Posteriormente, en noviembre de 2023, el Gobierno central —a través del organismo Patrimonio Nacional— le adjudicó a la misma empresa un contrato por 123.834,22 euros para la limpieza del Palacio de La Mareta, la residencia oficial de verano utilizada por el presidente
Corrupción04 de mayo de 2025
Impacto España Noticias
La transparencia, la ética pública y la prevención de conflictos de interés son principios fundamentales que deben regir la actuación de cualquier cargo público. Cuando estos pilares se ven comprometidos, la confianza ciudadana en las instituciones democráticas se debilita.
El caso que rodea al actual portavoz del PSOE en el Parlamento de Canarias, Sebastián "Chano" Franquis Vera, plantea interrogantes muy serios sobre la compatibilidad entre el ejercicio del poder público y los intereses privados vinculados a su entorno familiar más cercano.
Durante su etapa como consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias (2019-2023), bajo la presidencia de Ángel Víctor Torres —actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática—, Franquis autorizó contratos públicos que beneficiaron de forma directa a la empresa Capross 2004 SL, vinculada a su familia.
En concreto, el 2 de agosto de 2022, la consejería que dirigía adjudicó a Capross 2004 SL un contrato para la prestación del servicio de limpieza de las instalaciones del Laboratorio Oficial de Tenerife, dependiente de la propia Consejería. El importe ascendió a 32.639,25 euros (sin impuestos), es decir, 34.924 euros IVA incluido, por un plazo de ejecución de 12 meses.
A este procedimiento concurrieron un total de ocho empresas, pero el contrato acabó en manos de Capross 2004 SL tras la evaluación de cinco criterios técnicos: frecuencia de limpieza de ventanas y persianas exteriores, frecuencia de limpieza de aceras, bolsa de horas sin coste adicional para la Administración, uso de productos de baja incidencia medioambiental, y oferta económica. La adjudicación fue formalizada por David Carlos Gómez Prieto, secretario general técnico de la Consejería, es decir, subordinado directo de Franquis.
Una relación profesional y familiar directa
Lo más preocupante del caso no es solo la adjudicación, sino la relación entre Franquis y la empresa beneficiada. Capross 2004 SL estuvo vinculada directamente a Luis Franquis Vera, hermano del consejero, y hoy está administrada por sus sobrinos, José Bjorh Franquis Reyes (presidente) y María Nayra Franquis Reyes (vicepresidenta). Además, el propio Sebastián Franquis declaró en su ficha parlamentaria haber trabajado en la compañía entre 2004 y 2009 como director de Producción.
A esto se suma que Capross 2004 SL también fue beneficiaria de otros contratos públicos mientras Franquis seguía en la primera línea institucional. En mayo de 2022, obtuvo un contrato de 221.034,76 euros para la limpieza del Parlamento de Canarias, donde el socialista ya era diputado regional y parte del Ejecutivo.
Posteriormente, en noviembre de 2023, el Gobierno central —a través del organismo Patrimonio Nacional— le adjudicó a la misma empresa un contrato por 123.834,22 euros para la limpieza del Palacio de La Mareta, la residencia oficial de verano utilizada por el presidente del Gobierno en Lanzarote.
Otro caso más de corrupción vinculada al PSOE
Este episodio se suma a una ya preocupante lista de escándalos protagonizados por cargos socialistas en distintas administraciones. Tras el caso de los ERE en Andalucía, el fraude de los cursos de formación, o más recientemente el caso Koldo, relacionado con comisiones ilegales en contratos de mascarillas durante la pandemia, el PSOE vuelve a situarse en el centro de la sospecha pública por el uso clientelar de los recursos del Estado.
Aunque en este caso concreto no hay, por ahora, una acusación judicial formal, los hechos encajan dentro de un patrón que se repite: adjudicaciones a empresas cercanas, vínculos familiares opacos, uso de la administración como red de favores, y una preocupante falta de control institucional. En este contexto, el caso de Franquis no es una excepción aislada, sino una muestra más de cómo determinadas estructuras de poder dentro del socialismo español han facilitado entornos propicios para la corrupción o el favoritismo.
Ética pública en entredicho
Aunque en estos procesos pudiera haberse cumplido con los requisitos formales, lo cierto es que estamos ante un posible caso de conflicto de interés con múltiples implicaciones éticas. Que una empresa familiar —administrada por los sobrinos del consejero y en la que él mismo trabajó durante años— haya sido adjudicataria de contratos públicos desde la Consejería que él mismo dirigía, compromete no solo la imagen del político, sino la credibilidad de toda la administración regional.
La legalidad no es el único parámetro por el que debe medirse la actuación de un cargo público. En democracia, la apariencia de imparcialidad es tan importante como la imparcialidad real. El hecho de que no existiera una inhibición expresa de Franquis o mecanismos de control más estrictos deja al descubierto una carencia institucional grave: ¿Quién vigila al poder cuando este actúa en beneficio de los suyos?
La firma de adjudicaciones por parte de técnicos de su propia Consejería, sin barreras estructurales que aseguren independencia, genera un entorno propicio para el favoritismo, aunque este se disimule bajo criterios técnicos o competitivos. La reiteración de adjudicaciones a la misma empresa familiar sugiere un patrón que no puede ser explicado únicamente por la calidad de la oferta presentada.
Omisión de controles y ausencia de rendición de cuentas
Otro elemento preocupante es la aparente inacción de los órganos de control del Gobierno de Canarias. En un escenario con evidentes vínculos familiares y contractuales, deberían haberse activado los mecanismos de fiscalización de la Audiencia de Cuentas, la Oficina de Conflictos de Interés o incluso el Comisionado de Transparencia. La ausencia de estos controles también plantea dudas sobre el funcionamiento institucional de la administración autonómica.
Entre lo legal y lo legítimo
El caso de Sebastián Franquis representa con claridad una línea difusa pero peligrosa: la que separa lo legal de lo legítimo. Aunque no se haya dictado una condena judicial —ni siquiera una acusación formal por ahora—, los hechos son suficientes para exigir responsabilidades políticas. La ciudadanía no solo espera que sus representantes cumplan la ley, sino que también actúen con honestidad, prudencia y sin aprovecharse del cargo para favorecer a sus allegados.
Cuando el interés privado se mezcla con la función pública, se rompe el pacto de confianza sobre el que se sostiene la democracia. El caso Franquis no es solo un escándalo insular: es una señal más del desgaste ético del socialismo institucional, donde el poder se convierte, demasiadas veces, en un mecanismo para beneficiar a los propios. Y esa es la forma más corrosiva de corrupción.
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