Una maniobra que no puede entenderse sin mirar de frente al contexto: está procesado por prevaricación y tráfico de influencias en el caso de la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez
Nacional17 de mayo de 2025
Impacto España Noticias
Cuando la política se convierte en un escudo para eludir responsabilidades judiciales, la democracia se degrada. Lo ocurrido con Miguel Ángel Gallardo, secretario general del PSOE en Extremadura y presidente de la Diputación de Badajoz, es un ejemplo claro de cómo el poder se utiliza no para servir, sino para protegerse.
Gallardo ha anunciado su incorporación inmediata como diputado en la Asamblea de Extremadura, una maniobra que no puede entenderse sin mirar de frente al contexto: está procesado por prevaricación y tráfico de influencias en el caso de la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Un paso calculado, dos días después del favor fiscal
La decisión de Gallardo llega apenas 48 horas después de que la Fiscalía pidiera el archivo de la causa que le afecta. Esta solicitud —que llama la atención por su celeridad y oportunidad— parece haber sido la señal para ejecutar el siguiente movimiento: adquirir aforamiento al convertirse en diputado autonómico. No se trata de un gesto simbólico ni de un simple refuerzo político frente al gobierno autonómico del PP, como él intenta vender. Se trata, lisa y llanamente, de un blindaje judicial.
El aforamiento implica que Gallardo ya no podrá ser juzgado por un juzgado ordinario. Cualquier procedimiento penal pasará a manos del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx). No es casual. Este tipo de maniobras son tristemente habituales entre políticos imputados que buscan entornos judiciales más controlados o, al menos, menos imprevisibles.
¿Por qué está procesado Gallardo?
El núcleo del escándalo es la contratación de David Sánchez como director de Relaciones Institucionales de la Diputación de Badajoz. Un cargo de confianza creado ad hoc, con un sueldo público elevado, y escasa justificación técnica. Las acusaciones populares (particulares o colectivos que ejercen la acusación en nombre del interés general) sostienen que esa contratación fue un caso evidente de enchufismo, orquestado desde las esferas del poder socialista extremeño y con la complicidad —o el impulso— de Gallardo.
Pese a que la Fiscalía ahora pide archivar el caso, hay un juez que ha considerado que hay base suficiente para procesarlo. Esa sola circunstancia exige explicaciones políticas y una rendición de cuentas clara. Pero Gallardo, lejos de apartarse o dar explicaciones, se sube al escaño para atrincherarse.
El aforamiento: privilegio medieval en democracia moderna
El aforamiento es una figura anacrónica que debería haberse abolido hace tiempo. En lugar de reforzar la igualdad ante la ley, la distorsiona. Se diseñó para proteger la independencia de los cargos públicos ante denuncias espurias, pero ha acabado convirtiéndose en una herramienta para evitar el banquillo.
La reacción de Gallardo demuestra por qué tantos ciudadanos desconfían de sus instituciones. Si de verdad creyera en su inocencia, debería haber defendido su actuación desde fuera del Parlamento, sin escudarse en ningún tipo de privilegio. Pero no: ha preferido asegurarse un trato judicial diferenciado.
¿Quién protege a quién?
El hecho de que el fiscal haya solicitado el archivo justo antes del movimiento político de Gallardo no es menor. En un país donde el Ministerio Fiscal depende orgánicamente del Gobierno, esta coincidencia no genera confianza, sino sospecha. ¿Hubo presión? ¿Coordinación? ¿Mensaje político implícito? Las preguntas están en el aire, pero lo que ya no puede disimularse es la utilización política de las instituciones.
Una jugada que deslegitima al PSOE extremeño
El PSOE de Extremadura, que busca recomponerse tras perder el poder regional, queda ahora marcado por este escándalo. Gallardo ha impuesto una agenda personal al partido, subordinándolo a su estrategia de defensa. Ha preferido arrastrar las siglas a una crisis ética antes que apartarse temporalmente. Su decisión compromete la credibilidad del PSOE frente a una ciudadanía que empieza a no distinguir entre unos y otros.
Ni siquiera dentro del partido han podido disimular el malestar. Voces críticas internas temen que el caso no esté cerrado, que el TSJEx no archive la causa, y que el PSOE se vea obligado a sostener un liderazgo judicializado, con un pasado judicial que ningún argumentario podrá maquillar.
Una bomba política de relojería
Si el caso sigue adelante en sede judicial, el PSOE extremeño no solo tendrá un líder procesado: tendrá un diputado autonómico aforado y judicializado. Si se archiva, quedará la sensación de que se forzó el sistema para librarse de una causa penal. En ambos escenarios, pierde la democracia y pierde también la confianza ciudadana.
Esta no es una historia de un político que da la cara. Es la historia de un político que se esconde detrás del acta de diputado para evitar responder ante la justicia como cualquier otro ciudadano. En lugar de dimitir, se afora. En lugar de explicar, maniobra. En lugar de afrontar, se protege.
Cuando el escaño se convierte en trinchera
Lo que ha hecho Miguel Ángel Gallardo no es un gesto de responsabilidad política. Es un ejemplo de cómo algunos cargos públicos entienden la democracia: no como un espacio de rendición de cuentas, sino como un lugar donde escalar para evitar las consecuencias de sus actos. A este paso, el Parlamento autonómico no será una cámara de representación democrática, sino un refugio de procesados.
El caso Gallardo debe ser una advertencia. La regeneración democrática no llegará mientras el poder se use como un escudo personal. Y mientras eso ocurra, la política seguirá alejándose del ciudadano, y la justicia, de su sentido más elemental: ser igual para todos.
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