La UCO consideró a la ex presidenta de Adif una pieza clave en el enchufe de la pareja de Ábalos en dos empresas públicas, Ineco y Tragsatec
Corrupción19 de mayo de 2025
Impacto España Noticias
La presunta implicación de Isabel Pardo de Vera, ex presidenta de Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias), en el caso de contrataciones irregulares relacionadas con el entorno personal del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha abierto un nuevo capítulo en la ya extensa crónica de escándalos de nepotismo, clientelismo y presunta corrupción que sacuden al Estado español.
La Fiscalía Anticorrupción respalda su imputación por haber facilitado —presuntamente a sabiendas— el “enchufe” de Jéssica Rodríguez, pareja sentimental de Ábalos, en dos empresas públicas: Ineco y Tragsatec.
Los indicios que maneja el Tribunal Supremo apuntan a la existencia de un entramado en el que las relaciones personales y políticas pesaron más que los principios básicos de mérito, capacidad y legalidad en el acceso al empleo público. El resultado: una erosión aún más profunda en la confianza ciudadana hacia las instituciones, ya golpeadas por décadas de escándalos de esta índole.
Los hechos: Contrataciones irregulares, presiones políticas y favores personales
El origen del escándalo se remonta a la actuación del exasesor ministerial Koldo García, personaje clave en el llamado caso Koldo. En diversas comunicaciones interceptadas por la Guardia Civil, García presionó directamente a Pardo de Vera para que procediera a contratar a Jéssica Rodríguez. En una de las frases más reveladoras, el asesor llegó a decir: “Si no, José [Ábalos] me corta los huevos”, en clara alusión a la urgencia y presión transmitida por el propio exministro.
Isabel Pardo de Vera, lejos de resistirse, habría colaborado activamente con estas demandas, hasta lograr que Rodríguez fuese contratada por Ineco, empresa pública adscrita al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y más tarde en Tragsatec, filial del Grupo Tragsa. Según el juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, existen “indicios bastantes” de criminalidad en estas decisiones, apuntando a un uso indebido del poder para favorecer a una persona sin los requisitos debidos.
Contradicciones y encubrimiento: La defensa sin argumentos
Uno de los puntos más oscuros del caso radica en las contradicciones entre los testimonios de Jéssica Rodríguez y la documentación aportada por Ineco. Mientras Rodríguez ha declarado ante el juez que no ejerció tareas reales durante su contrato —lo cual, de ser cierto, implicaría un fraude a los recursos públicos—, la empresa ha enviado informes y registros de control horario que supuestamente acreditan su actividad laboral.
Aquí surgen varias posibilidades inquietantes:
Que Rodríguez mienta para minimizar su implicación y desligarse del esquema.
Que Ineco haya fabricado o forzado documentación ex post para proteger su reputación.
Que la verdad esté en una zona gris en la que Rodríguez tenía presencia nominal, pero nula o irrelevante carga de trabajo.
En cualquier caso, lo que aflora es un patrón ya conocido en muchos escándalos de corrupción: la opacidad deliberada, el blindaje institucional y el uso del aparato del Estado para proteger a los propios.
El papel de Isabel Pardo de Vera: ¿cómplice político?
Isabel Pardo de Vera ha sido considerada durante años como una figura técnica, una ingeniera con vocación pública y una trayectoria marcada por su conocimiento del sistema ferroviario español. Sin embargo, este caso la pone en el centro de una trama donde el mérito se diluye ante la obediencia política.
Su disposición a actuar bajo presiones partidistas convierte su figura en símbolo de una problemática más profunda: la politización del aparato administrativo y la sumisión de las instituciones a las agendas personales de los ministros de turno.
Más aún, su caso obliga a revisar con mirada crítica la tendencia en el funcionariado superior y los altos cargos de dejarse arrastrar por favores, lealtades personales o “órdenes informales” que están fuera de toda legalidad. ¿Es posible que un perfil técnico, con conocimientos y formación, haya decidido ceder ante tales presiones? ¿O es que el sistema ya está tan corrompido que incluso los mejores tecnócratas se pliegan para sobrevivir o medrar?
Consecuencias políticas y judiciales: ¿Habrá justicia o será otro escándalo olvidado?
El proceso judicial está aún en fase instructora, pero el traslado del caso a la Audiencia Nacional y la solicitud formal de imputación son indicios de que la justicia al menos está avanzando. Sin embargo, la experiencia española no invita al optimismo: demasiados escándalos se han resuelto con condenas menores, archivos estratégicos o indultos vergonzosos.
Políticamente, el Partido Popular ya ha solicitado la retirada de la Medalla de la Ciudad de Vigo a Pardo de Vera, galardón otorgado en 2022. Es un gesto que tiene más de cálculo político que de reparación institucional, pero no deja de ser simbólicamente importante.
La gran pregunta, sin embargo, sigue en el aire: ¿Se depurarán responsabilidades reales o este caso se sumará a la larga lista de episodios de corrupción sin consecuencias de calado?
Un síntoma más del deterioro institucional
Lo ocurrido con Isabel Pardo de Vera no es un caso aislado. Es la expresión concreta de un problema estructural: la confusión entre lo público y lo partidista, la captura del Estado por redes clientelares, y la banalización de la corrupción bajo la excusa de que “todos lo hacen”.
Que se utilicen empresas públicas como si fueran agencias de colocación para parejas, amigos o aliados políticos es una traición al principio republicano de igualdad ante la ley y al sentido ético del servicio público.
La ciudadanía tiene motivos de sobra para estar harta. No se trata de un caso más, sino de una prueba más de que el sistema necesita reformas urgentes, no solo legales, sino también culturales. Hasta que el poder no entienda que el cargo no lo autoriza a todo, seguiremos atrapados en este círculo vicioso de escándalos, desconfianza y decadencia institucional.
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