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Abogados Cristianos acaba de interponer una querella contra Miguel Ángel Gómez Fernández, cuñado del presidente del Gobierno, por presunto delito de tráfico de influencias. En concreto, le acusan de haber utilizado sus lazos familiares como hermano de Begoña Gómez para obtener beneficios fiscales por más de 16 millones de euros para la productora audiovisual en la que trabajaba, Vancouver Media.
Según la querella, cuatro meses después de que Pedro Sánchez fuese investido presidente del Gobierno su cuñado "fue contratado por la productora Vancouver Media S.L. como director del departamento de Postproducción, cargo de alta dirección con responsabilidad en la gestión técnica y presupuestaria de sus contenidos audiovisuales". Un puesto en el que se encargaba de la edición, conformado, color, sonido, música y control del presupuesto en los trabajos audiovisuales de la compañía.
Tras la incorporación del cuñado del presidente a Vancouver Media, siempre según la querella, esta productora pasó a beneficiarse de deducciones fiscales por valor de 16,3 millones de euros concedidas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, entre los años 2018 y 2021. Las deducciones se justifican bajo el concepto de “producciones cinematográficas extranjeras”, pese a que Vancouver Media es una sociedad de producción nacional.
Asimismo, los denunciantes también exponen que en 2019 "el Ministerio de Hacienda otorgó 4,3 millones de euros a Vancouver Media para que se pudiera ahorrar el pago del Impuesto de Sociedades" y que en 2021, la AEAT les "inyectó" una prestación por valor de 12 millones de euros. "Como Vancouver Media sólo se dedujo 1,8 millones, correspondientes al pago del Impuesto de Sociedades, pidió a Hacienda que le ingresara los 10,2 millones restantes".
Un posible delito de tráfico de influencias
Y es que, a Abogados Cristianos les sorprende que "casualmente", los dos años en que la productora en la que el cuñado de Sánchez tiene un cargo directivo los socios de la empresa repartieron dividendos. Es decir, extrajeron las ganancias empresariales coincidiendo con la concesión de ayudas públicas.
En 2019 se repartieron 5.365.141 millones de euros y en 2021 la cifra fue de 2.610.923 millones, detallan en el escrito dirigido al juzgado. También concretan que la productora pudo grabar gratuitamente en instalaciones públicas mientras que antes de la contratación del cuñado habían abonado 42.350 euros por el uso de espacios ministeriales.
De modo que consideran que ha podido incurrir en un presunto delito de tráfico de influencias porque el Código Penal castiga al "particular que influyere en un funcionario público o autoridad prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con éste o con otro funcionario público o autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero".
En este caso, entienden que Miguel Ángel Gómez es un particular que tiene una relación personal de primer grado por afinidad con la máxima autoridad del poder ejecutivo que puede generar una situación de influencia. Asimismo, han solicitado que se investigue la grabación del documental que se hizo a Pedro Sánchez al no haberse hecho público el contrato.
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