Cientos de agricultores se rebelan contra la expropiación de 100.000 olivos centenarios para ‘plantar’ placas solares

Los más de 100 agricultores que están siendo expropiados con el sí de Pedro Sánchez y Moreno Bonilla para derribar sus olivos y construir placas solares han dicho basta. Rafael Alcalá, víctima que ha atendido a El Español, ha denunciado que el campo andaluz está siendo desmantelado en nombre de una supuesta transición ecológica que favorece a grandes promotores y fondos de inversión mientras arrasa con el tejido económico y social de comarcas enteras.

 «Nos están quitando la tierra para enriquecer a cuatro, y con leyes que no han cambiado desde el franquismo», asegura este agricultor de la Campiña Norte de Jaén.

La situación se ha vuelto insostenible en municipios como Lopera, Arjona, Escañuela o Arjonilla. Allí, más de un centenar de familias se enfrenta a un proceso de desposesión amparado en un vacío legal y una permisividad política que, según denuncian, actúa como cómplice de las promotoras. «Un día tienes tu finca y al siguiente aparece una estaca de obra clavada junto a tus olivos. Ni notificación, ni diálogo, ni indemnización justa. Simplemente, te los arrancan», relata Rafael.

 Detrás de este conflicto se esconde un modelo de desarrollo disfrazado de ecologismo. En total, se planea cubrir cerca de mil hectáreas de olivar con placas solares, usando un artilugio legal que impide el control estatal del proyecto. Ninguna instalación supera los 50 megavatios —el umbral que obligaría a pasar por el Ministerio y una evaluación ambiental rigurosa— pero son ocho plantas distintas, registradas por ocho sociedades limitadas, todas con apenas unos miles de euros de capital. En la práctica, es un único plan fraccionado para evitar la supervisión.

Estas empresas, entre las que figuran nombres como Greenalia y FRV Arroyadas (con vínculos financieros en España y Arabia Saudí), han utilizado un resquicio normativo que les permite declarar «utilidad pública» para sus obras, activando así la Ley de Expropiación Forzosa de 1954 y su desarrollo del año 1966. Este instrumento legal, pensado originalmente para construir presas y centrales nucleares, está siendo ahora usado para tender líneas eléctricas y ocupar suelos de cultivo con torretas de alta tensión.

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El procedimiento, explican los afectados, ha sido cualquier cosa menos limpio. Algunos agricultores se enteraron de que sus tierras estaban comprometidas al ver pegatinas fluorescentes en los troncos centenarios. Otros, cuando las retroexcavadoras ya estaban desmontando bancales. En varios casos ni siquiera se había iniciado el proceso legal cuando las máquinas ya operaban sobre el terreno. Y los que sí recibieron notificaciones oficiales, lo hicieron en un lenguaje técnico casi incomprensible. «Era como si lo redactara una máquina para que no entendiéramos nada», ironiza Rafael.

El daño va más allá de los árboles. Cada olivo representa años de trabajo y cada hectárea, unos cien ejemplares. Un agricultor puede obtener entre 30.000 y 40.000 euros anuales de una finca de cinco o seis hectáreas. Sin embargo, algunos han sido indemnizados con apenas 18.000 euros por todo el terreno. “Te pagan lo justo por el árbol, pero no por el empleo que generaba, ni por el aceite, ni por lo que mantenía viva la comarca”, denuncia Alcalá.

La maniobra empresarial ha sido tan precisa como cínica. Primero contactaron con grandes propietarios que controlaban buena parte de los terrenos necesarios. Con ellos pactaron acuerdos privados. Una vez garantizada esa base, fueron a por los pequeños agricultores, muchos de los cuales ni sabían que estaban en la lista. Cuando hubo resistencia, comenzaron las presiones: llamadas insistentes, amenazas veladas, mensajes con ultimátums. Y si no funcionaba, llegaba la expropiación directa.

La Plataforma Campiña Norte contra las Megaplantas Solares, de la que Rafael es portavoz, ha llevado uno de los casos a los tribunales. Aunque saben que el margen legal es estrecho, buscan frenar el avance. Curiosamente, después de que se interpusiera la demanda, las empresas empezaron a ofrecer contratos de arrendamiento a los mismos agricultores a los que antes pensaban expropiar. «Pero esos contratos son una trampa: la empresa puede irse cuando quiera y dejarte la tierra inservible», advierten desde la plataforma.

El paisaje también está perdiendo. La Unesco retiró en 2023 la candidatura del Paisaje del Olivar Andaluz como Patrimonio de la Humanidad, dejando a la comarca sin protección internacional justo cuando más la necesitaba. La retirada fue un mazazo simbólico que coincidió con el avance imparable de este nuevo modelo energético, donde el sol no calienta al pueblo, sino a los balances contables de empresas con sede en Luxemburgo o Riad.

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