La Abogacía del Estado, que había desaconsejado a Interior la ruptura de la adjudicación, y los ministerios competentes "ya están estudiando posibles reacciones legales y reclamaciones"
Noticias24 de abril de 2025
Impacto España Noticias
Marcha atrás completa. El Gobierno de Pedro Sánchez finalmente decide rescindir "de forma unilateral" el contrato de compra de munición a una empresa israelí por valor de 6,6 millones de euros. Lo hace tras haber "agotado todas las vías negociadoras" con la compañía IMI Systems, la compañía hebrea adjudicataria y la que iba a suministrar esos 15,3 millones de balas.
Esa es la decisión adoptada por Presidencia del Gobierno, la Vicepresidencia Segunda que pilota Yolanda Díaz, y los ministerios competentes, según confirmaron la Moncloa y Sumar en un comunicado conjunto que cierra la grave crisis abierta entre los dos socios de coalición en las últimas horas a cuenta del contrato de compra de balas.
La junta de inversión de material de doble uso denegará por tanto a la empresa israelí IMI Systems —representada por Guardian Homeland Security, SA— el "permiso de importación de este material a nuestro país por razones de interés general y, acto seguido, el Ministerio del Interior rescindirá el contrato".
La Abogacía del Estado, que había desaconsejado a Interior la ruptura de la adjudicación, y los ministerios competentes "ya están estudiando posibles reacciones legales y reclamaciones", según señalan los dos socios. El comunicado recuerda que los dos partidos del Gobierno de coalición, PSOE y Sumar, "están firmemente comprometidos con la causa palestina y la paz en Oriente Medio".
Y por eso, desde el 7 de octubre de 2023, desde el atentado de Hamás sobre Israel que desencadenó la guerra en Gaza, España "ni compra ni vende armamento a empresas israelíes". "Ni lo hará en el futuro", precisa la nota, que añade que "los procesos de compra que siguen abiertos se iniciaron antes de dicha fecha y, los que sean armamento, no se van a ejecutar".
Se cierra así por tanto, en apenas 24 horas, la severa crisis interna en el Gabinete, que incluso había provocado que IU planteara el escenario de una salida de Sumar del Gobierno, una posibilidad, no obstante, que fue diluyendo a lo largo del día y que no compartían el resto de miembros del espacio. Pero Sánchez era muy consciente del malestar de sus socios y por eso, tras horas frenéticas de contactos entre las dos partes, ordenó que se estudiase la revocación del contrato, aunque ello supusiera el pago de indemnizaciones y la renuncia a la munición adquirida.
Este diario ya informaba de que en la Moncloa se intentaba buscar una salida que pudiera aplacar la irritación de Sumar. La propia vicepresidenta segunda había advertido de que la formalización del contrato hecha por Interior era una "vulneración flagrante de los acuerdos" en el Gobierno de coalición y que, por tanto, debía revertirse. Y eso es lo que finalmente se ha hecho, para impedir un cisma mayor.
Pero la solución adoptada, eso sí, deja en una situación muy delicada al ministro Fernando Grande-Marlaska. Ayer miércoles, la Moncloa oficialmente le mostraba su respaldo y señalaba que el contrato tenía muy difícil revocación, por los problemas de responsabilidad patrimonial que podía generar. Pero la orden de Sánchez ha sido expeditiva: marcha atrás. Como sea.
Fue el 21 de octubre cuando el contrato fue adjudicado por la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil a la empresa israelí Guardian Defense & Homeland Security SA, filial del grupo internacional Guardian LTD Israel. Pero, tras trascender ese contrato y la protesta de Sumar, Interior anunció el 29 de octubre que ponía en marcha el estudio para su posible rescisión.
Pero al final no la hizo. No rompió el contrato porque, "tras estudiar todas las posibilidades de anulación", el ministerio decidió atender la recomendación de la Abogacía del Estado, que desaconsejó la revocación por la "avanzada fase de tramitación del contrato". La cancelación, decían desde el equipo de Marlaska, habría supuesto "abonar el precio a la empresa", 6.642.900 euros, "sin recibir el material contratado, necesario para que la Guardia Civil pudiera prestar los servicios que tiene encomendados".
Sumar se enteró de la formalización del contrato por los medios. No había sido advertida previamente por Interior. Y eso agravó las cosas. Exigió la rectificación del ministro, incluso su comparecencia, e IU fue más allá y puso sobre la mesa la posibilidad de un abandono del Ejecutivo. Con el paso de las horas la posición de la federación se fue deshilachando, pero no la exigencia de todo el espacio a Sánchez para que desautorizase a Marlaska. Y Sánchez accedió. Ordenó estudiar la fórmula para disolver el contrato.
Las negociaciones con la compañía fracasaron y a lo que se llega, por tanto, es a una rescisión unilateral de la adjudicación y a la reafirmación del compromiso de que España no comprará ni venderá armas a Israel. Sánchez siempre ha defendido una posición nítida en el conflicto en Oriente Medio: muy exigente con Israel, para que pare la masacre en Gaza y acate la legalidad internacional, de condena del atentado de Hamás y una apuesta firme por la solución de los dos Estados. España, de hecho, reconoció a Palestina como Estado en mayo de 2024.
La rectificación disipó la amenaza de ruptura de la coalición y, sobre todo, supone un balón de oxígeno para Sumar, muy presionada por Podemos desde fuera del Ejecutivo.
El socio menor de la coalición ya había tenido que asumir otro trago amargo esta misma semana: el martes, el Consejo de Ministros aprobó, pese a las alegaciones de Sumar, el plan de seguridad y defensa, la inversión extra de 10.471 millones que hará que España alcance finalmente un gasto militar del 2% del PIB en este mismo 2025, cuatro años antes de lo comprometido con la OTAN. Vicepresidencia Segunda sobre todo objetaba uno de los capítulos del plan, el referido a la compra de armamento (casi un 19% del total), pero Sánchez impuso su criterio.
Los socialistas decían comprender las quejas de sus socios, pero también señalaban que la política exterior y de defensa es competencia exclusiva del presidente. Esa batalla la ganó el PSOE, pero en la del contrato de munición a Israel quien se anota el tanto es Sumar.
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