El Juzgado de Instrucción que instruye las diligencias que afectan a Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias 'Tito Berni', ultima ya la investigación, que destapó una presunta trama de corrupción socialista en Canarias cuyas actividades -incluidas las fiestas con prostitutas y drogas en pandemia-
Corrupción12 de mayo de 2025
Impacto España Noticias
El conocido como 'caso Mediador' toca a su fin. El Juzgado de Instrucción número 4 de Tenerife que instruye las diligencias que afectan a Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias 'Tito Berni', ultima ya la investigación, que destapó una presunta trama de corrupción socialista en Canarias cuyas actividades -incluidas las fiestas con prostitutas y drogas en pandemia- provocaron un cisma en el PSOE. La juez así lo anuncia en un reciente pronunciamiento en el que niega el archivo de la causa para el exdirigente socialista.
En una providencia, la juez María Jesús García -que no es la titular del juzgado- responde a la defensa del político canario que no va a archivarle la causa ni tampoco adherirla a otras piezas separadas por las que la Fiscalía Anticorrupción pide cárcel para él.
Al respecto le precisa que no es el momento para valorar esta petición, "toda vez que la presente causa se encuentra próxima a finalizar su instrucción".
De hecho, recalca que están pendientes de recibir un informe de la Intervención General de la Administración del Estado para terminar unas diligencias que apuntalan su camino al banquillo por los delitos de cohecho, tráfico de influencias y contra la Administración Pública, entre otros.
De esta forma se pondrá fin a más de tres años de instrucción que ha girado en torno a las actividades presuntamente corruptas de, entre otros, este diputado del PSOE; su sobrino y exdirector general de Ganadería canario Taishet Fuentes; y el empresario Antonio Navarro Tacoronte, alias 'mediador' y quien da nombre a esta causa.
La causa, que forzó la dimisión de diputado de 'Tito Berni', nació a raíz de una denuncia falsa que interpuso ante la Policía el exdirector de Deportes del Cabildo de Tenerife, Ángel Pérez, por unos cargos no consentidos en su cuenta bancaria superiores a los 2.570 euros.
Pérez -que terminó siendo investigado por estos hechos- apuntó al mediador como el responsable de estos desembolsos, pero el empresario negó la mayor y para probarlo, aportó sus teléfonos personales.
Lo que no se esperaba Tacoronte es que los agentes descubrieran en los terminales fotografías, documentos y conversaciones que les llevaron a destapar una presunta trama de corrupción en cuyo epicentro se situó el entonces diputado socialista nacional 'Tito Berni'.
En concreto detectaron indicios de que la rama política, a través del "nexo" del mediador, contactaron con empresarios de las islas (en su mayoría dedicados a la agricultura y ganadería) a los que les prometieron tratos de favor en la Administración prevaliéndose de sus puestos de poder. A cambio, les cobraron dádivas y comisiones.
De hecho, las empresas que les contactaron abonaban automáticamente un primer pago de 5.000 euros a la Asociación Deportiva Vega de Tetir, del entonces político socialista, que tildaban de "impuesto revolucionario".
En los primeros compases de la investigación, la Policía Judicial detectó que se estaba ante una importante causa de corrupción y que lo analizado en los terminales del mediador (que luego quiso recuperar sin éxito) no era más que "la punta del iceberg".
Comisiones a cambio de favores
Rápidamente identificaron a otros protagonistas de esta causa, como fue el caso del general de la Guardia Civil, Francisco Espinosa Navas. Este mando fue el único de todos los detenido que ingresó en prisión, dado que la Fiscalía Anticorrupción se negó a pedir la cárcel para 'Tito Berni'.
Su postura generó un roce con la instructora, que, no solo no le pudo detener el día del estallido del caso por su condición de aforado, sino que se vio obligada a dejarle en libertad "por imperativo legal" pese a entender que había motivos para que se le acordara la prisión provisional.
"Se valió de su condición de diputado y de la sede del Congreso para recibir a empresarios como inicio de las negociaciones ilícitas a desarrollar afectando claramente al respeto de la seriedad de esta institución pública", dijo la juez María Ángeles Lorenzo-Cáceres.
Por el contrario, sí se envió a prisión provisional a Espinosa Navas, a quien en el registro de su domicilio encontraron unas hojas de cálculo que ocultarían contabilidad opaca de la trama y 61.000 euros en metálico.
La irrupción de este mando de la Guardia Civil destapó supuestas irregularidades en los contratos del empresario José Suárez Estévez, conocido como 'el drones', relativos a adjudicaciones del GAR-SI Sahel.
Se trata de un proyecto destinado a combatir la inestabilidad en dicha región de África, gestionado por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) que Espinosa Navas dirigió durante años.
Esta parte de las pesquisas, en el marco de las cuales se investigó también el presunto cobro de sobornos por parte del mando de la Guardia Civil, las terminó asumiendo la Fiscalía Europea en aras a esclarecer si se produjo desvío de fondos comunitarios.
Además, a ello se suma el interés de los principales imputados por los fondos de recuperación económica para Canarias. Los mensajes interceptados a los cabecillas de la trama, entre ellos 'el mediador' evidenciaron que "preparaban el terreno" para hacerse con subvenciones europeas.
Una causa que supera los 4 terabytes
El móvil del mediador también desveló las fiestas que el entonces diputado socialista dio en un céntrico hotel de Madrid en plena pandemia -en las cuáles habrían consumido estupefacientes y participaron prostitutas- y también puso el foco en excargos del Gobierno socialista canario por delito de prevaricación y revelación de secretos con los expedientes de empresarios cercanos a la trama que habrían recibido trato de favor de las instituciones.
Además, los investigadores han rastreado en estos años casi 200 cuentas bancarias de los principales imputados y solicitaron numerosos informes financieros algunos de los cuáles tardaron en entregarse al juzgado.
De hecho, la instructora del caso ha ido prorrogando cada medio año las pesquisas haciendo hincapié en la complejidad y el volumen de las mismas.
En un auto del pasado mes de junio expuso que la causa sumaba un volumen total de 4 terabytes y de 31 tomos de sumario. Especialmente arduo fue el análisis de los terminales del 'mediador'. Uno de ellos, el iPhone 11 promax contenía 63 gigabytes de datos, 4.559 contactos, más de 1.650 documentos y de 57.000 imágenes y hasta 25855 archivos de audio.
¿Conoces algún hecho irregular que quieres que investigue y cuente Impacto España Noticias? Escribe a [email protected]
Comparte en Redes Sociales
Apoya el periodismo independiente y crítico
Evite la censura de Internet suscribiéndose directamente a nuestro canal de Telegram, Newsletter
Haz tu Donación
Síguenos en Telegram: https://t.me/impactoespananoticias
Whassapt Impacto España: https://chat.whatsapp.com/DkvQU3OzEzz1Ih524CPUd7
Twitter: https://twitter.com/impactoSumustv
Instagram: https://www.instagram.com/impactoespana?r=nametag
YOUTUBE:https://youtube.com/@impactoespananoticias
Odysee: https://odysee.com/@impactoespa%C3%B1anoticias:a
WhatsApp: 635967726
Resulta especialmente llamativo que esta situación se produjera en una entidad que opera bajo el paraguas de la Administración General del Estado y la Generalitat de Cataluña, dos instituciones que —en teoría— deberían ejercer una vigilancia conjunta sobre el uso de recursos públicos
Lo más llamativo de este contrato es que, en el acta de formalización, se tacharon de forma deliberada tanto el nombre como el DNI y la firma de Harald Aagesen, lo que genera serias preocupaciones sobre la transparencia del proceso
Los WhatsApps filtrados no son una anécdota. Son la prueba documental de una deriva autoritaria basada en el uso discrecional del poder para castigar al que no se pliega. Son la versión moderna de la vieja frase del absolutismo: “El Estado soy yo”
La revelación de la existencia de dos proyectos tecnológicos vinculados a dicha cátedra —de los que la propia universidad asegura no tener constancia administrativa ni técnica— ha puesto en jaque a la institución y ha desatado una investigación judicial con ramificaciones políticas y mediáticas
La implicación de Begoña Gómez, incluso si no existiera delito penal, plantea serios interrogantes éticos sobre la utilización de vínculos personales para condicionar decisiones políticas de enorme trascendencia económica
El juez que investiga a Begoña Gómez por presuntos delitos de corrupción ha confirmado su decisión de investigar el rescate de la aerolínea Air Europa al rechazar los recursos presentados tanto por la esposa del presidente del Gobierno, como por la Fiscalía
Los propietarios reconocen que la tierra está siendo lastrada por las políticas climáticas de Bruselas y temen que destrocen toda la agricultura de la zona
Los WhatsApps filtrados no son una anécdota. Son la prueba documental de una deriva autoritaria basada en el uso discrecional del poder para castigar al que no se pliega. Son la versión moderna de la vieja frase del absolutismo: “El Estado soy yo”
Uno de los focos más recientes de preocupación está relacionado con el uso excesivo de cadmio en los fertilizantes empleados en países exportadores como Perú o Marruecos
Aunque Espinosa evita emplear la etiqueta de “Estado fallido” de forma tajante, advierte que España transita por un camino peligroso hacia esa condición
La diferencia de asistencia entre ambos eventos no ha pasado desapercibida, especialmente después de que varios ministros socialistas se burlaran públicamente del alcance de la movilización en Colón. Óscar Puente, titular de Transportes, ironizó en redes sociales escribiendo «Cienes y cienes»
