Los WhatsApps filtrados no son una anécdota. Son la prueba documental de una deriva autoritaria basada en el uso discrecional del poder para castigar al que no se pliega. Son la versión moderna de la vieja frase del absolutismo: “El Estado soy yo”
Corrupción11 de mayo de 2025 Salvador Gimenez
Los mensajes de WhatsApp entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos revelados recientemente no solo son un escándalo político, sino también una muestra clara del uso patrimonialista del poder en el seno del Gobierno. En particular, uno de los fragmentos más alarmantes expone una conversación sobre el presidente, Guillermo Fernández Vara, tras su crítica pública a que EH Bildu tuviera un papel decisivo en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
La reacción de Sánchez es demoledora: “Llámalo y dile que es impresentable”. Y más tarde, con tono despectivo: “¿Hablaste con el petardo de Vara?”. Finalmente, cierra con una frase que sintetiza toda una filosofía política: “Lamentable. Falta de solidaridad. Luego bien que pedirá recursos de esos PGE”.
¿Qué significa esta frase en términos democráticos?
En términos simples: que si una comunidad autónoma critica una decisión del presidente del Gobierno, puede ser castigada financieramente. Que si un líder territorial del PSOE no se pliega a la narrativa oficial, se le puede negar el acceso a los fondos que legítimamente le corresponden. Que los recursos del Estado, que deben distribuirse en función del interés general y del bienestar ciudadano, son utilizados como palanca de control político.
Esto es de una gravedad institucional extraordinaria. Supone una corrupción estructural de la función redistributiva del Estado, ya no por motivos económicos, sino como mecanismo de sumisión partidaria. No se castiga al político que disiente: se castiga a la comunidad autónoma que gobierna. Es el pueblo, el que puede verse privado de inversiones, programas, transferencias o infraestructuras, simplemente porque su presidente ha osado expresar una opinión crítica.
De la democracia plural al cesarismo partidista
Lo que revelan estos mensajes no es solo una actitud autoritaria. Es una estructura de poder basada en la lealtad ciega al líder. En el PSOE de Sánchez, la diferencia ideológica, la crítica constructiva o el debate territorial no se gestionan como parte de la riqueza del partido, sino como amenazas que deben ser erradicadas. Y para ello se recurre a lo más bajo: el chantaje presupuestario.
Este tipo de prácticas se asemejan más a regímenes iliberales donde el presupuesto se convierte en un instrumento de dominación política. Se institucionaliza el clientelismo: no con sobresueldos, sino con el reparto dirigido del dinero público. Es la transformación de los Presupuestos Generales del Estado —que deberían ser la expresión del interés común— en un arsenal privado del Ejecutivo.
Consecuencias: institucionales, políticas y morales
Las consecuencias de esta forma de gobernar son múltiples y profundamente preocupantes:
Destrucción del principio de igualdad territorial: Si las transferencias estatales dependen de la afinidad política, se rompe la base constitucional del modelo autonómico.
Asfixia de la disidencia interna: Los líderes territoriales del PSOE quedan advertidos: quien critique, paga las consecuencias. Se impone una cultura del silencio, el miedo y la obediencia.
Desprestigio de las instituciones: Cuando se evidencia que el dinero público se gestiona como un botín, se mina la confianza en las instituciones, en el Estado y en los partidos.
Erosión moral del liderazgo: El presidente que llegó al poder prometiendo regeneración democrática y defensa de los valores progresistas ha acabado instrumentalizando el Estado para asegurar su permanencia.
Pedro Sánchez y el chantaje institucional: clientelismo desde La Moncloa
La conversación filtrada entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos, en la que se critica duramente al entonces presidente Guillermo Fernández Vara por mostrar desacuerdo con el Gobierno, no solo expone el tono autoritario con que se maneja el poder dentro del PSOE. Revela algo mucho más grave: una práctica de chantaje institucional impropia de un Estado democrático.
Cuando Sánchez dice: “Luego bien que pedirá recursos de esos PGE”, deja implícita una amenaza política con consecuencias materiales. Condicionar la asignación de fondos públicos —que deben distribuirse con criterios de equidad, necesidad y justicia territorial— a la obediencia partidaria es una perversión absoluta del sistema democrático.
No estamos ante un simple desencuentro interno, ni siquiera ante una disputa ideológica. Estamos frente a la evidencia de que el presidente del Gobierno estaría dispuesto a utilizar los Presupuestos Generales del Estado —el principal instrumento de redistribución de riqueza del país— como arma política. Si una comunidad discrepa, se le castiga. Si se somete, se le premia. Es el clientelismo elevado a política de Estado.
Este tipo de práctica rompe con los principios de imparcialidad y neutralidad institucional. Constituye una forma de corrupción moral del poder: no hace falta desviar fondos si ya se tuercen los criterios con los que se reparten. El mensaje es claro: en el PSOE de Sánchez, la disidencia no se tolera, y se penaliza con recursos públicos que son de todos.
Además, desvela que la unidad de discurso dentro del partido no se construye mediante el debate o el consenso, sino mediante la amenaza. Este método, más cercano a regímenes populistas o autoritarios que a una democracia parlamentaria, convierte al Consejo de Ministros en una agencia de castigos y recompensas políticas y reduce al PSOE a un aparato cortesano que sirve exclusivamente al liderazgo presidencial.
El problema no es solo ético, sino estructural: si se manipulan los mecanismos de financiación autonómica para proteger al líder, se socava la confianza en el Estado, se rompe la igualdad entre comunidades y se introduce el veneno del favoritismo político en las arterias institucionales del país.
La democracia rehén del poder personal
Pedro Sánchez no está solo ante esta responsabilidad. Quienes callan dentro del partido, quienes aplauden estas maniobras o las minimizan, son cómplices de una forma de gobernar que degrada la política. La democracia no es solo votar cada cuatro años; es también garantizar el respeto a las reglas, a los contrapesos, al derecho de crítica, y a la neutralidad del Estado.
Los WhatsApps filtrados no son una anécdota. Son la prueba documental de una deriva autoritaria basada en el uso discrecional del poder para castigar al que no se pliega. Son la versión moderna de la vieja frase del absolutismo: “El Estado soy yo”.
No es menor que quienes gobiernan —Pedro Sánchez y su entorno más cercano— estén rodeados de escándalos éticos. El suegro del presidente, Sabiniano Gómez, estuvo vinculado a saunas y clubes de ambiente sexual, algunos en locales públicos.
Su exministro José Luis Ábalos ha sido señalado por colocar a una mujer cercana en empresas estatales sin méritos y por usar recursos públicos en tramas con prostitutas. Con estos antecedentes personales y políticos, resulta alarmante que quienes ocupan los máximos cargos del Estado lo hagan desde una posición de impunidad, utilizando el poder como patrimonio privado.
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