Un bufete anglosajón llevará a Hacienda a la Justicia europea por "perseguir a acogidos a la Ley Beckham"

El bufete de abogados anglosajón Amsterdam & Partners está preparando acciones legales en varias jurisdicciones, incluidas España, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo contra Hacienda por "perseguir a los acogidos a la 'Ley Beckham'".

Además, va a plantear sus quejas ante la Comisión Europea sobre la conocida como 'Ley Beckham', oficialmente denominada Régimen Fiscal Especial para Trabajadores Desplazados, una medida fiscal española creada en 2005 con el objetivo de atraer talento internacional altamente cualificado al país mediante una tributación más favorable y que recibió este nombre por el exfutbolista del Real Madrid David Beckham, que jugaba en ese momento en el club madrileño y que fue uno de los que se benefició de esta norma.

En concreto, el bufete ha anunciado dichas acciones judiciales con motivo de la presentación del informe 'Hacienda contra el Pueblo: España y la Ley Beckham', que ha corrido a cargo del socio fundador de Amsterdam & Partners, Robert Amsterdam, quien también lidera esta campaña por los derechos de las víctimas de "evaluaciones fiscales injustas".

En el evento también ha intervenido el coautor del estudio Christopher Wales, experto británico en política fiscal y responsable de Hacienda en el gobierno de Tony Blair. Así, los ponentes han denunciado los "abusos sistemáticos y violaciones de derechos por parte de Hacienda", algo que creen "incompatible" con una democracia plena europea.

Dichas acusaciones se recogen en el informe presentado, donde también destacan el "clima de miedo" creado por la entidad fiscal española, así como las "malas prácticas" por parte de la Agencia Tributaria (AEAT), asuntos que deben ser "abordados inmediatamente".

A pesar de que en el análisis se señala la "mala implementación" de los impuestos en España sobre la totalidad de la población, este hace especial hincapié en los extranjeros que se trasladaron bajo el programa de incentivos fiscales de la 'Ley Beckham', quienes han sido "atacados sistemáticamente". En este sentido, Amsterdam ha acusado a la AEAT de "violaciones sistemáticas del Estado de Derecho".

"Se ha creado un clima de miedo e intimidación totalmente impropio de un país democrático. Los testimonios que hemos recopilado han sido absolutamente escandalosos", ha comentado el abogado, que ha indicado que han hablado con personas que han visto sus derechos "vulnerados y sus vidas arruinadas por una Hacienda que actúa con total impunidad".

En esta línea, el texto detalla que los inspectores fiscales, quienes "reciben incentivos financieros a través de un esquema de bonificaciones de 1.200 millones de euros que premia la recaudación de impuestos adicionales", han iniciado investigaciones retrospectivas a los acogidos a la 'Ley Beckham', cuando esta parecía ofrecer "seguridad jurídica". En concreto, de acuerdo con la investigación, "las víctimas" se suelen enfrentar a demandas fiscales "inesperadas con sanciones sustanciales".

"El documento prueba abusos grotescos de la autoridad fiscal", ha afirmado Wales, para luego añadir que han descubierto igualmente "un uso rutinario de prácticas de auditoría claramente excesivas". La 'Ley Beckham' permite a extranjeros altamente cualificados pagar impuestos solo sobre sus ingresos de origen español a una tarifa fija del 24% hasta los 600.000 euros, eximiendo los ingresos de origen internacional.

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 El estudio llega a calificar esta ley de "práctica engañosa y trampa fiscal deliberada", por lo que exige una revisión "totalmente independiente" de las prácticas de Hacienda y sus inspectores, a quien llegan a llamar "carteristas". Asimismo, los autores de la investigación, que han querido dejar claro que no pretenden hacer una crítica partidista contra el Ejecutivo o cualquier formación política en concreto, han resaltado el "uso político" de los impuestos por parte del Gobierno, que puede llegar a "arruinar vidas" por la "impunidad" con la que actúa Hacienda.

"Esto no va de partidos políticos, va de democracia", ha manifestado Wales, que ha explicado que los incentivos como la 'Ley Beckham' "solo funcionan si tienen certidumbre y seguridad jurídica, sobre todo con la gente de negocios". En este sentido, Wales, que ha apuntado a la "pobre calidad" de los documentos de Hacienda, ha animado a revisar dicha ley y esquema fiscal, que, llevando ya más de 20 años en funcionamiento, "se debería de haber revisado ya".

 El experto ha comentado que de no acometer reformas en dicha ley, como "mantener la presunción de inocencia de los acusados o sacar del anonimato a los inspectores", esta podría "morir" o dejar de atraer talento debido a su baja certidumbre. Por otra parte, Wales también ha criticado la "peligrosa política" de brindar incentivos a los inspectores para que encuentren más defraudadores, con lo que, a su juicio, estos "pierden independencia".

No obstante, el especialista fiscal ha reconocido que Hacienda aun está a tiempo de "arreglar estos problemas", por lo que espera que la entidad tenga la voluntad y disposición para ello.

Fuentes de la Agencia Tributaria han señalado que en la última década han venido optando por este régimen especial en España casi 37.000 contribuyentes, de los cuales únicamente el 0,5% ha sido objeto de una comprobación inspectora, una inspección por posibles incumplimientos relacionados con la aplicación del régimen. Y, de las comprobaciones finalizadas, un 70% se han resuelto con un acta con acuerdo o en conformidad; únicamente un 30% de las comprobaciones han sido objeto de reclamación o recurso.

 En cuanto a las declaraciones de Hacienda en las que señalan que solo se inspecciona al 0,5% de los beneficiarios de la 'Ley Beckham', los autores del estudio se han mostrado reticentes a creer estas cifras y piden al organismo que las "demuestre".

Como ejemplos, la Agencia Tributaria ha explicado que en las comprobaciones realizadas por la AEAT se han detectado supuestos en los que el contribuyente crea en España una sociedad sin medios que le contrata para trabajar y luego presta servicios a la empresa extranjera que realmente realiza la actividad. Es decir, que se crea artificialmente el contrato de trabajo en España.

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También hay supuestos más graves, donde directamente se crea una sociedad ficticia en España, por ejemplo, para aplicar el régimen justo el año en que se percibe una plusvalía muy grande del extranjero, pretendiendo no tributar en España al proceder esa plusvalía del extranjero, y tampoco en el otro país por no ser residente en ese otro país.

 En algún supuesto, incluso se ha presentado la correspondiente denuncia por posible delito fiscal, cuando se trata de incumplimientos en los que se aprecia claramente el dolo y la cuantía de la deuda tributaria excede los límites que señala el artículo 305 del Código Penal.

La Agencia Tributaria también ha querido dejar claro que los inspectores no reciben comisiones o porcentajes de las regularizaciones practicadas a los contribuyentes, y que no hay una relación directa entre el complemento de productividad que perciben y los resultados de uno u otro expediente.

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