Impacto España Noticias
La Asociación Dignidad y Justicia (DyJ) ha dirigido un escrito al presidente de Cáritas, Luis Ayala, para denunciar la participación de condenados de ETA como la exjefa de la banda Soledad Iparraguirre, alias «Anboto», o Igor Solana en programas de acción social de la organización. El colectivo de víctimas cuestiona que estas actividades puedan servir como mérito para acceder a regímenes de semilibertad mientras la misma entidad presta asistencia a personas que sufrieron el terrorismo.
La asociación que preside Daniel Portero sostiene además que esta situación puede entrar en conflicto con la Ley 45/2015 de Voluntariado. Su artículo 8.5 establece que las personas con antecedentes penales no cancelados por delitos de terrorismo no podrán ser voluntarias «en programas cuyos destinatarios hayan sido o puedan ser víctimas de estos delitos».
La propia ley permite a las entidades desarrollar programas de voluntariado destinados a la reinserción de personas con antecedentes penales, aunque precisa que esta posibilidad se aplica «sin perjuicio» de las restricciones establecidas en los apartados 4 y 5 del artículo 8. DyJ sostiene que la actividad desarrollada por los presos de ETA debe analizarse a la luz de esos límites.
El escrito pone el foco en el uso del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, una fórmula que permite flexibilizar las condiciones de cumplimiento para presos clasificados en segundo grado mediante un programa individualizado. Entre las actividades valoradas dentro de esos itinerarios se encuentran trabajos o actuaciones en organizaciones sociales.
Según DyJ, Cáritas ha incorporado a sus programas a «muchos» antiguos miembros de ETA. Entre ellos cita a «Anboto», condenada por delitos que incluyen diez asesinatos, cuya propuesta penitenciaria contempla salidas de prisión para realizar actividades de voluntariado. El Gobierno vasco volvió a concederle a comienzos de septiembre la aplicación del artículo 100.2, después de que una decisión similar fuese revocada meses antes por la Audiencia Nacional.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional recurrió este viernes esa nueva concesión de semilibertad. El Ministerio Público sostiene que no se han producido cambios relevantes en la situación penitenciaria o tratamental de Iparraguirre que justifiquen modificar el criterio judicial anterior y advierte de que las salidas previstas —ocho horas al día durante cinco días a la semana— se aproximan en la práctica a las condiciones propias de un tercer grado.
Entre los elementos utilizados para justificar el programa penitenciario de la exdirigente de ETA figura precisamente un voluntariado vinculado a Cáritas en un huerto parroquial de Oñati, además de otros elementos incluidos en su expediente de reinserción. La Justicia ya había cuestionado meses atrás que esas circunstancias justificasen la aplicación del 100.2.
DyJ también menciona el caso de Igor Solana, condenado por los asesinatos del teniente coronel Antonio Muñoz Cariñanos, del concejal del PP José María Martín Carpena y del fiscal jefe de Andalucía Luis Portero, padre del presidente de Dignidad y Justicia. La asociación asegura que Solana también ha participado en actividades de voluntariado organizadas por Cáritas dentro de su itinerario penitenciario. La condena de Solana por el asesinato de Luis Portero está documentada en distintas resoluciones y procedimientos de la Audiencia Nacional.
«Ha participado igualmente en actividades de voluntariado organizadas por Cáritas con el fin de acceder también a los mencionados beneficios penitenciarios», sostiene Daniel Portero en el escrito.
La asociación denuncia asimismo que en los expedientes penitenciarios no consta, según su versión, un control suficiente de las tareas realizadas por estos antiguos miembros de ETA y recalca que algunos de ellos no han pedido perdón a sus víctimas.
El conflicto adquiere para DyJ una dimensión especialmente grave porque Cáritas también ha atendido a víctimas del terrorismo de ETA. El colectivo considera incompatible que una misma estructura asistencial preste apoyo a quienes padecieron los atentados y, al mismo tiempo, a condenados que emplean sus actividades sociales como parte de un itinerario para mejorar su situación penitenciaria.
«A Cáritas España han acudido con finalidad asistencial víctimas de estos mismos terroristas, que han buscado consuelo en la organización», señala la carta. Para la asociación, esa «doble atención» debe revisarse a la luz de la legislación vigente.
DyJ reclama por ello a Cáritas que aclare su posición y revise la participación de presos de ETA en estos programas, especialmente cuando las actividades puedan ser posteriormente utilizadas por las autoridades penitenciarias para justificar la aplicación del artículo 100.2 y avanzar hacia regímenes de semilibertad.
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