El hermano de Sánchez intenta desligarse del contrato al asesor de Moncloa

Lo que comenzó como un proceso administrativo más para cubrir una plaza en la Diputación de Badajoz ha terminado por convertirse en un escándalo institucional con ramificaciones judiciales, políticas y éticas. El protagonista: David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conocido artísticamente como David Azagra.

El trasfondo: la sospecha de que su acceso a un cargo público se gestó al margen de los principios de igualdad, mérito y capacidad. Un caso que amenaza con convertirse en un símbolo del desgaste democrático.

La historia ha llegado a los tribunales, y no es para menos. En la jornada de este viernes, el Juzgado de Instrucción Nº3 de Badajoz ha vuelto a acoger al hermano del presidente, investigado por presunta prevaricación y tráfico de influencias. El motivo no es solo la sombra que pesa sobre su nombramiento como director de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación, sino también la supuesta implicación en la contratación de Luis María Carrero, exasesor en Moncloa y actual trabajador del mismo departamento.

Un puesto con destinatario previo
Las sospechas no son infundadas ni han sido sembradas en la prensa sin sustento. Una de las aspirantes al proceso, Cristina de Frutos, directora de orquesta y profesional reconocida, ha relatado a la jueza instructora que durante su entrevista no le hicieron ninguna pregunta.

Pese a eso, la resolución oficial defendía que el seleccionado había sido el mejor por “contestar muy bien” a las preguntas. Un argumento absurdo, imposible de conciliar con su testimonio, y que deja entrever que el proceso pudo haber sido simulado para justificar una decisión ya tomada.

Además, De Frutos ha confirmado que, incluso antes de presentarse, varios candidatos ya comentaban que la plaza estaba “dada”, es decir, que tenía un beneficiario preestablecido. Aun así, decidió concurrir. Su testimonio, claro y directo, sostiene que "no hubo igualdad de oportunidades" y que la plaza tenía “nombre y apellidos”.

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La otra pieza del rompecabezas es Luis María Carrero. Un correo electrónico en poder del juzgado sugiere que tanto él como David Sánchez daban por hecha su incorporación 23 días antes de que se publicaran las bases del proceso. Carrero también ha sido citado a declarar como investigado.

De Rusia a Badajoz: la plaza a medida
El contexto tampoco ayuda. Según la jueza Beatriz Biedma, la plaza que ocupa David Sánchez fue creada tras su regreso de Rusia en 2016, adaptada a sus preferencias y, posteriormente, vaciada de contenido. Un “traje a medida” al que se le añadió la costura final del silencio institucional.

Lo que en un Estado serio debería provocar dimisiones y consecuencias, en este caso ha sido tratado con mutismo por parte del Gobierno, dejando al poder judicial y a la opinión pública el peso de desenmarañar los hechos.

¿Privilegios de familia?
Que se investigue si el hermano del presidente ha sido favorecido por su parentesco pone en entredicho la neutralidad de las instituciones y daña la confianza ciudadana. ¿Cuántas oportunidades se cierran para quienes no tienen vínculos con el poder? ¿Cuánto talento queda al margen porque el sistema está diseñado para premiar la cercanía política en lugar del mérito profesional?

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Mientras tanto, el hermano del presidente ha salido del juzgado entre abucheos, increpado por ciudadanos indignados que, a través de altavoces, le reclamaban explicaciones. A las puertas, miembros de HazteOír con su “Capo Bus” añadían presión con pancartas y gritos de “David, nos volvemos a ver”.

Más allá del show mediático, el caso Azagra –como ya lo llaman algunos medios– pone a prueba los pilares de la democracia española. No se trata solo de un posible delito. Se trata de si nuestras instituciones pueden resistir la tentación de convertirse en agencias de colocación al servicio del poder.

El veredicto judicial está por llegar. Pero el veredicto moral y político ya comienza a forjarse en la conciencia de la ciudadanía.

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