Impacto España Noticias
El think tank MCC Brussels ha elaborado un informe en el que revela la persecución de Bruselas y sus élites contra los disidentes. Hasta 649 millones de dólares habría destinado Ursula von der Leyen para acallar las voces críticas en redes sociales bajo el pretexto de combatir el «discurso del odio» y la «desinformación».
Así lo denuncia el documento titulado Manufacturing Misinformation, publicado en mayo de 2025, que acusa a la Comisión Europea de financiar una «guerra propagandística» para controlar el lenguaje y el debate público en Europa.
Según el informe, los fondos europeos se han canalizado a través de 349 proyectos gestionados por ONG, universidades y centros de investigación que, bajo la apariencia de promover la seguridad digital y la democracia deliberativa, estarían construyendo una infraestructura ideológica destinada a censurar contenidos contrarios a la narrativa oficial. El think tank sostiene que se trata de una «guerra silenciosa» contra la libertad de expresión, disfrazada de tecnocracia y buenas intenciones.
Entre los programas mencionados figuran iniciativas como VIGILANT, VERA.AI, ORBIS o FAST LISA, cuyos nombres —según MCC Brussels— ocultan su verdadero propósito: identificar y neutralizar discursos populistas, euroescépticos o simplemente contrarios a las políticas comunitarias. Estas plataformas emplean inteligencia artificial para rastrear, clasificar y eventualmente silenciar contenidos etiquetados como «nocivos», sin necesidad de intervención judicial ni debate público.
El informe también critica el uso de un lenguaje deliberadamente ambiguo y eufemístico por parte de las instituciones europeas, que recurre a términos como «co-creación», «democracia participativa» o «resiliencia» para justificar lo que considera una operación de vigilancia ideológica. MCC Brussels alerta de que estas estrategias no buscan abrir el debate, sino cerrarlo, limitando lo que puede decirse, quién puede decirlo y cómo debe expresarse.
De especial preocupación para el think tank es el enfoque en los jóvenes, a quienes se estaría formando como «agentes narrativos» dentro de programas de «empoderamiento» que, en realidad, serían mecanismos de adoctrinamiento digital. Se trataría, según el informe, de convertir a los ciudadanos en sensores sociales al servicio del discurso institucional.
Además, se subraya que el presupuesto destinado a estos programas de control del discurso supera incluso el de proyectos de investigación contra el cáncer, lo que MCC Brussels interpreta como una señal del nivel de prioridad que otorga la Comisión a la regulación del pensamiento frente a las verdaderas necesidades sociales y sanitarias.
Finalmente, el informe llama a una «vigilancia democrática» frente a esta tendencia, advirtiendo que cuando el lenguaje es manipulado para servir a una ideología institucional, la disidencia no necesita ser suprimida por la fuerza: basta con redefinirla como «desinformación» o «odio» para silenciarla con herramientas automatizadas y amparadas en el discurso del bien común.
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