La restricción afecta a la zona de Costa Teguise, precisamente donde se encuentra la residencia oficial de La Mareta, utilizada en verano por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez
Nacional21 de agosto de 2025
Impacto España Noticias
El pasado 4 de agosto la Capitanía Marítima de Las Palmas emitió el radioaviso NR-1792/2025, en el que se decreta la “exclusión temporal a la navegación marítima en la Isla de Lanzarote hasta el 31 de agosto de 2025”. La restricción afecta a la zona de Costa Teguise, precisamente donde se encuentra la residencia oficial de La Mareta, utilizada en verano por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
A primera vista, podría tratarse de un procedimiento rutinario para reforzar la seguridad de una autoridad en periodo vacacional. Sin embargo, la medida plantea serias dudas sobre la proporcionalidad, la transparencia y la concepción del poder en un gobierno que, paradójicamente, se autodefine como “progresista” y cercano a la ciudadanía.
Una isla convertida en perímetro de seguridad presidencial
La restricción abarca un espacio marítimo relevante para la actividad náutica de la isla. Lanzarote, motor turístico del archipiélago canario, depende en gran parte del disfrute libre de sus costas. Bloquear un área entera de navegación durante semanas —en pleno agosto, mes clave para la economía turística— impacta directamente en empresas de ocio, pescadores locales y navegantes recreativos.
¿El motivo oficial? “Seguridad en el espacio marítimo”.
¿La interpretación evidente? Nada debe perturbar el descanso del presidente del Gobierno.
La ironía es clara: mientras miles de ciudadanos soportan retrasos en aeropuertos, saturación de servicios públicos o precios disparados en la vivienda y la cesta de la compra, la maquinaria estatal se moviliza para garantizar la tranquilidad absoluta del presidente en su retiro estival.
Seguridad o privilegio
Nadie discute que un jefe del Ejecutivo requiera medidas de protección. Pero sí resulta cuestionable hasta qué punto debe limitarse un derecho colectivo —la libre navegación en aguas de uso común— en beneficio exclusivo de un interés privado: las vacaciones de un líder político.
El Gobierno ha optado por la vía más restrictiva: prohibir de forma tajante la navegación en la zona durante todo el mes. No se han comunicado medidas alternativas, como controles reforzados, dispositivos navales discretos o autorizaciones puntuales. La decisión parece dictada bajo un principio absoluto: el descanso de Sánchez está por encima del derecho de los ciudadanos al mar.
Un patrón repetido de opacidad
Este episodio se suma a una larga lista de decisiones presidenciales envueltas en opacidad. Los viajes oficiales —y especialmente los privados— de Sánchez han sido objeto de polémica por el uso recurrente del Falcon y helicópteros oficiales para desplazamientos de carácter personal o partidista.
El blindaje de La Mareta encaja en esta misma lógica: recursos públicos ilimitados, escaso escrutinio y sacrificio del interés general en favor del interés particular.
Mientras tanto, el Ejecutivo presume de una agenda “verde” y de un compromiso con la sostenibilidad, pero no duda en cerrar un tramo de mar entero durante semanas para garantizar vacaciones tranquilas al presidente.
El silencio como estrategia
Lo más revelador es la ausencia total de explicaciones. El radioaviso oficial no menciona la residencia presidencial ni la presencia del jefe del Gobierno. Únicamente se alude a razones genéricas de “seguridad”. Una fórmula que, lejos de aclarar, oculta la realidad y erosiona la confianza ciudadana.
En un sistema democrático, la transparencia debería ser la norma, no la excepción. Pero el Gobierno de Sánchez ha hecho del silencio calculado y la falta de rendición de cuentas un modo de gobernar.
Un síntoma de desconexión
La exclusión temporal de navegación en Lanzarote no es un hecho aislado. Es el reflejo de un estilo de poder que prioriza el confort del presidente sobre los derechos colectivos. Un estilo que consolida privilegios, restringe libertades y margina a los ciudadanos en nombre de una seguridad entendida como blindaje del líder.
Lanzarote, joya turística de Canarias, se convierte así en el escenario de una metáfora política: el mar cerrado para muchos, abierto sólo para uno.
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