir el cumplimiento de la Ley de Enjuiciamiento Criminal"
El hecho de que Sánchez no cuente con apoyos parlamentarios suficientes para sacar adelante su plan de rearme militar no lo habilita para saltarse el procedimiento democrático
La gravedad del caso va mucho más allá de una simple discrepancia interna. El fiscal propuesto, cuya identidad permanece oficialmente oculta, pertenece a la Unión Progresista de Fiscales (UPF), la misma asociación que presidió el propio García Ortiz
En un momento donde la libertad de prensa debería blindarse frente a las tentaciones del poder, el Gobierno de Pedro Sánchez parece decidido a recorrer el camino contrario. La operación en marcha para recuperar el control del grupo Prisa —editor de El País y propietario de la Cadena SER—
“Somos una parte minoritaria del Gobierno, pero eso no implica que se nos impongan decisiones sistemáticamente”
Cabe recordar que Pedro Sánchez ya ha demostrado su habilidad para manipular procesos internos cuando en 2016 intentó introducir una urna no autorizada en el Comité Federal del PSOE, en un intento por legitimar su posición
