No se trata de un error administrativo ni de una simple mala praxis; estamos ante una desviación sistemática de recursos que estaban destinados a mejorar la cualificación de trabajadores
Corrupción16 de mayo de 2025
Impacto España Noticias
En un momento en que la desafección ciudadana hacia las instituciones sigue en aumento, casos como el de Fundescan solo contribuyen a hundir aún más la credibilidad de los organismos que, en teoría, deben proteger los derechos de los trabajadores. UGT Canarias, uno de los sindicatos de clase más importantes del Archipiélago, ha cerrado discretamente uno de los capítulos más bochornosos de su historia reciente: el escándalo de la gestión fraudulenta de fondos públicos destinados a la formación.
Responsabilidad civil asumida, responsabilidad moral ignorada
UGT ha reconocido su responsabilidad civil, lo que equivale a un reconocimiento implícito de irregularidades en la administración de los fondos públicos canalizados a través de Fundescan. La suma pactada en los acuerdos extrajudiciales –662.634 euros– no es menor, y habla por sí sola del volumen del desfalco. No se trata de un error administrativo ni de una simple mala praxis; estamos ante una desviación sistemática de recursos que estaban destinados a mejorar la cualificación de trabajadores canarios.
La formación laboral, concebida como una herramienta de inclusión y progreso, fue convertida por Fundescan –una entidad bajo el paraguas de UGT– en una máquina opaca de facturación genérica. Según declaraciones en el juicio, las cuentas de Fundescan "desaparecieron" misteriosamente del ordenador del director de contabilidad en junio de 2009. ¿Una coincidencia? ¿Una negligencia informática? Más bien, un acto sospechoso en una cadena de opacidad donde las facturas genéricas sustituían a la transparencia y al rigor.
La impunidad del acuerdo extrajudicial
Lejos de una sentencia firme y pública que esclarezca todos los hechos, el sindicato ha optado por cerrar el caso con acuerdos extrajudiciales. Es una estrategia legalmente válida, pero éticamente reprobable. ¿Dónde está la asunción de responsabilidades políticas y morales? ¿Dónde el examen público de una estructura que permitió, facilitó o ignoró durante años esta gestión fraudulenta?
UGT ha preferido pagar para silenciar el escándalo, como quien borra una mancha con dinero. Pero la mancha moral permanece. Este acuerdo puede haber aliviado la carga judicial del sindicato, pero no restituye la confianza de los trabajadores ni de la ciudadanía en una organización que ha hecho de la lucha por los derechos laborales su bandera... mientras permitía que se jugaran con recursos vitales para el futuro de muchos desempleados.
Un congreso sindical entre aplausos y sombras
La resolución del caso ha coincidido con la celebración del congreso ordinario de UGT Canarias en Fuerteventura, donde Manuel Navarro ha sido reelegido como secretario general para un nuevo mandato de cuatro años. La continuidad de Navarro es una señal clara de que, puertas adentro, el sindicato no se siente interpelado por el escándalo. Ni una sola mención crítica, ni una autocrítica pública, ni un compromiso claro de reforma interna han acompañado su reelección.
¿Es esta la regeneración que necesita el sindicalismo en Canarias? ¿O simplemente estamos ante la institucionalización del cinismo?
La formación como negocio: una práctica sistémica
El caso Fundescan no es un hecho aislado. Durante años, los planes de formación para desempleados y trabajadores han sido una fuente de financiación paralela para sindicatos, patronales y empresas interpuestas. La falta de control, el desinterés político y la complicidad burocrática han permitido que se conviertan en una red clientelar de facturas hinchadas, cursos fantasma y beneficiarios inexistentes.
En Canarias, donde las tasas de desempleo son históricamente de las más altas de España, esta estafa tiene un carácter particularmente inmoral. Robar a quienes necesitan herramientas para salir del paro no es solo corrupción: es una forma de violencia institucional.
¿Y ahora qué?
Con el caso cerrado extrajudicialmente y sin condenas ejemplarizantes, el mensaje que se lanza es claro: se puede saquear fondos públicos sin mayores consecuencias si se está bien conectado, si se sabe negociar y si se tiene la capacidad de maquillar los hechos a tiempo.
UGT Canarias podrá decir que ha saldado su deuda económica. Pero su deuda ética y política con la sociedad canaria está lejos de estar saldada. Mientras no se asuman responsabilidades reales, mientras no se depuren las estructuras que permitieron este desfalco y mientras no se haga una auditoría pública y transparente de todos los fondos de formación gestionados en los últimos 15 años, el sindicalismo seguirá arrastrando el descrédito que él mismo ha cultivado.
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